Violencia política en Bolivia

Faltan dos meses para la realización de uno o dos congresos nacionales del MAS. Las acusaciones cruzadas de narcoprotección, corrupción, traición y manejo fracasado de la economía, y los anuncios de demandas penales con advertencias de movilizaciones como respuesta pueden escalar a otro nivel en la pugna masista, a uno en el que mande la violencia política.

Las escaramuzas comenzaron de cara a octubre, cuando el MAS-IPSP deba renovar su dirigencia nacional y elegir a su candidato presidencial. Ya se produjo una batalla de proclamaciones en Santa Cruz y en Sucre volvieron los enfrentamientos físicos entre seguidores del arcismo y evismo, al finalizar un ampliado/congreso de los interculturales.

Una maniobra política de los primeros convirtió el ampliado en congreso para reelegir a la directiva. Los segundos intentaron frenar la bochornosa manipulación con patadas, puñetes y sillazos. Las batallas campales en el masismo ya no son una novedad, pero pueden ponerse más violentas de aquí a octubre de este año.

En el plano discursivo, las descalificaciones entre unos y otros han subido de tono y amenazan con cruzar todos los límites. Evo Morales acusó al Gobierno, en particular al Ministro de Gobierno, de narcoprotección a Sebastián Marset pero sin presentar una sola prueba. Incluso habló de miles de dólares que habría recibido del narcofugitivo sobre la base de comentarios que le hicieron policías en servicio activo.

El Ministro de Justicia se metió en la pelea y mandó al exjefazo a estudiar matemáticas y le pidió que busque un buen abogado porque lo demandará ante la “justicia” por acusar sin fundamentos: Leales al caudillo cocalero le respondieron con la advertencia de iniciar movilizaciones y la denuncia de que pretende asesinarlos.

El evismo ha ratificado, sin margen de discusión alguna, que el Congreso del MAS se efectuará el 4, 5 y 6 de octubre en Lauca Ñ, corazón del Chapare y base de la radio cocalera Kawsachun Coca. El arcismo se propone realizar el Congreso en El Alto bajo el argumento de que la ciudad rebelde derramó sangre y entregó vidas en 2019 por el regreso del MAS al poder.

La Alcaldesa de El Alto expresó su emoción por la posibilidad de que su ciudad sea anfitriona del Congreso y dirigentes de la Asamblea de la Alteñidad atacaron al diputado evista Héctor Arce, conocido por sus denuncias de corrupción contra autoridades del Gobierno, y al Procurador General del Estado, exabogado personal del caudillo masista.

¿A quién le interesa que El Alto se muestre envalentonado y dispuesto a enfrentar al Chapare? ¿Quién se beneficia con una sobre estigmatización del trópico de Cochabamba alentada con permanentes destrucciones de fábricas de cocaína antes del cónclave? ¿Está en marcha un plan de confrontación social-territorial?

Por supuesto que a la que mejor le viene este escenario de tensión es a la facción arcista porque la asociación que se hace casi automáticamente entre el Chapare y el narcotráfico, impulsada por las mantenidas intervenciones a las narcofábricas, es considerada como una carga para el Gobierno y, por tanto, justifica la realización del Congreso del MAS en la ciudad de El Alto.

En el fondo, puede ser la manera de zafarse de las federaciones cocaleras que ya tienen lista la designación de su caudillo como candidato presidencial del MAS-IPSP. Lo que no toma en cuenta el arcismo es que Morales y sus partidarios no están dispuestos a que les arrebaten la organización del Congreso y la proclamación oficial del caudillo.

La violencia partidaria volvió a aparecer en la capital del país y puede repetirse en cualquier ampliado o reunión previa al Congreso Nacional del MAS. Las patadas, puñetes y sillas volando por los aires pueden convertirse en el recurso para intentar desbaratar uno u otro congreso, con el riesgo de que se descontrole y deje consecuencias inesperadas.

Está claro que el panorama tiende a agudizarse. Pero, también se advierten señales de que el Gobierno está buscando consolidar su alineamiento a China, Rusia e Irán, en su intención de explotar el litio en los salares de Potosí y Oruro con rasgos de industrialización y de extraer uranio de los Lipez potosinos para favorecer la carrera nuclear del gobierno de Teherán.

El litio puede ser el pasaporte geopolítico de Bolivia ante los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que celebrarán una cumbre de presidentes del 22 al 24 de este mes en un centro de convenciones de Johannesburgo y en la que Luis Arce participará como invitado, a fin de frenar, según personeros y asesores gubernamentales, la ambición estadounidense por el litio boliviano.

En el caso del uranio, el acuerdo firmado entre Irán y Bolivia para el desarrollo de un sistema de ciberseguridad garantizaría la llegada de los intereses iraníes a los Lipez potosinos. De hecho, en los últimos días hubo cambios en la Embajada de Irán en La Paz que apuntan a acelerar la seguridad cibernética exaltada por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y la explotación del uranio.

Estamos lejos de los niveles de violencia política que se viven en Ecuador, Venezuela y otros países de la región, pero las acusaciones, los anuncios de juicios, las advertencias de movilizaciones. las batallas campales… están abonando el terreno para un período de violencia en el país que tiene a la guerra de facciones como punto de partida y puede extenderse hasta las elecciones generales de 2025. En este tipo de fenómenos políticos, se sabe cuándo empiezan, pero no se tiene idea de cuándo ni cómo pueden acabar.

Edwin Herrera es periodista.