El TSE prohibió el miércoles la difusión de la encuesta supuestamente porque contaba con financiamiento internacional. Sin embargo, el TSE permitió en el pasado la distribución de la encuesta de la Celag, un organismo internacional, cuyos resultados daban una amplia intención de voto a favor del presidente Evo Morales.
El TSE prohibió el miércoles la difusión de la encuesta supuestamente porque contaba con financiamiento internacional. Sin embargo, el TSE permitió en el pasado la distribución de la encuesta de la Celag, un organismo internacional, cuyos resultados daban una amplia intención de voto a favor del presidente Evo Morales.
La encuesta de la UMSA y Jubileo le da un margen de victoria mucho más estrecho a favor de Morales con respecto a Carlos Mesa que el sondeo de Celag y otros publicados por empresas especializadas en los últimos meses.
En ese trabajo de opinión pública, Morales tiene 31,1% de intención de voto, frente a 24,9% para Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y 8% para Oscar Ortiz, de Bolivia Dice No. El trabajo incluyó más de 14.000 entrevistas en 233 de los 339 municipios del país y tiene un margen de error de 2,4%. El sondeo determina que todavía existe un 28% de indecisos.
Nancy Vacaflor, jefa de prensa de la agencia católica ANF, y uno de los medios asociados a la iniciativa de organizar la encuesta, dijo a Brújula Digital que “debe lamentar” el “acto de censura” del Tribunal Supremo Electoral, respecto a la encuesta de intención de voto “que había sido trabajada con todos los criterios técnicos-metodológicos que además habían sido oportunamente comunicados al organismo electoral”.
“No existe otra interpretación que afirmar que la decisión de esa institución viola el derecho a la libertad de expresión, nunca antes habíamos visto tanto control para algunas encuestas como la de Tu Voto Cuenta, pero no así con otras empresas”, expresó.
La prohibición podría considerarse además como un caso de “censura previa”, según el periodista y abogado Andrés Gómez. Gómez recordó el artículo 106 de la CPE garantiza los derechos de “libertad de expresión, de opinión, de información y a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
Mencionó también el artículo 21 de la CPE, que establece que los bolivianos tienen derecho a “expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” y a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.
Gómez agregó que la mejor manera de preservar la democracia es “preservando el derecho a la información y de expresión”, afectados por el TSE. “En este caso hay un bien jurídico preservado, que es el derecho a la información, que es un derecho político muy importante para el ejercicio de un voto informado. La publicación de esas encuestas no ha afectado ningún bien jurídico” agregó.
Juan Carlos Núñez, director de Jubileo, una de las entidades coparticipantes en la encuesta, expresó por su parte que la prohibición del TSE muestra la “tremenda desinstitucionalización” que vive el país. “Esta es una violación al derecho de la libertad de expresión y de información”, dijo.
“Esta decisión del TSE, más allá de sus argumentos poco consistentes, en realidad demuestra que ha emitido un fallo que tiene características más políticas que técnicas”, expresó. Núñez ratificó la calidad técnica del sondeo y dijo que los organizadores del mismo están “dispuestos a demostrarlo públicamente”.
Núñez expresó que las entidades organizadoras del trabajo recibieron ayuda de “países amigos”, no de organismos internacionales, y por lo tanto su trabajo no ha violado el artículo 135, inciso c, de la ley de procesos electorales. Esta norma prohíbe que se difundan encuestas que “hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales”.
Agregó que “está bajo evaluación” la realización de la próxima encuesta que tenían prevista, y que también se analizará si se llevará adelante el control electoral el día de los comicios, el próximo 20 de octubre.
Para el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, la disposición del TSE violenta “las libertades de información, expresión y de prensa”.
Dijo que los artículos de la ley de procesos electorales y el reglamento que prohíbe la difusión de encuestas incumple con los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, “que establecen con claridad los derechos que tiene el pueblo boliviano a difundir y conocer información”.
Además, expresó, quien hace la encuesta es una institución respetable como la UMSA, con una trayectoria impecable.
Advirtió también un alto grado de autocensura de los medios, que “tal vez viene de la experiencia en el Beni. Allí no solamente fue anulada la candidatura a la gobernación de Ernesto Suarez, y la de sus 228 candidatos, sino que las multas fueron elevadísimas contra algunos medios, como el diario La Palabra. Quizás ese sea un antecedente que mueve a los medios a callar”.
El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, calificó como “vergüenza inaceptable” la “censura” que aplicó el órgano electoral “por órdenes del gobierno” a la encuesta.
“A mí lo que me parece es una vergüenza inaceptable la actitud del Tribunal Supremo Electoral de establecer una discriminación de las encuestas que al tribunal no le parecen convenientes”, manifestó Mesa en rueda de prensa en Tarija. El candidato consideró que es el MAS el que decide cuál encuesta puede publicarse y cuál no.
Finalmente, Gonzalo Chávez, que es economista y docente universitario, dijo en su cuenta de Twitter que “las encuestas deberían orientar al elector sobre cómo va la tendencia del voto. En el país estas se han convertido en instrumentos de propaganda y manipulación. Peor aún si el Tribunal Supremo Electoral se parcializa groseramente con el gobierno vetando una encuesta independiente”.
Chávez agregó la censura por parte del Tribunal Supremo Electoral representa una “vergüenza nacional” y que ese “órgano está completamente parcializado con el gobierno”.
