Visión país, el desafío de la modernidad

Como es comprensible, hoy la principal preocupación de la población y de quienes aspiran a gobernar el país es estabilizar la economía y superar la profunda crisis económica, en la cual han desembocado 20 años de populismo estatista y autoritario. Una crisis que de prolongarse tendrá un impacto negativo profundo en la estructura productiva y en las condiciones de vida de la población.

Sin embargo, para que el cambio de modelo de desarrollo y de Estado sea duradero es imprescindible articular una visión país que lleve a Bolivia hacía un desarrollo que garantice la libertad y las oportunidades de progreso y prosperidad para el conjunto de los ciudadanos.

En una reciente conversación que sostuve en mi podcast con el sociólogo y conocido intelectual Renzo Abruzzese, éste llamaba la atención sobre la importancia de construir una nueva visión país que supere el ciclo ya concluido de lo nacional–popular, predominante desde la Revolución del 52, y el de la reivindicación racial, que ha marcado los 20 años de gobiernos masistas.

Frente a ello, Abruzzese plantea que se debe debatir el modelo de sociedad que se quiere edificar para procurar construir consensos sobre una nueva visión basada en el ciudadano que nos conduzca hacía la modernidad. 

En mi opinión, una de las grandes frustraciones del pueblo boliviano es el vivir en una sociedad y en un país retrasado y, muchas veces, aún primitivo en cuanto a sus instituciones; quizá, mejor dicho, frente a la carencia de ellas. Por la inseguridad en la que debe vivir el ciudadano, no tanto por los peligros que supone el crimen organizado, sino por la permanente coacción y extorsión a las que lo someten distintas autoridades, funcionarios y entidades del Estado.

Por ello, el desafío de la modernidad trasciende los avances coyunturales que se puedan haber logrado en algunas áreas, como una mayor infraestructura, en carreteras, por ejemplo, o el acceso generalizado a medios tecnológicos (celulares, conexión a internet). Quizás, por el contrario, estas facilidades de acceso a la información y al mayor conocimiento de los niveles de progreso, que caracterizan a otros países, incluidos nuestros vecinos, aumentan el desánimo y el malestar frente a las penurias diarias que el ciudadano experimenta.

No es casualidad que seamos uno de los países con mayores niveles de informalidad de toda América Latina, puesto que la población se debe esconder y huir del Estado para sobrevivir y tener un cierto grado de progreso material. Aunque, igualmente en la informalidad, tiene que enfrentar el costo del chantaje gubernamental permanente. Esto significa también una forma de impuesto vía la corrupción, cuyos destinatarios finales son las estructuras piramidales que constituyen las redes de supervisores de las distintas reparticiones gubernamentales que controlan las actividades económicas.

Consecuentemente, es de fundamental importancia entender que el desafío de la modernidad va más allá de crecimiento económico y que incluye la construcción institucional de un Estado que garantice las libertades ciudadanas y libere la energía e iniciativa creativa de las personas. Esto para que, tanto trabajadores como emprendedores, puedan liderar la creación de empleo y el establecimiento de nuevos proyectos económicos que, en condiciones de competitividad, garanticen la sostenibilidad del crecimiento en el largo plazo.

Un Estado de derecho institucionalizado supone limitar el poder de los gobernantes y de la burocracia publica para que estén siempre sujetos a leyes y normas que respondan al interés general y a la rendición de cuentas, frente al carácter temporal del poder y a los mecanismos de una justicia independiente.

Un Estado de derecho institucionalizado puede y debe ser un Estado fuerte que no requiere intervenir en la vida de las personas y competir con las empresas; sino brindar garantías y seguridades a las personas, a las familias y a los emprendimientos, quienes, en un marco de garantía y seguridad, puedan crecer en un círculo virtuoso que genere oportunidades para el conjunto de la sociedad.

Es, en el fondo, un Estado subsidiario que busca facilitar la vida y el trabajo a la gente, interviniendo en aquellas áreas en las cuales el interés privado no es suficiente para solucionar un problema de carácter público.

Por ello, los esfuerzos de estabilización, que seguramente marcaran las urgencias de la próxima gestión de gobierno, deben estar acompañados y complementados con un amplio proyecto de desregulación de la vida en común (pensemos en todos los tramites que debemos realizar los ciudadanos frente a el Estado) y de la institucionalización de estas instituciones para que se conviertan en verdaderas organizaciones de servicio al ciudadano y no de abuso público, como experimentamos hasta la actualidad.

Oscar Ortiz fue senador y ministro de Estado.