Brújula Digital|18|07|24|
La Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación de Periodistas de Bolivia manifestaron su rechazo al plan del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de citar a los periodistas que cubrieron los eventos del 26 de junio en la plaza Murillo. Consideran que esta convocatoria representa una restricción a la libertad de expresión, de prensa y al derecho de la sociedad a recibir información.
El Ministerio de Gobierno ha convocado a un “desayuno trabajo” y “conferencia de prensa” en la que solicita la presencia de los periodistas que estuvieron presentes el día 26 de junio en la plaza Murillo. Esto ha generado preocupación entre los periodistas, ya que podrían convertirse en testigos obligados para respaldar la narrativa del Gobierno sobre la acción militar de ese día.
Un comunicado conjunto de ambas entidades señala que se teme que esta convocatoria implique la solicitud de revelar información confidencial obtenida durante la cobertura periodística. Los periodistas recuerdan que su trabajo es público y que todos los detalles de los eventos del 26 de junio están disponibles en diferentes medios de comunicación.
Además, dice el documento, “Recordamos que el trabajo de los periodistas es público, y respecto a este preciso evento, se refleja en cientos de videos, despachos de radio, transmisiones en vivo y publicaciones de medios impresos y portales digitales”.
Agrega que si el ministro desea conocer el trabajo realizado ese día, “solo tiene que recurrir a los sistemas de monitoreo y de seguimiento que tiene activados, para ver qué informaron los periodistas ese 26 de junio o cualquier otro día. Los periodistas no ocultan información, más bien la dan a conocer”.
La libertad de expresión y de prensa son fundamentales en una sociedad democrática, según establece la Corte IDH. Por lo tanto, los periodistas deben poder realizar su labor informativa en libertad y sin condicionamientos por parte de ningún poder fáctico o legal. Las coberturas predefinidas buscan influir en la opinión pública y no permiten que los periodistas ejerzan su rol vigilante de la gestión pública, agrega el pronunciamiento.
Ante esta situación, se exige que se respete el derecho de los medios de comunicación de elegir a qué periodista enviar a cubrir determinados hechos o ruedas de prensa, según su agenda propia y el interés general, sin ningún tipo de condicionamiento.
Se hace un llamado a los colegas periodistas a cumplir estrictamente el Código de Ética y los principios de autorregulación que rigen el trabajo de los periodistas.
BD