La casa donde Evo Morales vivió en Buenos Aires. Foto: Nicolás Stulberg
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La Fundación Apolo, encabezada por el legislador liberal Yamil Santoro, presentó una denuncia penal en contra del expresidente Evo Morales; le acusó de cometer delitos relacionados con la trata de personas para explotación sexual y el abuso de menores, supuestamente cometidos durante su asilo en Argentina entre 2019 y 2020.
La denuncia publicada este viernes por el periódico Clarín incluye testimonios y pruebas documentadas de que Morales habría convivido con menores de edad en condiciones de vulnerabilidad. Según el relato de Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana cercana a Morales, durante sus visitas a la residencia del exmandatario en Argentina, observó que niñas y adolescentes cumplían roles que describió como "serviles".
Ponce también denunció que Morales recibía “niñas como obsequios” de personas que buscaban obtener favores políticos, una práctica que, según ella, era "ampliamente conocida en los círculos cercanos al expresidente".
La denuncia, presentada por el presidente de la Fundación Apolo Yamil Santoro, el jefe de asuntos legales José Magioncalda, y el abogado Ignacio Falcón, argumenta que Morales podría haber incurrido en los delitos tipificados en el Código Penal Argentino. La causa quedó asignada a la jueza federal María Servini bajo el expediente número CFP 4621/2024.
Morales, quien recibió asilo del gobierno argentino liderado en ese entonces por Alberto Fernández, fue beneficiado con múltiples privilegios, incluyendo el uso del avión presidencial y el financiamiento de su estadía. Sin embargo, el nuevo gobierno argentino, presidido por Javier Milei, revocó recientemente el estatus de asilado de Morales.
Además, la Fundación Apolo recordó denuncias anteriores contra Morales por hechos similares. En 2020, la prensa boliviana difundió información sobre una supuesta relación con Noemí Meneses Chávez, quien habría tenido solo 14 años cuando comenzó una relación con el expresidente.
Pese a intentos previos de la Fundación Apolo por acceder a los registros migratorios de posibles víctimas, la Dirección de Migraciones de Argentina negó dicha información, citando confidencialidad, lo cual derivó en un recurso ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, que también fue rechazado.
Santoro enfatizó que la denuncia se fundamenta en “las acusaciones difundidas en medios de comunicación y en declaraciones de personas cercanas a Morales” y señaló que espera que la justicia actúe con firmeza para investigar y esclarecer estos graves señalamientos.
BD/RED
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