Amnistía internacional pidió aclaración sobre “actores políticos” detenidos

Brújula Digital |18|04|20|

Mediante un comunicado Amnistía Internacional pidió al ministro de Gobierno, Arturo Murillo que “aclare” los motivos por los que 67 personas (calificadas por la autoridad como actores políticos) fueron procesadas, presuntamente bajo acusaciones de “desestabilización” y “desinformación” durante la actual etapa de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

“Amnistía Internacional expresa su preocupación ante las declaraciones públicas del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el 15 de abril de este año sobre la aprehensión y el procesamiento penal de ‘67 actores políticos’ acusados de participar en ‘movimientos de desestabilización y de desinformación’ y de hacer ‘guerra virtual’, 37 de los cuales ya habrían recibido sentencias condenatorias a través de ‘procesos abreviados, señala el comunicado de la organización internacional.

El pronunciamiento de Amnistía Internacional (movimiento global de más de 7 millones de personas que dedica su trabajo a nivel internacional, a la protección de los derechos humanos de las personas), surge ante las declaraciones realizadas por la autoridad quien señaló que , “mediante un ‘patrullaje cibernético’ se identificó y aprehendió  67 ‘actores políticos’ que promovían movimientos de desinformación en las redes y agregó que para 37 de los aprehendidos ya se dictó una condena por atentar contra la salud”.

La organización internacional en su comunicado, solicita que el Ministro de Gobierno (Arturo Murillo) clarifique públicamente “si los procesos penales en contra de estas 67 personas tienen como base legal el Decreto 4200, aprobado por el Gobierno ante la emergencia sanitaria del coronavirus y demanda que se aclare los hechos y tipos penales que se atribuye a las personas procesadas y las circunstancias de sus detenciones.

“Amnistía Internacional considera que dados los antecedentes de amenazas públicas emitidas por autoridades del Gobierno actual contra líderes políticos acusados de “desinformar” y contra periodistas acusados de “sedición”; el lenguaje utilizado por el ministro de Gobierno podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud”, señala el texto de la organización.

El pasado 25 de marzo, la presidenta Jeanine Áñez dictó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el Covid-19, norma que en una de sus disposiciones (artículo 13.II) estipula, “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

Al respecto, la Procuraduría General del Estado respondió a ambas instituciones y aseguró que la mencionada Ley va acorde a la Constitución, a convenios internacionales de derechos humanos y no viola la libertad de expresión en el país.