¿Gobernabilidad democrática? Entre enero y julio se registraron 44 vulneraciones en la Asamblea Legislativa

Brújula Digital|02|08|24|

Sumando Voces

Rodolfo Huallpa

En la Asamblea Legislativa Plurinacional se han registrado 44 episodios de vulneración de derechos y libertades fundamentales entre enero y julio de este año. De estos, 41 están relacionados con la institucionalidad democrática y tres con la libertad de prensa y se plasmaron en acciones directas de agresión entre asambleístas, omisiones en la transparencia de sus actos, apego a la norma, amenazas a periodistas y otros.

El dato corresponde al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, que agrupa estas vulneraciones en cinco eventos detonantes: las elecciones judiciales, la prórroga del mandato de magistrados, los conflictos partidarios, la corrupción y los actos contrarios al ejercicio de derechos.

Prórroga de magistrados

En esta categoría se agrupan cinco vulneraciones cometidas en contra de la institucionalidad democrática.

El 22 de febrero, la Cámara de Diputados se convirtió en un campo de pelea entre legisladores del ala arcista y opositores, los primeros exigiendo la aprobación de siete créditos enviados por el Órgano Ejecutivo y, los segundos, demandando la cesación de funciones de los magistrados que prorrogaron su mandato.

Varios legisladores como José Ormachea (CC), Gloria Callisaya (MAS) o Mayra Zalles (CC) terminaron agredidos por sus pares, estas dos últimas entre sí.

Las agresiones no sólo se dieron entre asambleístas, sino también entre simpatizantes y organizaciones sociales que, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, optaron por cerrar y obligar a los legisladores a aprobar los créditos y, también, se enfrentaron por las mismas demandas en alrededores de la Vicepresidencia.

La violencia en la Cámara de Diputados se volvió a repetir el 27 y 29 de febrero. El 27 se suscitó una jornada violenta en la Cámara de Diputados, luego de que un grupo de legisladoras de oposición acudió hasta la testera para impedir que se prosiga con la sesión, que preveía, primero, el tratamiento de los créditos internacionales y, al final, la cesación de la prórroga de los magistrados.

El 29 de febrero se repitió esta escena con agresiones físicas entre diputadas del ala arcista y opositoras.

Elecciones judiciales

Son un total de 23 vulneraciones cometidas por acción directa u omisión derivadas del proceso de preselección de candidatos para las altas cortes del país. 22 de los registros tienen que ver con atentados a la institucionalidad democrática y una con la libertad de prensa.

Las irregularidades más relevantes son aquellas relacionadas con el trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, por ejemplo, cuando la Comisión de Constitución, por “errores involuntarios”, publicó la lista de candidatos judiciales inhabilitados a tres postulantes que estaban habilitados (20/03/24).

El caso concreto que vulneró la libertad de prensa tiene como actora a la senadora Patricia Arce (MAS) que difamó al periodista John Arandia de recibir dinero del gobierno para mentir y lo calificó como un mentiroso, luego de que el comunicador publicara un video en el que se observa a la legisladora trazando letras, como una forma de ayuda a un candidato (23/07/24). Pese al pedido del periodista, la senadora no expuso prueba alguna de sus acusaciones.

Varias de las vulneraciones identificadas tienen como fuente a la Veeduría Ciudadana desarrollada por la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia, que identificó, en su informe final, vulneraciones a la transparencia y publicidad, que tienen que ver con la publicación de las hojas de vida de los postulantes a destiempo, fallas en la transmisión de las sesiones, falta de acceso a la información de impugnaciones, entre otros.

En materia de equidad e igualdad, la Veeduría identificó limitaciones y restricciones al ejercicio de derechos con los requisitos exigidos por la Comisión de Justicia Plural para las acreditaciones de las veedurías, discrecionalidad en la metodología para evaluar los requisitos de los postulantes, disparidad en la evaluación y tratamiento de cada carpeta de postulación, o la posibilidad de anular de pregunta a discreción de algunos legisladores en favor de algunos postulantes.

Respecto al apego a la norma, la veeduría observó que el cumplimiento riguroso de los plazos del proceso, que en más de una ocasión fue alterado y no acatado.

La falta de organización, metodología y criterios de clasificación claros en las comisiones “puso en riesgo la rigurosidad para cumplir con el cronograma previsto”, se lee en el informe final de la Veeduría.

Sobre la garantía de idoneidad, en diferentes etapas del proceso los veedores identificaron que no todos los miembros de las comisiones revisaron, por ejemplo, las impugnaciones o recursos de revisión ni la documentación de los postulantes. En la etapa de preguntas y respuestas orales, se reportó que la redacción de muchas preguntas era “ambigua” o con posibilidad de respuestas abiertas.

