Tezanos Pinto presentó un informe que establece “excesos” y “persecución a ultranza” de los fiscales -para quienes pidió proceso disciplinario- que recomendaron 20 años de cárcel sin pruebas contra el médico.
Brújula Digital |27|10|18|
Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que el Ministerio de Justicia, el Servicio Departamental de Salud La Paz (Sedes) y el Hospital de Clínicas, sin ser actores procesales, ejercieron presiones para que el médico Jhiery Fernández, involucrado en el caso bebé Alexader, sea procesado penalmente y por el que un inocente purgó cuatro años de reclusión sin pruebas.
Para la Defensoría del Pueblo, “la presencia de estas entidades del Estado, muchas de ellas representadas por más de un abogado, generaron presiones en los juzgadores” e incluso mencionó que la entonces ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez (2014), del gobernante MAS, había asistido a una audiencia, donde pidió la detención preventiva de todos los acusados.
Este viernes la Defensoría del Pueblo presentó el informe Nº DP/RD/LPZ//2017 en el que detalló al menos 13 conclusiones y siete recomendaciones a las instituciones del Estado en relación al proceso investigativo y el juicio oral contra Fernández.
El informe precisa que las tres instituciones señaladas normativamente no tienen la función de defensa o de representación legal del niño, pero sí lo tuvieron la Defensoría de la Niñez y el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz.
“Las intervenciones señaladas generan circunstancias que terminan siendo afectaciones a la aplicación de los principios de independencia e imparcialidad judicial, toda vez que implicaron presiones”, señala el texto de la Defensoría.
También señala que en 2014 el Fiscal General, la Fiscal Departamental, Gobernador del departamento de La Paz, asambleístas departamentales y nacionales emitieron pronunciamientos públicos, los cuales generaron que “los funcionarios del sistema de justicia penal, fiscales, investigadores y jueces, asumieran medidas que no siempre se ajustarían a la norma”.
“Excesos” y “persecución a ultranza”
La Defensoría del Pueblo afirmó que el médico Fernández soportó los “excesos” y “persecución a ultranza” de los fiscales que lo procesaron y recomendaron 20 años de cárcel, que ya los cumplía desde 2014. El informe fue presentado después de cuatro años en los que el galeno estuvo encarcelado de manera preventiva, sentenciado a 20 años (en mayo de 2018) sin pruebas y recientemente beneficiado con detención domiciliaria.
“La primera responsabilidad está en un informe forense que señala una supuesta violación esto ha sido descartado por el dictamen del Consultor Técnico A&A 107/150315 y la fiscalía teniendo elementos de otros dos forenses y esta consultoría para descartar la posible violación hace una persecución a ultranza”, declaró el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto.
Explicó que, de acuerdo con la investigación que se hizo, la Fiscalía tiene una “alta responsabilidad” por alejarse del principio de objetividad porque sólo tomó en cuenta las pruebas que incriminaban al médico, pero descartó por formalismos los estudios que negaban la violación.
Indicó que la Fiscalía tomó en cuenta el certificado emitido por la forense Ángela Mora, que señalaba una violación, pero dejó de lado los informes de otros tres expertos que descartaban la comisión de ese delito.
Pide procesar a fiscales
Tezanos afirmó que la comisión de fiscales tiene responsabilidad directa en la persecución que hubo contra Fernández. Señaló que el informe de la fiscal Mora fue erróneo y que ella tiene responsabilidad de ese acto. Manifestó que la forense debería ser citada.
En su recomendación del informe, la Defensoría planteó “al Fiscal General del Estado promover el inicio de las acciones disciplinarias que correspondan contra las y los Fiscales que hubieran participado en la presente causa, sin perjuicio de iniciar acciones de tipo penal si correspondiera”.
Cuando comenzó la investigación en 2014 el caso estaba a cargo de los fiscales Rosby Zapata, Edna Montoya, Lizeth Zarco y Edwin Blanco, este último después fue posesionado como fiscal departamental de La Paz. En la recta final del proceso intervino la fiscal Susana Boyán. El 12 de octubre de 2018, el ex fiscal general, Ramiro Guerrero, cambió a Boyán y designar una nueva comisión formada por el fiscal superior José Manuel Gutiérrez, de Sucre, y los fiscales de materia, César García y Edwin Sarmiento.
Tezanos anunció que, de acuerdo con lo que habló con familiares de Jhiery, el informe defensorial será presentado ante el tribunal encargado de la apelación a la sentencia de 20 años de cárcel en contra del médico.
