La impunidad embrutece a una sociedad. La impunidad es una afrenta a los derechos humanos, provoca desigualdad, discriminación, profundiza grietas sociales y culturales; quiebra las normas y leyes vigentes en un país, pulveriza la moral y la ética del comportamiento de los funcionarios públicos, pero fundamentalmente, la impunidad es complicidad.
Y, en estos tiempos “nuevos”, no creo que nadie quiera –en lo más íntimo de su conciencia– ser cómplice de más de 20 años de saqueos, abusos y negligencias en el Estado Plurinacional de los masistas y no de los bolivianos.
Nadie debería –siquiera– tratar de proteger o negar procesos de investigación a la pasada administración de los recursos de todos los bolivianos, los mismos que fueron, groseramente, desfalcados para pecunio propio para el beneficio inmoral de una recua de dirigentes, autoridades y ministros del MAS-IPSP.
Hoy la política es impunidad. Quizás siempre lo fue, desde sus inicios allá por el ágora ateniense. Los poderosos siempre se encubren, se solapan, se adulan. ¿Habrá llegado el tiempo de nueva conducta política en Bolivia? ¿Se estará aleccionando un comportamiento ético y transparente por parte de la gestión pública? Soy periodista y, por supuesto, desconfío y mucho más de los políticos.
La impunidad –y es así cómo deberíamos entenderla– es el ejercicio del poder sin rendición alguna de cuentas o si se quiere en su forma más descarnada, en la comisión de delitos sin castigo y que postula la idea de que “la ley es para los tontos”.
Las investigaciones y estudios al respecto rastrean el abuso de poder en cinco dimensiones sociales clave para medir los niveles de impunidad en un país: la gobernanza sin rendición de cuentas, el abuso de los derechos humanos, conflictos sociales, culturales y económicos sin fiscalizaciones y responsabilidades y, la explotación y degradación medioambiental sin control.
Si miramos desde el retrovisor, durante más de dos décadas se ha incurrido, de una manera abierta, decidida y con un desparpajo alucinante, todas estas violaciones y abusos y nunca hubo investigaciones y, mucho menos, responsables y acusados. El mayor castigo fue perder la pega pública y quedarse sin un policía que le cargue su maletín y sin vagoneta y chofer.
Pero no hubo auditorías, investigaciones probas, juicios castigos punitivos y carcelarios. Sólo hubo una persecución descomunal a los contrarios, se judicializó la política, se generó una competencia desleal y abusiva por parte del Estado y se persiguió a toda la cadena productiva privada del país con impuestos, juicios y multas extorsivas.
¿Quién responderá por todas las quiebras económicas de las empresas estatales? ¿Quién se hará cargo de todas las muertes del masismo en casos armados bajo el mote de terrorismo? ¿Quién se hará cargo de la quiebra de la matriz energética y de YPFB? ¿Quién se hará cargo del uso de cientos de millones de dólares malgastados por negligencia en obras públicas para construir galpones con los colores del MAS, canchas de futbol por doquier y aeropuertos abandonados? Y así puedo escribir una retahíla de conductas contrarias a la ley, un millar de acciones abusivas hacia los bolivianos por pensar diferente y otro millar más de odio y resentimiento social y cultural inventándose nuevas categorías de bolivianos.
La estabilización de la economía, normalizar la demanda de carburantes y el retorno de divisas es, sin duda alguna, la prioridad crítica de la actual gestión, pero las auditorías y juicios de responsabilidades son parte fundamental de este proceso, porque si no, administrativamente, podrían llegar a ser cómplices por no denunciar los timos, los dolos, los fraudes y los miles de abusos masistas.
La impunidad es matar la memoria histórica de un país. La impunidad siempre prospera en la oscuridad. La impunidad es una violación al bienestar social de todos y cada uno de los bolivianos. Es un robo descarado a la esperanza y felicidad de todos.
Quizás, el epítome de la impunidad es el pedófilo Evo Morales junto a un entorno cercano altamente tóxico y que durante dos décadas gobernaron e hicieron lo que, literalmente, les dio la gana. ¿Dónde están? ¿Armando sedición? ¿Construyendo las bases de un boicot político? ¿Planificando una convulsión social por los ajustes económicos que son ineludibles? ¿Alguna vez rendirán cuentas ante la justicia?
Después de la dictadura pinochetista, el gobierno de Ricardo Lagos –primer gobierno democrático con el fin del poderío castrense– tuvo la inteligencia y la justeza de conformar una comisión del más alto nivel, conformada por los juristas y gente muy proba para investigar de la manera más ecuánime y objetiva posibles, para la gran reconciliación entre chilenos. Justicia para todos. Fue el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, liderada por Raúl Rettig. Una madurez política, social y legal admirable.
De nuevo las preguntas: ¿Podremos encontrar justicia en un informe político, económico, social y cultural postevismo? ¿Habrá una auditoría en regla y sin tergiversaciones antojadizas, para el esclarecimiento de tanto abuso y encontrar a los responsables para luego enjuiciarlos en justicia y ley?
No lo sé. Como les decía, soy periodista y soy desconfiado por naturaleza. Muchísimo más con los políticos.
Javier Medrano es periodista y cientista social.
