La Procuraduría rebatirá las observaciones a la acusación en el caso Senkata

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La Procuraduría General del Estado (PGE) prepara acciones legales ante las observaciones hechas por el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto en el caso Senkata. Advierten que podrían presentar una apelación incidental o una acción constitucional.

“Es cierto que se tramitaron las excepciones, pero presentamos una complementación y enmienda, y estamos analizando ahora la posibilidad de presentar una apelación incidental o incluso una acción constitucional. No estamos de acuerdo con la última valoración del tribunal respecto a volver o complementar la acusación que presentó”, afirmó el Procurador César Siles.

El conflicto legal surgió durante la apertura del juicio oral por el caso Senkata, cuando el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto anuló la acusación presentada por la Fiscalía en contra de los 19 procesados, calificándola de “genérica” y “sin fundamento”. Siles aclaró que no se observó la acusación de la Procuraduría pero reconoció que estas observaciones cayeron sobre la acusación de la Fiscalía y de otras instituciones.

El Procurador también subrayó la importancia del caso, destacando que “Senkata es un caso para nosotros paradigmático, va a sentar precedentes, es histórico. Estamos hablando de la masacre, son 10 muertos en Senkata, 10 muertos en Sacaba. El pueblo pide justicia, esos juicios deben terminar porque la GIEI emitió varias recomendaciones que establecen ante todo justicia, y eso significa sentencia condenatoria”.

El tribunal otorgó un plazo de 10 días para corregir la acusación, según explicó el abogado Jorge Valda, defensor de uno de los acusados. “El Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto nos dio la razón, anuló las acusaciones del Ministerio Público, de los ministerios de Gobierno y Justicia, y de la Procuraduría General del Estado. Ordenó que se corrija el procedimiento y se dicte una nueva resolución de acusación, para lo que dio un plazo de 10 días”, declaró.

El juicio aborda los eventos de noviembre de 2019, cuando una intervención militar y policial durante una protesta en El Alto resultó en la muerte de una decena de personas. Entre los acusados se encuentran la expresidenta Jeanine Áñez y exministros como Arturo Murillo, Fernando López y Víctor Hugo Zamora, además de altos mandos militares y policiales.

Valda señaló que el tribunal fue contundente al señalar que la acusación de la Fiscalía fue insuficiente y carente de elementos específicos para identificar las acciones de los acusados. “El Ministerio Público no tuvo un trabajo serio ni responsable. Realizó una acusación genérica, por genocidio, sin identificar qué acciones concretas habrían realizado cada una de las personas procesadas”, expresó Valda.

Posteriormente, las partes demandantes también deberán ajustar sus acusaciones en función de las correcciones realizadas por la Fiscalía. Todo este proceso, según Valda, retrasaría las audiencias hasta el año 2024.

BD/LE