Responsabilizó de la propuesta “al evismo” que “opta por la violencia”. El proyecto señala que “los servidores públicos, civiles, militares y policiales serán responsables de los actos”, pero los que incumplan la norma serán sancionados con el 10% del salario mínimo nacional.
Brújula Digital |11|06|20|
La presidenta Jeanine Áñez denunció el jueves que el proyecto de “Ley para Regular los Estados de Excepción”, aprobado el miércoles por el pleno de la Cámara de Senadores y controlado por el MAS, “golpea la seguridad de las familias”, porque inmoviliza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana y dispensa una serie de atribuciones y poderes a la Asamblea Legislativa, incluso por encima del Órgano Ejecutivo.
“Lamentablemente el evismo opta por la violencia. Vuelan torres, secuestran periodistas y ahora hacen una ley que golpea la seguridad de las familias y apoya la violencia del dirigente. El buen camino es la democracia y la paz: nosotros los tenemos claro”, publicó la mandataria en su cuenta de Twitter.
El proyecto de ley, en su artículo cinco, señala que el presidente del Estado tiene la potestad de declarar el “estado de excepción”, mediante decreto supremo expedido en consejo de ministros. Pero, indica que el decreto deberá expresar de manera clara las razones y fundamentos para declarar dicho estado de excepción.
El proyecto de ley, que no fue consultado con ningún sector del país, surgió del propio masismo que tiene dos tercios en el Legislativo, señala que el estado de excepción se dictará cuando “se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia”.
Pero, el Ejecutivo, según la propuesta en el artículo dos, parágrafo II, “no podrá dictar estado de excepción cuando se registren conflictos, agitación popular, movilizaciones sociales o las dificultades u obligaciones financieras, por sí solas o por su subjetiva vinculación a entidades externas”.
La analista política y exdiputada, Jimena Costa, afirmó en radio Panamericana que el proyecto de ley, lanzado por el MAS, es ante la proximidad de las elecciones en las que no obtendrá los dos tercios que tiene desde hace algunas gestiones anteriores y de manera consecutiva.
La expresidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Silvia Salame, dijo a El Deber que el proyecto de ley pretende evitar que se dicte estado de excepción, seguida con la detención de personas. “Es un proyecto innecesario porque la Constitución ya define cuándo y cómo se aplicará un estado de excepción, parece que el objetivo de esta ley es evitar lo que ha estado haciendo el Gobierno con la detención de personas que no han cumplido la ley. Cuando se emite un estado de excepción, recién puede haber una ley que autorice esa figura”.
El abogado constitucionalista, José Luis Santisteban, explicó que no puede existir una norma que desarrolle derechos consagrados en la Constitucional y por ello calificó como un “exceso” que se pretenda aprobar ese proyecto.
El Ejecutivo debe consultar todo al Legislativo
La norma también menciona que se podrá dictar estado de excepción por conmoción interna o desastres naturales. En cualquier circunstancia, añade, la cabeza del Ejecutivo debe informar a la Asamblea Legislativa la determinación asumida y justificar las razones.
La norma sólo incluye una multa para quienes incumplan el estado de excepción, que no sobrepase el 10% del salario mínimo nacional y prohíbe las restricciones a la libertad física de los infractores, no importa si con sus acciones ponen en riesgo la seguridad o salud del resto de los ciudadanos.
El artículo 13 del proyecto de ley señala que “los servidores públicos, civiles, militares y policiales serán responsables de los actos que emitan de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción”, además -establece- serán procesados y sancionados administrativa, civil y penalmente. Los uniformados no podrán aducir disposiciones superiores para actuar en el marco de sus prerrogativas constitucionales.
