Ministro Murillo denuncia que “se está gestando un golpe de Estado” desde el Legislativo

Brújula Digital |20|06|20|

El Gobierno denunció el sábado que “aquí claramente se está gestando un golpe de Estado” desde el Legislativo hasta las amenazas en la represa Misicuni, y responsabilizó a Evo Morales, que renunció en noviembre por fraude electoral y huyó del país, y al candidato presidencial del MAS Luis Arce, como los supuestos autores de la intentona golpista bloqueando leyes y créditos que se requiere para la lucha contra el coronavirus.

“Sabemos que estamos frente a un golpe de Estado por la vía de la Asamblea Legislativa, de los movimientos subterráneos narcoterroristas y no lo vamos a permitir”, afirmó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Más temprano,  el comandante de la guarnición militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar, denunció que ante las amenazas de atentados contra la represa de Misicuni, se envió una patrulla al lugar, sin embargo, denunció que el secretario general de la Gobernación de Cochabamba mediante una llamada telefónica, a nombre de la Gobernación y de un asambleísta de Quillacollo, dio plazo para que hasta el mediodía de este sábado, los militares abandonen los predios de Misicuni, debido a que el operativo de resguardo no había sido consensuado con las autoridades departamentales.

Comunarios de Misicuni, afines al MAS, en Cochabamba, intentaron impedir el ingreso de efectivos militares y los conminaron a que se retiren de la represa por "no informar" de su presencia a las autoridades departamentales y comunales. Ellos leyeron a los uniformados un pronunciamiento en el que indican que el ingreso de los militares a Misicuni no fue informado a las autoridades regionales ni departamentales. Por ese motivo, los comunarios les ordenaron que desalojen “inmediatamente” la zona.

El pronunciamiento leído señalaba que “hombres y mujeres de 30 sindicatos y la organización Bartolina Sisa (afín al MAS) rechazamos la presencia de extraños, ninguna persona ajena puede entrar a Misicuni sin autorización de las autoridades departamentales y comunales”.

Además, durante la lectura del comunicado, el dirigente dijo que la presencia militar en la zona ponía en riesgo la salud de la población, pues los uniformados podrían contagiarlos con Covid-19, “porque ellos (las FFAA) diariamente están en las calles de la ciudad. Indicaron que en el lugar, hasta ahora, ni una persona ha sido contagiada con el virus. "Si es que eso ocurre en los próximos días, los únicos culpables serán los militares y deberán responder por las vidas y las pérdidas”.

En los últimos días, cinco torres de telecomunicaciones fueron incendiadas y destruidas, tres en Yapacaní, una en K’ara K’ara y otra en San Julián, además de bloqueos de carreteras con uso de dinamitas, todos atribuidos a organizaciones afines al MAS; en el Legislativo, controlado por el MAS, no se aprueba un crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), tampoco otros créditos que suman 1.700 millones de dólares y está paralizado el ascenso de generales de las FFAA, desde enero, entre otros.

Murillo no especificó la fecha ni la forma en la que se habría recibido las amenazas contra la represa de Misicuni y otras empresas estratégicas, pero manifestó que saben que “narcoterroristas que están incentivando ese tipo de cosas” y apuntó que “todo esto lamentablemente está siendo ordenando por Evo Morales”, refugiado en Argentina.

Recordó que uno de los lugares de mayor infección es el Chapare, pero los dirigentes no dejan que el Gobierno llegue con la ayuda necesaria, cometiendo de esa manera un atentado contra la salud de lo cual tendrán que responder sin decir luego que es persecución política.

“Todo tiene un límite señores, ustedes están llegando al límite; no vamos a permitir que sigan violentando las normas y las leyes y que hagan terrorismo. Sabemos que sus jefes, que sus líderes se formaron en terrorismo, volando torres y matando al teniente Andrade y policías en el Chapare”, afirmó Murillo.

La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), anuncio el jueves que ella promulgará la Ley 1297 modificada para las elecciones del 6 de septiembre, en caso de que la presidenta Jeanine Añez no lo haga.

Gobernación confirma advertencia

En respuesta a las denuncias del ministro Murillo y del comandante Cuéllar, de haber sido exigidos por la Gobernación de Cochabamba, controlado por el MAS, de abandonar las instalaciones de Misicuni, el secretario general, Fanor Alvarado, indicó que “en ningún momento se amenazó a efectivos de la fuerza del orden y manifestó que tampoco es justo que entren en silencio a cualquier lugar”.

No confirmó ni negó que se les haya dado un plazo hasta el mediodía del sábado de abandonar la planta, como dijo minutos antes el ministro Murillo, quien realizó conferencia de prensa ante los medios, según reporte de Opinión.

“Viene una división de militares y los pobladores se han sentido susceptibles y me informan de lo que está pasando. Dicen que la Gobernación ha mandado, no tenemos información. Después, me contacté con el presidente de Misicuni y me indicó que están haciendo un entrenamiento. Están pateando oxígeno, no hay coordinación con el gobierno central. No es culpa de la Gobernación, es culpa de ellos”, declaró Alvarado.

Alvarado mostró un documento en el que autoridades de la central Misicuni piden el desalojamiento de los militares por “correr el riesgo de contagio de Covid-19” y por no “informar a los lugareños”.