Un caso para morirse de rabia o de risa

Entre el martes 12 y miércoles 13 de febrero de 2013, noche y madrugada de Carnaval, dos grupos de jóvenes tomaban unos tragos en el quiosco de la plaza de Pocoata. En el primer grupo estaban dos chicas y cuatro hombres; en el segundo, cuatro hombres. Una de las chicas tenía esa vez 14 años, Carmen (nombre ficticio), ella convocó a beber alcohol al resto del grupo, según testimonios de sus propios amigos.

Un joven del primer grupo invitó a los del segundo a conformar un solo grupo para compartir. Pasada la medianoche, Carmen estaba tan ebria que confundía a su amiga con su hermana. Ante la situación, un joven del segundo grupo propuso “recoger” a Carmen a su casa puesto que era casi vecina.

De los cuatro que estaban en el segundo grupo, dos se quedaron en el quiosco y dos acompañaron a la chica junto al resto del primer grupo. Cuando estaban a unos 100 metros de la casa de Carmen, el grupo de ella decidió ir por la calle que va en dirección contraria a su casa. 

A fin de cuidar a Carmen, uno de los dos chicos del primer grupo se opuso: “Ella no vive abajo, sino arriba”. Cuando intentó llevarla a su casa, los hombres del otro grupo reaccionaron con golpes hasta tumbarlo y se fueron con Carmen y su amiga.

Mientras uno consolaba al otro por la golpiza, se acercaron otros seis jóvenes tocando charango, entre ellos el que fue luego a avisar al papá de Carmen. Apenas se reconocieron, el agredido comunicó a sus amigos: “Unos tipos me pegaron y se fueron hacia abajo”. Avisados de lo sucedido, corrieron en busca de los agresores. En una de las calles encontraron a la amiga de Carmen abrazada a un chico que escapó al ver al grupo.

“¿Estás bien?”, le preguntó uno de ellos. La amiga guardó silencio. Sin más trámite, siguieron buscando a los agresores y a Carmen. Al no encontrarla, el grupo se dispersó. Los dos del quiosco volvieron a la plaza a reencontrarse con los otros dos que se habían quedado ahí, a quienes contaron lo sucedido.

Uno de los jóvenes del tercer grupo fue a casa del papá de la chica de 14 años, Carmen, para alertarle sobre su hija. Apenas entró, preguntó: Hermano, ¿está aquí tu hija? Él respondió que sí, mas cuando entró a la habitación de Carmen descubrió que en la cama sólo estaba una almohada que simulaba reemplazar el cuerpo de ella. 

El papá se exasperó y salió en busca de su hija junto al joven que vino a avisarle. Ambos fueron hacia la zona del cementerio; al no hallar a nadie, retornaron. En ese trayecto, se encontraron con tres jóvenes del primer grupo. El joven que sufrió una golpiza por defender a Carmen reclamó: “Mira lo que me hicieron por defender a tu hija”. El papá respondió con un puñete y éste recibió otro por parte de otro joven.

Tras la breve pelea, el papá y su amigo retornaron a su vivienda. Apenas pasaron el umbral, se enteraron que Carmen ya estaba en casa. La tía y abuela de ésta contaron que encontraron a la señorita (señora hoy) ebria, pero intacta, sin ningún rasguño. “No pasó nada”, aseguró la tía después de una verificación.

Pasado Carnaval, el papá denunció que su hija fue violada y responsabilizó a los dos jóvenes que la cuidaron, a los otros dos que se quedaron en la plaza y al señor que fue a alertarlo.

Basado en declaraciones tomadas y manipuladas por el policía Freddy Mendoza Calizaya, el fiscal de Colquechaca en 2013, Hugo Fernández Surumi, imputó. No hizo ninguna investigación, no contrastó declaraciones, no tomó declaraciones ampliatorias, por ejemplo, a la amiga de Carmen y a los otros cuatro jóvenes. En resumen, no hizo su trabajo. Al enterarse que eran procesados, los jóvenes se presentaron ante el fiscal y exigieron que se les tome muestras para una prueba de ADN.

Dos años después, otro fiscal, Trifón Romero Arratia, sin previa investigación ni análisis de indicios acusó. Todos los fiscales que conocieron el caso se negaron a cumplir el artículo 225.I de la Constitución: “El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad”. Señala: defenderá los intereses generales; no dice: sólo de los acusadores.

Todos los fiscales se negaron a razonar sobre los hechos bajo el argumento de que en medio está una menor de edad. La menor de este caso armó una farra y mintió.

La ineptitud de los exfiscales Fernández y Romero, que presumieron culpabilidad y no inocencia, causa risa sarcástica; pero las consecuencias de su incompetencia, rabia.

La justicia no puede estar en manos de fiscales tan ineptos, son un peligro. ¿Hay remedio? Sí, pero creo que al Ministerio Público le importan poco las injusticias que sufren los inocentes.

Andrés Gómez es periodista.