Legisladores califican como un “secuestro” la aprehensión del activista Hamdan

Brújula Digital|08|07|24|

Legisladores de Comunidad Ciudadana y del MAS del ala evista consideraron que la aprehensión del activista Fernando Hamdan, quien fue involucrado con el alzamiento militar del 26 de junio, fue “un secuestro”.

Hamdan, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) en Bolivia, fue aprehendido en la madrugada de este sábado en Santa Cruz y traído a La Paz.

La diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar aseguró que “prácticamente” Hamdan fue “secuestrado por el régimen de Luis Arce” y que este domingo la Policía impidió que ella y otros legisladores pudieran constatar el estado del aprehendido.

Su colega Miguel Roca realizó similar denuncia y aseguró que él, la Defensoría del Pueblo y legisladores fueron a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz para poder hablar con el activista, pero que no se les permitió.

“Fue básicamente secuestrado por agentes del Gobierno desde su domicilio en Santa Cruz en horas de la madrugada, traído, encapuchado aquí a La Paz sin saber por qué”.

El diputado del MAS del ala evista Ramiro Venegas tuvo un criterio similar y denunció irregularidades en la aprehensión de Hamdan.

“Yo lo veo como un secuestro, porque entran a las casas sin ninguna orden judicial, sin una orden de un fiscal, lo secuestran, lo hacen desaparecer, es un secuestro, y están violando el debido proceso, están violando sus garantías constitucionales a nivel internacional, no hay el estado de derecho”.

El miércoles 26 de junio, tropas y vehículos blindados tomaron la plaza Murillo en un alzamiento liderado por el entonces comandante del Ejército Juan José Zúñiga.

Hasta este sábado, el Ministerio Público admitió seis imputaciones formales que derivaron en medidas cautelares de carácter personal en contra de 24 personas.

La Fiscalía impulsa una investigación por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad del Presidente y otros dignatarios del Estado, destrucción o deterioro de bienes estatales y la riqueza nacional, uso indebido de bienes y servicios públicos.

BD/JA