Un fallo del vocal Israel Campero impide incluir el tratamiento de los proyectos 073 y 075 en la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa. El dictamen es apoyado por arcistas, pero rechazado por evistas y opositores.
Brújula Digital|04|06|24|
Un fallo constitucional emitido por el cuestionado vocal Israel Campero volvió a enfrentar a los arcistas y evistas del MAS. Mientras los primeros dicen que el dictamen impide al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, convocar a sesión de la Asamblea Legislativa para tratar dos proyectos de ley antiprórroga del mandato de magistrados, los segundos rechazan esa postura.
La emisión del dictamen judicial se da cuando el viaje del presidente Luis Arce a Rusia da lugar a una secesión constitucional. En este caso, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, debe asumir la Presidencia en ejercicio y ser reemplazado en el Legislativo por el presidente del Senado, Rodríguez.
Ante esa sucesión, la facción evista y los opositores expresaron su esperanza de que Rodríguez pueda convocar a sesión para tratar los proyectos de ley 073 y 075 que rechazan la prórroga de mandato de los magistrados, quienes cumplieron su gestión de seis años el 31 de diciembre de 2023.
Ambos proyectos de ley fueron aprobados por el Senado en diciembre de 2023, pero no fueron considerados en la Cámara de Diputados, donde la facción arcista no reúne los votos necesarios para su rechazo. Tras haber pasado más de un mes sin tratamiento, evistas y opositores pidieron que ambos documentos sean tratados por el pleno de la Asamblea.
No obstante, Choquehuanca no citó a Asamblea por casi cinco meses. Según evistas y opositores, con esa acción busca impedir el tratamiento de estos dos proyectos de ley antiprórroga. Por su lado, el arcista Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, no dio curso, en diferentes sesiones, a modificar el orden del día e incluir en su agenda las propuestas normativas.
En medio de ese panorama, a mediados de mayo, los senadores evistas William Tórrez y Lucy Escóbar presentaron una acción de cumplimiento, para que una sala constitucional obligue a Choquehuanca a convocar a sesión para tratar los proyectos de ley antiprórroga. No obstante, ambos demandantes retiraron el recurso porque este fue sorteado y llegó a la sala presidida por el vocal Campero.
Pese a que ese recurso fue retirado, según el director jurídico del Senado, Israel Quino, Campero emitió un dictamen en un “supuesto” fallo constitucional.
El fallo, que fue difundido de manera extraoficial, ordena a Choquehuanca convocar a sesión de la Asamblea para tratar los proyectos de ley antiprórroga, “una vez sea subsanado el defecto formal de procedimiento legislativo ante la Cámara revisora, en atención a lo dispuesto en el artículo 163.6 de la Constitución Política del Estado”.
Esto significa que mientras no se “subsane” el defecto en la Cámara de Diputados, la Asamblea no podía ser convocada para tratar ambos proyectos de ley.
Quino indicó que el fallo judicial no tiene efecto alguno porque la acción de cumplimiento fue retirada por los demandantes.
El senador evista Leonardo Loza también indicó que los legisladores no son “empleados” de Campero y que Rodríguez tiene la potestad de convocar a sesión con el orden del día que a él le parezca.
También cuestionó otros fallos emitidos por Campero, como aquel que prohíbe las interpelaciones a ministros de Estado. Similares criterios fueron expresados por legisladores de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
El diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón recordó, en entrevista con Panamericana, que ningún juez “te puede decir cómo tiene que hacer su trabajo la Asamblea Legislativa”.
Consideró que la decisión de la Justicia es parte de una maniobra del Gobierno “con este mercenario judicial (Campero), que es el vocal de la sala constitucional primera (…) para seguir torpedeando las leyes y que se queden los autoprorrogados el resto del mandato”.
Por el lado arcista, el diputado Jerges Mercado advirtió que si Rodríguez convoca a sesión para tratar los proyectos de ley antiprórroga, incurriría en un “acto delictivo”.
Su colega Rolando Cuéllar, también arcista, incluso indicó que si Rodríguez cita a sesión de Asamblea, pedirá que sea detenido por los policías para ser llevado a una celda.
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