Entidad internacional denuncia que un centenar de jueces fueron destituidos arbitrariamente en Bolivia

Brújula Digital |29|4|19|

En los últimos dos años, unos cien jueces bolivianos han sido destituidos arbitrariamente por las autoridades, según un informe elaborado por la entidad internacional Human Rights Watch.

HRW, una institución de derechos humanos, pidió que la Organización de Estados Americanos (OEA) convoque a una reunión de su Consejo Permanente para discutir la reforma judicial en Bolivia, que, dijo “está debilitando el Estado de derecho en el país”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, expresó que “para preservar la independencia del poder judicial, el derecho internacional sólo permite destituir a un juez por causa debidamente justificada en casos graves de incompetencia o mala conducta, no como si se tratara de un funcionario público cualquiera”.

Vivanco agregó que “la OEA debería pronunciarse frente a esta arremetida contra el poder judicial boliviano”.

Según HRW, el Consejo de la Magistratura de Bolivia ha destituido arbitrariamente a decenas de jueces, siendo los casos más recientes los de marzo de este año.

“Los jueces destituidos recibieron memorandos de ‘agradecimiento de funciones’ en los que se les indicaba que debían dejar su cargo ese mismo día. Los memorandos no indican el motivo de su destitución ni se les ha dado a los jueces la oportunidad de impugnar sus destituciones antes de ser removidos”, expresa el reporte según una nota de prensa de la entidad.

Human Rights Watch entrevistó a ocho jueces que fueron removidos de sus cargos y a un abogado que representa a 20 jueces adicionales y que presentaron sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Human Rights Watch también tuvo acceso a nueve memorandos de cesación de cargos que recibieron los jueces y a una resolución de 2017, del Consejo de la Magistratura mediante la cual 88 jueces fueron destituidos.

La nota de prensa recuerda que el presidente Evo Morales ha puesto en duda en reiteradas oportunidades que la independencia judicial sea un componente importante de la democracia. En octubre de 2018, por ejemplo, manifestó que la independencia judicial era una “doctrina norteamericana” (es decir, de Estados Unidos) y del “capitalismo”.

En otras oportunidades ha criticado al “Estado de derecho” y en una ocasión dijo que él actúa aunque sea violentando la ley. “Yo le meto nomás”, dijo y explicó que los abogados luego deben arreglar aquello. También expresó en una ocasión que las leyes deben ser “adecuadas a las reivindicaciones del pueblo”, pero no detalló a qué se refiere por “pueblo”.

Human Rights Watch lamenta que una ley de 2010 dispusiera que los jueces designados antes de la Constitución de 2009 se consideraran “transitorios” de manera retroactiva, incluso si tenían cargos permanentes y eran jueces de carrera.

Asimismo, que una ley de 2011 hubiera habilitado al Consejo de la Magistratura a designar jueces de manera “provisional” hasta tanto se estableciera una escuela para la formación de aspirantes a jueces.

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre de 2018, funcionarios bolivianos reconocieron que solo 163 de los 1.200 jueces del país –alrededor del 13%– tenían cargos permanentes.

Los miembros actuales del consejo fueron electos por voto popular en diciembre de 2017. Los votantes eligieron de una lista creada por la Asamblea Plurinacional y se considera a todos sus miembros, como al resto de los magistrados del país, como proclives al MAS.