Caso agentes químicos: Fiscalía pide 30 años de cárcel para tres exministros de Añez

Brújula Digital |31|08|23|

La Fiscalía anunció que solicitará 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, contra los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Luis Fernando López, y de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien fueron declarados en rebeldía por la presunta internación ilícita al país de gases lacrimógenos, en calidad de préstamo, desde Ecuador, en 2019.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que los exministros están acusados de cometer los delitos de tráfico de armas e incumplimiento de deberes, en un proceso que es impulsado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícita. 

“Se ha emitido la acusación formal dentro del caso gases Ecuador y durante la investigación se colectaron 115 pruebas documentales y 48 testificales, como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, donde figura un militar y un policía boliviano, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, entre otros que serán presentados ante el juez durante el juicio”, declaró Alave, según un reporte de la Fiscalía.   

El fiscal anticorrupción Bladimir Bolívar informó que, dentro de la acusación, se determinó la supuesta participación de militares y policías en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), en calidad de préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de noviembre de 2019, aspecto que permitirá agravar la pena a 30 años de cárcel. 

Los afectados ya han rechazado esas acusaciones e incluso autoridades ecuatorianas las han desbaratado. No se pueden considerar como "armas" a agentes químicos para ser usados en repeler a manifestantes.  

“Esta solicitud está fundamentada de acuerdo al artículo 141 del Código Penal, en el inciso V, que indica que la pena será 30 años de presidio, sin derecho a indulto, si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar o policial. En este caso hubo participación de ambos, militar y policial”, sostuvo Bolívar, según la Fiscalía.

Según la investigación, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019, cuando se habría desarrollado una reunión de los exministros acusados en Palacio de Gobierno junto al excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y el excomandante general de la Policía Boliviana y otras autoridades, donde se tocaron varios temas y entre ellos la falta de material antidisturbios para enfrentar la situación de crisis en el país, según las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la ex Ministra de Comunicación.   

BD/JJC