El periodista afirma que este caso no corresponde a un proceso penal pues la Ley de Imprenta está vigente en el país.
ANF|03|01|19|
El periodista y director de Brújula Digital, Raúl Peñaranda, calificó este jueves como una acción de “amedrentamiento” del Gobierno contra su persona y contra la prensa el inicio de un juicio penal de parte de la estatal Entel por la publicación de una nota sobre la contratación de empresas de seguridad, que no estarían reconocidas legalmente ni tendrían licencia de funcionamiento como establece la norma vigente.
“Este anuncio de un juicio penal yo lo atribuyo a un intento de amedrentamiento contra mi persona y en general contra los periodistas ya que la nota de Brújula Digital es breve, simple, correcta y está bien sustentada en la norma vigente”, informó Peñaranda en una entrevista con ANF.
El periodista consideró que esta medida es un “amedrentamiento del Gobierno” porque Entel es una empresa pública y su gerente general es Óscar Coca, quien ocupó varios cargos en el Ejecutivo, para evitar que información crítica de esa empresa se conozca.
Agregó que la acción es un “acoso a la libertad de expresión y de prensa”.
El contenido de la nota, publicada el 21 de diciembre, señala que Entel realiza licitaciones para compras e instalación de equipos a empresas de seguridad sin exigir que éstas sean legalmente reconocidas ni tengan licencia de funcionamiento como ordena la norma.
Peñaranda explicó que el gerente nacional de Administración y Finanzas de Entel, José Arturo Molina, envió dos cartas a ese medio digital por la publicación y anuncian el inicio de acciones legales, las cuales “no tienen base”.
Informó que se denunció el hecho ante la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, organizaciones que se prevé darán a conocer su posición en las próximas horas. También envió su queja a entidades internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas.
Peñaranda además expresó su sorpresa porque la notaria Nelly Segales Jarro se trasladó en persona hasta su domicilio, en Mallasilla, para entregarle la misiva, lo cual no era necesario pues el documento podía ser entregado por un mensajero.
El periodista afirmó que este caso no corresponde a un proceso penal porque la Ley de Imprenta está vigente y debe ser tratado por un Tribunal de Imprenta.
