Gobierno respalda al director nacional de la Felcc, que está denunciado por lavado de dinero

Brújula Digital |25|06|20|

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, y su esposa, Carla Rocío de la Torre, fueron denunciados por inteligencia financiera por un presunto lavado de dinero en sus cuentas bancarias. El Gobierno respaldó el jueves al jefe policial, destacó su trabajo y pidió que el policía presente sus descargos ante las instancias que correspondan.

“El gobierno ve un buen desempeño en su trabajo, como profesional policía, y los resultados que ha demostrado bajo su conducción en la Felcc, hablan por sí solos”, afirmó el jueves el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.

Según fuentes de la Fiscalía, la principal investigada es De la Torre, debido a la relación laboral que tuvo con el gerente de la Red ATB,  Marcelo Hurtado, detenido  por legitimación de ganancias ilícitas en el caso PAT, según reporte de Página Siete. En ese proceso, se solicitó el análisis financiero de más de 40 involucrados en el negociado de publicidad gubernamental, entre los directivos de esos medios de comunicación y el gobierno de Evo Morales, en los últimos 14 años.

Sobre el particular, Santamaría afirmó que “respecto a temas financieros es un tema personalísimo, seguramente será convocado para que presente la documentación de descargo y nosotros esperamos que aquello ocurra”. De esta manera coincidió con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien el miércoles ratificó su confianza a Rojas y afirmó que no es necesario que el jefe policial pida licencia, mientras dura la investigación. Afirmó que estaba satisfecho con el trabajo que realiza Rojas, pero pidió “que aclare” las dudas sobre la denuncia.

La indagación de la ASFI

Rojas, que es coronel de policía, afirmó a Página Siete que tiene todos los descargos financieros y anunció que levantará su secreto bancario pero que aún no había sido notificado con la denuncia por la Fiscalía.

Según el formulario de denuncia, el director de investigaciones financieras  Ramiro Rivas Montealegre, emitió un informe el 10 de junio, por el que hace conocer que en las transacciones realizadas por Rojas y su esposa, “tanto activas como pasivas”, existe un crecimiento progresivo de su capital, que no está acorde a sus perfiles socioeconómicos.

“Sus actividades profesionales no permiten respaldar su accionar financiero;  asimismo, las operaciones (tienen) la calidad de sospechosas, considerando la cuantía (del capital) de 235.742 dólares y 4.526.300 bolivianos, sumado al hecho que el esposo de la principal analizada, el señor Rojas, es un servidor público, se podría presumir la existencia de hechos de corrupción vinculados a su cargo”, destaca parte del informe de la UIF, al que accedió Página Siete.

Pese a esas sumas de dinero, en la declaración jurada ante la Contraloría, Rojas declaró tener  un patrimonio de 16.500 bolivianos, una deuda (pasivos) de 120 mil y una renta (pasivos) de 230 mil bolivianos.

El informe de la UIF señala que existe un “manejo coordinado” del dinero y existen “flagrantes contradicciones en las declaraciones” que ambos dieron a los bancos sobre el origen y el destino de los fondos.

“Se encuadrarían a la tipología de lavado de dinero” dice el documento. La UIF afirma que “existen indicios” de que De la Torre y Rojas incurrieron en legitimación de ganancias ilícitas.

La investigación contra De la Torre, según fuentes de la Fiscalía, se abrió porque ella era secretaria en una de las firmas de Marcelo Hurtado y una de las 40 personas que, por medio de empresas fachada, ayudaron al empresario a lavar el dinero que percibía mediante el canal PAT, favorecido por el gobierno del MAS con contratos  publicitarios, según la teoría de los fiscales.