La diputada del MAS, Susana Rivero, anunció que el informe final recomienda al Legislativo remitirlo a la Fiscalía para que inicie la investigación. También están implicados los gobiernos de Sánchez de Lozada y Rodríguez Veltzé.
Brújula Digital|05|11|18|
La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, que investiga la suscripción de contratos entre el Estado boliviano y las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, encontró “movimientos sospechosos” en la cuenta bancaria del expresidente Carlos Mesa que son inusuales a su actividad personal.
“Hemos decodificado los movimientos sospechosos del señor Carlos Mesa, porque levantó su secreto bancario, se registró movimientos inusuales o sospechosos de dinero que la instancia competente deberá investigar a que corresponden y de dónde vienen”, sostuvo la presidenta de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, Susana Rivero, del gobernante MAS.
Según la investigación, explicó, ocho personas en Bolivia estarían involucradas con el escándalo de presuntos sobornos por obras públicas adjudicadas a las empresas brasileras Camargo Correa y Odebrecht.
En su informe final, la Comisión identifica tres indicios serios que demuestran que la operación Lava Jato llegó a Bolivia: se utilizó la misma metodología en acciones gubernamentales y empresariales que fue aplicada en otros países; además se reveló coincidencias de viaje en lugares y fechas de altos funcionarios públicos bolivianos con los máximos representantes de las empresas brasileras. Por último, se develó movimientos bancarios inusuales, transacciones que no tienen justificación económica ni legal, resaltó Rivero.
Para la diputada oficialista, el tercer indicio, el de los movimientos bancarios inusuales y sospechosos, es uno de los más serios, pues se trata de transacciones cuya cuantía, características y periodicidad no guarda relación con la actividad económica de la persona analizada.
También, continuó, se encontró movimientos financieros inusuales y sospechosos de un ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada (abril 2003), de un ministro y dos viceministros del gobierno de Carlos Mesa, de un ministro del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé y de dos gerentes del antiguo Servicio Nacional de Caminos.
Se remitirá a la Fiscalía
Rivero adelantó que el informe final de la Comisión legislativa recomienda a la Asamblea Legislativa Plurinacional remitirlo al Ministerio Público para que empiece una investigación jurisdiccional y profundizar la pesquisa.
El proceso de negociación de las carreteras Roboré–El Carmen y El Carmen–Arroyo Concepción, empezó en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en abril de 2003, su construcción, gestión y firma del decreto que instruye su licitación y la firma del contrato principal se dio en el gobierno de Carlos Mesa, en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé se realizó un contrato modificatorio permitiendo una rebaja al proyecto ($us 42,5 millones a las dos carreteras).
Afirmó que en el gobierno de Evo Morales solo se negoció tasas de interés. "En el gobierno de Evo Morales no se tocó ni un centavo al monto contratado, más bien se negociaron las tasas de interés", afirmó.
La investigación de la comisión legislativa boliviana partió del informe del operativo denominado “Castillo de Arena”, realizado por la Policía Federal de Brasil, la Superintendencia Regional de San Pablo y el Ministerio de Justicia de ese país.
El informe Castillo de Arena mencionaba 17 veces a Bolivia, puntualizando tres iniciales: C. Morales, G.G. – N.S.C. y C.M. El objetivo de la investigación en Bolivia era identificar a los dueños de dichas iniciales para establecer responsabilidades en los sobornos que hubo a cambio de la adjudicación de la obra de construcción de la carretera Roboré – Puerto Suárez (Santa Cruz).
La investigación por el caso Odebrecht en Brasil se inició el año 2004 y las autoridades realizaron 954 órdenes de allanamiento, de los cuales sólo en el denominado “Castillo de Arena” se mencionaba a Bolivia.
