La justicia está marcada por la mediocridad y falta de preparación de jueces y fiscales, la escasa capacitación que reciben policías e investigadores y la corrupción y la intromisión políticas.
Desde que se hizo público el audio en el que la jueza Patricia Pacajes reconoce que Jhiery Fernández no violó al bebé Alexander, el médico se ha convertido en un símbolo de las graves y permanentes fallas de la justicia boliviana.
Esas fallas se deben a mediocridad y falta de preparación de jueces y fiscales, la escasa capacitación que reciben policías e investigadores y la corrupción y la intromisión políticas. En el caso de Fernández, que está encarcelado desde hace cuatro años, se incorporan además asuntos personales, puesto que existe la versión de que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, tuvo un amorío con la joven médica forense que dio el primer informe equivocado sobre la presunta violación.
La presión de la opinión pública también pesó en este tema, además de la tradición penalizadora y escarmentadora de fiscales y jueces bolivianos, que solo excepcionalmente dejan a los sindicados defenderse en libertad. Es muy raro que un juez contradiga al trabajo de los fiscales, puesto que trabajan corporativamente junto a ellos.
Los jueces, en ese sentido, no tienen independencia del trabajo de los fiscales y se sientan comprometidos, por su relación corporativa con ellos, a aceptar siempre lo que éstos les piden.
El audio de la jueza Pacajes señala que ella siempre supo que el “medico era inocente” y que sus colegas también pensaban lo mismo, pero que, debido a presiones del fiscal Guerrero, se debía continuar el caso y tenía que “haber un culpable”.
La jueza expresó que una vez que se conoció el reporte de la forense, que señaló sin pruebas de que había existido la violación, y que ello había causado la muerte del bebé en 2014, “eso no se podía borrar” y que por lo tanto había que continuar con el proceso.
Como presuntamente Guerrero mantenía una relación con la médico forense, Ángela Mora, la apoyó en todo momento y no pudo ya dar vuelta atrás.
Hijo de padres alcohólicos
El bebé Alexander fue rescatado de padres alcohólicos por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y fue remitido el 13 de agosto de 2014 al ex hogar Virgen de Fátima (hoy Hogar Niño Jesús), dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de La Paz. Tres meses después, el menor había sufrido una supuesta agresión sexual en el centro, el 13 de noviembre de ese año, y fue llevado de emergencia al Hospital del Niño que, al no ser atendido, fue derivado al hospital Juan XXIII donde falleció por una aparente infección respiratoria debido a una broncoaspiración.
El informe de la autopsia estableció que hubo desangramiento y laceraciones dentro del cuerpo por hemorragia interna por la penetración, por lo que se determinó que era un delito de infanticidio y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió a cuatro personas que trabajaban en el hogar, entre ellos el médico y una enfermera, que estaban de turno el día de la tragedia.
Por otra parte, fueron llevados a la Policía cuatro médicos de ambos nosocomios; dos del Hospital del Niño y dos del Juan XXIII. Estos pasaron a ser implicados, ya que se creía que se trataba de negligencia médica.
El único varón
Se presentaron varias hipótesis en el caso. De todos los implicados, tres llegaron a juicio. Pero el principal acusado de “violar” a la criatura era el médico Fernández, por ser el único varón en el hogar. La Fiscalía determinó que hubo una violación de acuerdo a los informes médicoforenses. Además, se había encontrado restos de antígeno prostático específico (PSA) en la parte anal del infante. Esa sustancia solo la producen los hombres y por ello se insistió en la violación. Pero ni el PSA hallado, ni las muestras de ADN, coincidían con las de Fernández.
De esta manera se imputó y encarceló preventivamente al médico en el penal de San Pedro el 15 de diciembre de 2014. Para entines ni siquiera habían salido los resultados de ADN y PSA.
En ese momento, el abogado de Fernández, Marco Antonio García, dijo: “Es absolutamente absurdo lo que hace la Fiscalía, imputan a mi cliente basándose en pruebas que aún no existen”.
Fernández contó a Página Siete que no había tenido contacto con el niño y que ni lo había visto ya que Fernández se encontraba realizando una curación a una niña en el centro de acogida Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI) en la calle 5 de Obrajes; al recibir una llamada del Virgen de Fátima, corrió con dirección al mismo (calle 3 de Obrajes). Cuando llegó el bebé ya no estaba allí.
“En todo eso yo no he tenido contacto con el niño, para nada. Hay testigos que en las audiencias han confirmado lo que digo”, dijo el médico, que trabaja como médico al interior de la cárcel de San Pedro, donde se encuentra recluido.
20 años de cárcel
El 27 de marzo de 2018, luego de permanecer tres años en detención, Fernández fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de violación. También fueron condenadas dos personas por el delito de homicidio culposo y encubrimiento con dos años de reclusión: Sandra Madeny, médico y Lola Rodríguez, enfermera.
Después de la sentencia, la jueza Pacajes admitió que la sentencia fue dada sin contar con “pruebas científicas” y que sólo se habían sustentado en los informes forenses.
Según el Presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, se confirmó en su momento que no existían rastros de ADN del médico en las muestras del bebé Alexander.
Todo esto llevó a exigir justicia por el médico por parte de los familiares y compañeros de Fernández ya que se cuestionaba la falta de pruebas en la investigación.
Inclusive, la asambleísta departamental Vilma Magne dijo que había muchos elementos que hacía pensar que se estaba cometiendo una injusticia, mientras periodistas como Andrés Gómez insistieron, en sus columnas de opinión y textos informativos, sobre la inocencia del médico.
Una conversación grabada entre copas
Un mes después de que dictó la sentencia, la jueza Pacajes, presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, en una reunión privada con un grupo de amigos, admite que sabía que el médico Fernández es inocente de la supuesta violación. Alguien la grabó secretamente y acaba de divulgar el audio a los medios. Los primeros en obtenerlos fueron Página Siete y ATB.
También afirma en el audio que hubo injerencia política de la Fiscalía para que destituyeran a dos fiscales y pusieran a cargo del caso a Edwin Blanco, actual fiscal departamental, y a la fiscal Susana Boyan, quienes fueron los que imputaron al médico.
El ministro de justicia, Héctor Arce, exhortó el lunes al Consejo de la Magistratura a investigar el audio en el que se escucha la “confesión” de Pacajes en dicha reunión.
