Fiscalía imputa a Evo por trata de personas agravada y activa alerta migratoria en su contra

Brújula Digital|16|12|24|

(Nota ampliada)

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que este lunes el Ministerio Público imputó formalmente al expresidente Evo Morales por el delito de trata de personas agravada, por haber tenido una hija con una menor de edad en 2016, por lo que espera que un juez, en una audiencia cautelar, defina la situación del expresidente.

Gutiérrez informó que junto a Morales fue imputada la Idelza Pozo, madre de la víctima, también por el mismo delito, luego de que ambos no pudieron ser aprehendidos, pese a existir una orden para ese cometido, desde principios de octubre, debido a que no se les halló en los domicilios legales que declararon.

Gutiérrez informó que, a raíz de esta situación, también se activó una alerta migratoria en contra del expresidente y de Pozo, por considerar que existe riesgo de fuga y obstaculización a la investigación por parte de ambos.

La representante del Ministerio Público señaló que ahora se espera que el juez que atiende el caso fije el día y la hora para la audiencia de medidas cautelares en contra de Morales y Pozo.

Resaltó que la orden de aprehensión en contra de los dos investigados está vigente desde el 2 de octubre de este año, fecha en la que la víctima del caso y la hija que tuvo con el expresidente desaparecieron.

La autoridad fiscal aseguró que tiene una serie de documentos relacionados con informes de personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), de la Policía Boliviana, que dan cuenta de la imposibilidad de ubicar y aprehender a Morales y Pozo.

Tanto Morales como Pozo, según explicó Gutiérrez, presentaron ante la Fiscalía sus respectivos domicilios legales, pero en ambos los dos fueron ubicados y no los habitaban.

Por ese motivo, según los informes de Inteligencia, la aprehensión del expresidente presentaba “riesgos técnicos y operativos significativos” para el personal que tenía la misión de ejecutarla, debido a que Morales tenía resguardo de sus afines en los municipios de Villa Tunari y Lauca Ñ, pues se había hecho un seguimiento a la exautoridad.

Como los dos no fueron hallados hasta el 1 de diciembre, explicó Gutiérrez, se emitió el edicto respectivo de convocatoria a ambos. No obstante, este documento no tuvo efecto, pues Morales y Pozo no se presentaron.

A raíz de esa situación, se determinó emitir la imputación respectiva para que el juez que atiende el caso defina la situación jurídica de los dos investigados.

Respecto al delito por el que se los acusa, acotó la Fiscal Departamental de Tarija, el delito de trata de personas castiga con 10 a 15 años de cárcel a los autores. Indicó que la agravante es considerada de la siguiente forma: para Morales porque era presidente del país, o sea funcionario público, y contra Pozo porque se prestó a ese delito.

BD/JJC