Yo firmo esta también

“Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta información accesible para conocer la verdad, y nunca hubo tanta gente negándose a verla”. Esta cita me vino a la cabeza después de leer sendos documentos recientemente publicados por las oficinas en Bolivia del Sistema de Naciones Unidas (SNU), el primero, y por Oxfam Internacional, el segundo. En ambos casos, sus diagnósticos (o la falta de ellos) resultan en propuestas y acciones que, de hecho, explican el extravío generalizado respecto al “elusivo desarrollo”. Me explico.

Comentaré el documento de OXFAM en otra oportunidad. El documento del SNU (“Marco de Complementariedad de NNUU para el Vivir Bien 2023-2027”), es la programación del SNU de tres “prioridades estratégicas” (bienestar de las personas; economía diversificada; y gobernanza con cohesión social) a ejecutar en el marco de las prioridades de desarrollo del Estado boliviano: la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El documento lo firman Sergio Cusicanqui, Ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia, Susana Sottoli, Coordinadora Residente del SNU, y 18 funcionarios internacionales representado a “entidades residentes con acreditación operacional y programática”. Son 20 profesionales –altamente calificados, que ponen la firma en un Acuerdo, que creo, tiene limitaciones serias como instrumento de orientación estratégica y de planificación operativa.

De inicio, la AP2025 y los PDES 16-20 y 21-25 no configuran una estrategia de desarrollo y, menos, marcan la ruta crítica que a seguir para el desarrollo. Desde 2016, uso esos documentos en cursos de maestría y doctorado en un par de universidades, para promover, entre los profesionales, el realismo crítico reflexivo que les permita valorar la Agenda y los planes como lineamientos útiles para diseñar políticas y proyectos de desarrollo productivo con empleo digno.

Del medio millar de profesionales que participaron hasta ahora, un 70% eran –o son, funcionarios públicos mayormente alineados con el MESCP; menos del 5% ha leído la AP2025, y prácticamente nadie los PDES. Luego de analizarlos, todas las opiniones –profesionales, coinciden en que estos documentos no distinguen entre causas, problemas y efectos, por lo que se limitan a sumar deseos y buenas intenciones, expresados en metas declarativas.

Los 17 ODS tampoco marcan una ruta crítica al desarrollo, y las relaciones causa-efecto entre ellos, muestran superposición de temas y claros vínculos de causalidad y dependencia según los rasgos de cada realidad nacional, lo que implica que no deben abordarse “en paralelo” o al azar (en función de disponibilidad de recursos, de presiones políticas, o de preferencias académicas).

En ambos casos, pobreza y desigualdad con resultados finales, no problemas ni, mucho menos, causas. Sobre estas bases, las prioridades que guían las acciones contempladas en el documento del SNU son también mezcla de causas, problemas y efectos: el vivir bien o el bienestar de las personas en salud, educación y acceso a servicios básicos, es resultado de una economía capaz de generar los recursos necesarios para mantener la capacidad y la calidad de esos servicios; pero para que la economía se desarrolle creando valor –económica y ambientalmente sostenible, la condición sine qua non es la calidad y pertinencia de instituciones comprometidas con una visión social compartida de desarrollo, lo que requiere más de una generación para construirse, y otras más para consolidarse. Frente a esta realidad, parafraseando al tango, “5 años es nada”.

En la cruda realidad, el daño que ocasionan malas políticas por debilidad institucional estructural, impiden la configuración de una economía diversificada y, a nivel de las personas, ningún plan o programa asistencial –por grande que sea el bono, mitiga o revierte el daño de la corrupción, el extractivismo, el contrabando, etc. El documento del SNU, no solo equivoca la secuencia de las prioridades estratégicas, sino que sus discursivas metas e indicadores, suponen que “decreto mata problema”. Las metas (informes, personas, actividades, decretos, etc.) no miden –menos califican, la pertinencia y calidad “pro desarrollo” de los resultados de esas acciones.

Por ejemplo, la Prioridad 2 (Economía inclusiva) tiene, como tarea reiterada, crear empleo. El SNU plantea reducir el desempleo femenino y juvenil (rural) en un 1.5%, equivalente a unos 40.000 empleos; por la incapacidad estructural de la economía para crear empleo digno, podrían llegar a ser unos 6.000 empleos decentes efectivos porque, con la métrica del INE, “empleo” incluye el lacerante cuenta-propismo forzado (auto-explotación laboral) que afecta al 80% de la población ocupada. La meta es comparable a la del PDES 2021-25 que busca apenas 7.500 “inserciones laborales” (no nuevos empleos). Como dato de la realidad, Bolivia debería crear 150.000 empleos dignos por año (750.000 hasta 2027) para acomodar a los nuevos entrantes al mercado laboral.

Hay mucha, mucha más “tela para cortar”. Cierto, el SNU no es responsable de las (malas) metas que imponen los documentos oficiales; pero sin duda terminará –como es habitual en el 3er/4to mundo, con guirnaldas, ceremonias y ascensos por exitosos “proyectos piloto” que nunca se logra institucionalizar, pero Bolivia seguirá casi con los mismos niveles de pobreza y –probablemente, con mayor deuda.

El punto, es que sería mucho más eficiente –y ciertamente más útil, que la alta capacidad técnico-profesional que tiene el SNU ayudara a gobiernos a identificar limitaciones técnicas y operativas en sus “políticas del desarrollo”. Al menos, a no validar con su participación, acciones claramente no pertinentes. Al final del día, nuestro pobre grado de desarrollo en el último medio siglo, no se debe tanto a falta de recursos o a la poca capacidad de trabajo, sino a malas políticas gestadas por la incapacidad de los políticos. Insistimos en esto desde hace 30 años.

Estoy tan seguro, que pongo mi firma contra las 20 del Marco Complementario SNU-Gobierno, a que, en enero de 2028, podrá haberse cumplido escrupulosamente el Acuerdo, podrán haberse hecho cosas y financiado consultorías gastado cientos de millones de dólares, pero, en términos del bienestar, de la diversificación económica y productiva, y, sobre todo, de la gobernanza en Bolivia, nada habrá cambiado estructuralmente para mejor.

Enrique Velazco Reckling, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo