OPINIÓN|Un anzuelo para Noboa|María José Rodríguez|

Brújula Digital|12|06|24|

María José Rodríguez

Toda propuesta de hacer algo con la gasolina, lo que fuera, es entendido, de forma inmediata, como un atentado al bolsillo popular. No importa si la palabra “focalización” quiere decir que se le aumentará la gasolina al dueño de esa camioneta cuyo precio equivale al de una casa de cinco ambientes. No importa si los transportistas entienden cómo funciona esa palabra en la práctica y aún no han salido a protestar. No importa. Todo lo que apenas roce la palabra subsidio hace pensar en un automático alza de la canasta básica.

La palabra (fo-ca-li-za-ción) es tan complicada que casi invita a crear confusión. Si se escucha con cuidado, periodistas de radio y televisión titulan con la difícil palabra y ya en el despliegue de la nota dejan escapar cada 10 segundos la tan temida “eliminación” de subsidios. El inconsciente popular (tan mañoso como el de uno mismo) comienza a generar fantasmas. Rápidamente posiciona la idea que la administración Daniel Noboa va subir el precio a la gasolina. “¡Es el colmo, después de que subió los impuestos y los precios de los alimentos están por las nubes!”.

Y entonces se eriza la piel porque se vienen a la mente las imágenes del paro de 2019 y la violencia en las calles. ¿Cómo reaccionarán las fuerzas del orden hoy armadas y enfocadas a detener los ataques del crimen organizado y las bandas terroristas ante un brote de violencia en las protestas? ¿Cómo podrán evitar caer en la trampa de generar respuestas a las provocaciones que podrían darse por infiltrados? Aquellos seres, negados por todos, que durante las protestas de 2019 se movían con rapidez entre Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. Tenían capacidad de reacción, dinero y entrenamiento. Y aun así no fueron identificados.

Pero a pesar de las negaciones se cernió la sospecha de que algunas fuerzas políticas aprovechaban la protesta legítima para debilitar y provocar la caída de los gobiernos de “derecha” buscando juicios de responsabilidades y rechazo popular. Lo hacían provocando una respuesta de los aparatos militares o policiales y si en la “refriega” se daban muertes lamentables, esos gobiernos eran señalados como asesinos, dictadores, atropelladores de los derechos civiles y humanos. Si la justicia real no llegaba con cárcel, de seguro, el castigo en las urnas sería suficiente para eliminarlos del mapa político.

Hace poco, esa sospecha ha sido confirmada. Y no por un partido de “derecha” o fuerzas internacionales y por tanto sospechosas, sino por uno de los gobiernos, así mismos denominados como progresistas. Luis Arce, presidente boliviano, denunció un “golpe de Estado blando” ante, entre otras cosas, el llamado a movilizaciones sociales y bloqueo de caminos. Un agente de inteligencia de Gobierno explicó de qué se trataba.

En rueda de prensa y con muestras de armamento artesanal, exhibido como evidencias de un juicio, detalló con lujo de detalles como se operan esas armas que llevaban protestantes infiltrados escondidas en mástiles de banderas o apoyos de carteles. Esa revelación, que es más una develación, sólo fue posible dada la disputa entre el presidente boliviano, Luis Arce y su otrora compañero de partido, Evo Morales.

No hay que pensar mucho ni muy mal para entender que esta protesta programada, para dos días consecutivos, por el Frente Único genera el espacio perfecto para poner al Gobierno de Noboa en jaque o al menos bajarle varios de los buenos puntos que ha ganado en popularidad y en las la consulta.

Y si además atendemos a la negativa de los transportistas a sumarse a la protesta, es fácil al menos sospechar que la movilización tiene más fines electorales y políticos, que intenciones de proteger la economía popular.

La celada ha sido tendida. Habrá que ver si el Gobierno halla la manera de no morder el anzuelo.

María José Rodríguez B. es comunicadora social.