Las denuncias demuestran el pésimo trabajo realizado por la bancada masista en el Legislativo, que designó a los candidatos a magistrados que luego fueron al voto popular en 2017 (Raúl Peñaranda U.)
Raúl Peñaranda U. (opinión)
Es el propio entorno de ciertas autoridades masistas y de integrantes de la justicia el que los graba subrepticiamente. Hace días se conoció el caso del concejal de La Paz, Jaime Silva, en el que en un audio demuestra que buscaba evitar que se habilitara un relleno sanitario alternativo para la ciudad.
Paralelamente se han conocido varios otros audios que han puesto en aprietos a magistrados de los tribunales Constitucional y de Justicia, además del Consejo de la Judicatura. No han pasado ni dos años desde su asunción y ya se demuestra, como ocurrió con los anteriores, cómo éstos jueces oficialistas representan lo peor para la justicia: la manipulación y la maniobra, incluido el favorecimiento a feminicidas. Más bajo no se puede caer.
Las denuncias demuestran el pésimo trabajo realizado por la bancada masista en el Legislativo, que designó a los candidatos a magistrados que luego fueron al voto popular en 2017 (obtuvieron, en total, solo el 32% de los votos, con dos tercios de votos blancos o nulos). Estos nuevos magistrados se están perfilando para ser aún peores que los anteriores, que terminaron bajo acusaciones de todo tipo. Al oficialismo ello no le importa mientras esos magistrados defiendan al gobierno y al presidente Evo Morales, como ocurrió cuando el Tribunal Constitucional aprobó la reelección indefinida, pese a que la Constitución lo prohíbe y un referéndum lo imposibilitó expresamente.
Gracias a grabaciones reservadas, se conoció que Omar Michel, decano del Consejo de la Magistratura, manipuló y presiono para que fuera liberado el supuesto asesino de Dayana Alemán, hecho ocurrido en Tarija en 2017. La jueza del caso, Minerva Tárraga, confirmó la supuesta presión de Michel y pidió acogerse al programa de protección de testigos.
Una grabación en la que se escucha la voz de su hermano Juan Michel demuestra la intimidación ejercida sobre la jueza Tárraga.
En otro audio, Juan Michel asegura que se va a realizar una repartija de cargos “mita a mita” entre el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, mencionándose el nombre de José Antonio Revilla, presidente de ese cuerpo, como uno de los operadores de ello. Revilla negó su participación y presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Michel.
Omar Michel dijo, como defensa, que su hermano “está mal de la cabeza”. También se negó a renunciar.
El de Carlos Egüez es otro de los casos. Egüez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento del Beni, fue denunciado ante la Asamblea Legislativa para que enfrente un juicio de responsabilidades por presunto fraude electoral. La notaria electoral Josefina Canchi contó que fue secuestrada y obligada a cambiar los resultados electorales, lo que permitió a Egüez salir elegido, en vez de Marina Montenegro, a quien ganó por muy pocos votos.
En un audio se escucha una voz atribuida a Egüez en el que le pide al juez Pedro Carvalho desestimar la denuncia en su contra. Por este caso, sólo Carvalho fue suspendido y el fiscal general Juan Lanchipa negó estar involucrado. Egüez sigue en funciones.
La diputada masista Valeria Silva, que preside la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, ha obstaculizado que el caso sea investigado.
Da la casualidad de que el suegro de Egüez, Gonzalo Hurtado, un magistrado del Tribunal Constitucional, también es otro de los acusados. No ha renunciado (casi nunca lo hacen) pese a que la Policía lo implicó como uno de los integrantes de la justicia que le dio protección al acusado de narcotráfico Pedro Montenegro. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Maximiliano Dávila, dijo que Hurtado tuvo relación con el traficante. Hurtado ha negado las acusaciones.
El único magistrado de la nueva hornada que renunció, aunque tomó para ello semanas en hacerlo, fue Orlando Ceballos, exmagistrado del Tribunal Constitucional. En marzo pasado fue denunciado por su esposa de haberla golpeado numerosas veces desde el principio de su relación.
La Fiscalía realizó pesquisas de oficio y ante las críticas de mujeres legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, en mayo presentó su renuncia.
