El fiscal general Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva para el expresidente Evo Morales, en la imputación que se presentó por el delito de trata de personas agravada
Brújula Digital|16|12|24|
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó la noche de este lunes que el Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva para el expresidente Evo Morales, en la imputación que se presentó en contra del exmadantario por el delito de trata de personas agravada.
“Vamos a esperar la audiencia de medidas cautelares que el juez señale. Se está solicitando la medida cautelar, la medida excepcional de detención preventiva de seis meses en una cárcel pública”, declaró Mariaca en una rueda de prensa.
La tarde de este lunes, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que el Ministerio Público imputó formalmente a Morales por el delito de trata de personas agravada, por haber tenido una hija con una menor de edad en 2016, por lo que espera que un juez, en una audiencia cautelar, defina la situación del expresidente.
Gutiérrez informó que junto a Morales fue imputada la Idelza Pozo, madre de la víctima, también por el mismo delito, luego de que ambos no pudieron ser aprehendidos, pese a existir una orden para ese cometido, desde principios de octubre, debido a que no se les halló en los domicilios legales que declararon.
Gutiérrez informó que, a raíz de esta situación, también se activó una alerta migratoria en contra del expresidente y de Pozo, por considerar que existe riesgo de fuga y obstaculización a la investigación por parte de ambos.
La Fiscal Departamental de Tarija resaltó que la orden de aprehensión en contra de los dos investigados está vigente desde el 2 de octubre de este año, fecha en la que la víctima del caso y la hija que tuvo con el expresidente desaparecieron.
La autoridad fiscal aseguró que tiene una serie de documentos relacionados con informes de personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), de la Policía Boliviana, que dan cuenta de la imposibilidad de ubicar y aprehender a Morales y Pozo.
Tanto Morales como Pozo, según explicó Gutiérrez, presentaron ante la Fiscalía sus respectivos domicilios legales, pero en ambos los dos fueron ubicados y no los habitaban.
Esta medida fue calificada como una acción “política” por el senador evista Leonardo Loza, quien aseguró que Morales no fue notificado para que declare ante la Fiscalía.
BD/JJC