La Veeduría Ciudadana a este proceso de preselección estuvo integrada por UNITAS, Fundación Jubileo, Alianza Observación Ciudadana de la Democracia – OCD Bolivia y la Ruta de la Democracia.

Conflictos partidarios

Los conflictos partidarios al interior de la Asamblea Legislativa también han generado diez vulneraciones a la institucionalidad democrática en estos siete meses del año. Por ejemplo, con la no convocatoria a sesiones de la Cámara de Diputados este año y la alegación del presidente de esta instancia, Israel Huaytari, de que ello implica un gasto de 35.000 bolivianos (23/04/24).

Los conflictos entre las facciones evista y arcista del MAS trajeron consigo el desconocimiento y posterior batalla legal por la sesión de asamblea del 6 de junio, en la que, encabezado por Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y entonces presidente nato de la Asamblea Legislativa, convocó a una sesión en la que se sancionó, entre otros, una ley para la cesación de los magistrados autoprorrogados.

En esa sesión se identificaron actos contrarios al ejercicio de derechos como el corte de luz, las amenazas, el cierre de la asamblea, el bloqueo de puertas, el corte de ascensores y otros que impidieron el desarrollo de la sesión.

Pero los conflictos internos del MAS han provocado, también, otro tipo de acciones contrarias a los procedimientos normativos establecidos. Un ejemplo de ello fue la decisión del vicepresidente David Choquehuanca de dictaminar receso parlamentario por segunda vez a través de un comunicado, luego de no encontrar consenso entre las fuerzas políticas para designar a una comisión legislativa que trabaje durante el receso (20/6/24).

Por otro lado, ya son dos años en que la Cámara de Diputados no conforma su Comisión de Ética debido a las pugnas internas en el MAS y que ha conllevado a que varios casos y denuncias en contra de diputados no se traten en esta comisión.

El último episodio que atenta contra la institucionalidad democrática fueron las agresiones cometidas este 31 de julio, cuando el presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari, fue sacado a empujones y golpeado en una sesión camaral por la legisladora Gladys Chumacero (MAS), en medio de protestas de otros diputados por las denuncias de presunta corrupción cometidas por él y su entorno.

Actos contrarios al ejercicio de derechos y corrupción

Estas dos categorías suman seis vulneraciones. Se han denunciado actos de corrupción en el último tiempo en la Cámara de Diputados, una vincula a funcionarios cercanos al presidente Israel Huaytari, quien tuvo que destituir al Oficial Mayor, al jefe de Recursos Humanos y a otros funcionarios por presuntos actos de violación sexual y extorsión en esta entidad (23/7/24).

Estos casos han generado otra vulneración a la libertad de prensa. Ésta se registró el 24 de julio, cuando diferentes medios de comunicación y periodistas no pudieron acceder a una conferencia de prensa de Huaytari, quien, según denuncia de los afectados, sólo permitió el ingreso de algunos medios para hablar con él.

También se han registrado cuatro actos contrarios al ejercicio de derechos. Una cuando el presidente del Senado aseguró que la Ley 348 que garantiza una vida libre de violencia a las mujeres era una normativa que “ve a los hombres como enemigos” (17/4/24), o cuando el senador Félix Ajpi acusó a los medios de comunicación de proteger “el derecho humanos de los criminales”, al ser consultado sobre los cuestionamientos al anteproyecto de ley “lo ajeno no se toca” (17/5/24) o la participación en una sesión legislativa del senador  Gilmar Huarachi en presunto estado de ebriedad (24/7/24).

Análisis

El fortalecimiento de la democracia en América Latina depende intrínsecamente de la transparencia, probidad, responsabilidad y eficacia en el ejercicio del poder público.

De acuerdo con el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana “el fortalecimiento de la democracia requiere de transparencia, probidad, responsabilidad y eficacia en el ejercicio del poder público, respeto por los derechos sociales, libertad de prensa, así́ como del desarrollo económico y social”.

En la misma línea, los órganos del sistema interamericano han reiterado la estrecha relación que existe entre la democracia y la vigencia y respeto de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que “el grave deterioro del Estado de Derecho en un Estado parte no sólo repercute en los niveles de gobernabilidad democrática; por el contrario, la experiencia histórica en Latinoamérica ha demostrado que el deterioro institucional implica la afectación de derechos fundamentales y crea un caldo de cultivo para posteriores situaciones de violaciones a los derechos humanos[1].

En ese sentido, la CIDH ha destacado que, para lograr un desarrollo democrático participativo y estable es necesario contar, entre otras, con un poder legislativo independiente y eficaz. Por lo tanto, es fundamental para los países contar con un poder legislativo independiente y eficaz que pueda actuar como garante de la democracia. Solo de esta manera se puede asegurar un desarrollo democrático participativo y sostenible, que proteja los derechos humanos y fortalezca las estructuras institucionales para prevenir futuras violaciones y garantizar la gobernabilidad democrática.

BD/