Contra el dirigente de Adepcoca pesan al menos ocho tipos de delitos. La Fiscalía presentó como elementos probatorios certificados forenses, testimonios y flujo de llamadas.
Brújula
Digital|29|08|18.-
El juez octavo de Instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, envío la noche
del martes a la cárcel de San Pedro, con detención preventiva, al presidente de
la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz,
Franklin Gutiérrez, imputado como presunto autor intelectual de la emboscada
ocurrida el viernes en La Asunta, donde murió un efectivo policial y otros
siete efectivos quedaron heridos.
Alexis Dorado, uno de los
fiscales del caso, informó que el dirigente está acusado de “asesinato (del
teniente Daynor Sandoval), tenencia, porte o portación ilícita de armas de
fuego, atentados contra la seguridad y medios de transporte, fabricación
comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes, lesiones graves y
leves, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado e
instigación pública a delinquir”.
Otro de los fiscales del caso,
Fernando Atanasio, informó que presentó como pruebas contra Gutiérrez los
certificados forenses, testimonios y flujo de llamadas.
Dorado no descartó ampliar los
ocho tipos penales tipificados en el Código Penal, para proseguir con el
proceso judicial a Gutiérrez y a otras personas que participaron de la
violencia en La Asunta. Dijo también que se tienen diversos elementos de
convicción que dan cuenta de la probabilidad de autoría del imputado en los
hechos que se registraron La Asunta.
Paola Barriga, defensa de
Gutiérrez, sostuvo que no existen elementos probatorios contra el dirigente.
Dijo que no probaron que su defendido ordenó el enfrentamiento de los cocaleros
con efectivos de la Policía. Aseguró que su cliente no estaba en el lugar
de los hechos investigados, el viernes 24 de agosto, y que lo único que hizo
fue escuchar las quejas de sus bases por los abusos de los erradicadores de
cocales.
Gutiérrez, quien era aliado
del MAS, se volvió en contra del Gobierno después de la aprobación de la Ley de
la Coca que legalizó los cultivos del Chapare cochabambino, en desmedro de la
coca de los Yungas de La Paz.
