En rechazo a pronunciamiento, Gobierno convoca al Embajador de Argentina en Bolivia

Brújula Digital|01|07|24|

En señal diplomática de repudio al pronunciamiento emitido ayer por la Presidencia de Argentina que calificó el alzamiento del miércoles pasado como una “falsa denuncia de golpe”, el Gobierno del presidente, Luis Arce, convocó este lunes al embajador de ese país en Bolivia, Marcelo Adrián Massoni, para expresarle su “enérgico rechazo”.

La posición del Gobierno boliviano fue dada a conocer por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en su calidad de canciller interina. Horas antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado, calificó al pronunciamiento argentino de “inamistoso” y “temerario”.

“Informamos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que se ha decidido, como Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, convocar al Embajador de la República Argentina en nuestro país, recientemente arribado, para expresar nuestro enérgico rechazo por las declaraciones vertidas por la oficina del presidente de la República Argentina, Javier Milei”, señaló Prada.

Además, el embajador de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia, fue convocado para que se haga presente en la sede de gobierno.

La tarde del miércoles 26 de junio, un contingente militar, junto a carros blindados, al mando del entonces comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, tomó la plaza Murillo.

El Gobierno denunció que se trataba de un golpe de Estado, pero al finalizar la tarde, luego de ser aprehendido, Zúñiga dijo que el presidente, Luis Arce, le había pedido sacar carros blindados a las calles, con la finalidad de ganar popularidad.

Hasta este lunes, más de una veintena de personas fueron aprehendidas por este hecho, la mayoría militares del servicio activo. Suman 18 los integrantes de las Fuerzas Armadas que ya fueron aprehendidos.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno argentino calificó el domingo como “falsa denuncia de golpe” a las versiones emitidas por su par boliviano. En el documento, ese Gobierno agrega que la democracia boliviana “está en peligro” y ratifica que en el país existen 200 presos políticos.

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