“Muchas autoridades están detrás de los magistrados haciendo lo que no pueden decir públicamente. Y por eso esa declaración tímida de ayer de respaldo y no de acciones, que es lo que se requiere hoy”, diceel analista Vladimir Peña
Conferencia de prensa tras reunión del TSE con poderes del Estado y organizaciones políticas. Foto: APG
Brújula Digital|12|11|24|
Analistas políticos destacan el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con representantes de los dos poderes del Estado y organizaciones políticas para garantizar las elecciones judiciales, aunque señalan que la aprobación de una ley que blinde el proceso sería una medida más efectiva.
“La acción del Tribunal Supremo Electoral ha sido muy positiva ayer, pero la declaración creo que es insuficiente para la gravedad del fallo. (…) Me parece inaudito que el Órgano Legislativo no se haya comprometido a aprobar una ley”, indicó el analista político Vladimir Peña.
Ayer se suscribió la “Segunda Declaración por la Democracia”, que reafirma el compromiso de llevar a cabo las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre, en rechazo a la sentencia 070/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la cual había suspendido parcialmente el proceso en cinco departamentos.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que esta decisión tiene respaldo pleno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y líderes políticos.
“Lo que pasa y lo que hay detrás, es que muchas autoridades están detrás de los magistrados haciendo lo que no pueden decir públicamente. Y por eso esa declaración tímida de ayer de respaldo y no de acciones, que es lo que se requiere hoy para preservar la democracia en el país”, añadió Peña.
El analista señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional y el presidente del Estado, Luis Arce, deberían asumir su rol constitucional de hacer respetar la Constitución Política del Estado y que tras una ley que garantice las judiciales se debería cesar de sus funciones a los magistrados autoprorrogados.
“Lo mínimo que corresponde, complementariamente, es cesar de una vez por todas a estos autoprorrogados y procesar por la vía que corresponde, garantizando el debido proceso, el juicio de responsabilidades a estos dos magistrados del Tribunal Constitucional que han atentado de forma, insisto, obscena. Si hay que graficarlo, esta sentencia es como un atraco a plena luz del día”, sostuvo.
Además indicó que los siete puntos que se acordaron ayer, entre ellos la posible modificación de la Ley 044, de juicio de responsabilidades, para incluir a los vocales del TSE dentro de sus disposiciones se concreten “en el tiempo oportuno”.
Por otro lado, el analista Paul Coca calificó el acuerdo como “interesante”, pero indicó que se debería realizar con una ley que emane del Órgano Legislativo “para refrendar dicho acuerdo”.
Además señaló que es necesario una ley para evitar que los magistrados sigan prorrogándose en el mandato.
“Se debió cesarlos desde el principio, ya que la CPE es clara cuando señala que deben estar en los cargos seis años, y sin posibilidad de reelección o de autoprorróga”, afirmó.
Coca recordó que este proceso electoral se rige por el principio de preclusión, el cual establece que las etapas electorales completadas no pueden revisarse ni retrotraerse. Además, señaló el principio de continuidad, que obliga a los órganos del Estado a completar cada acto hasta su conclusión.
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes emitieron la sentencia que suspende las elecciones judiciales en cinco departamentos, debían cesar en sus funciones el 31 de diciembre de 2021, conforme a la Constitución. Sin embargo, debido al retraso en la realización de estas elecciones, decidieron continuar en sus cargos.
BD/AGT
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