Por qué somos pobres, en el universo paralelo de los políticos

Dos notas de opinión recientes me han ratificado que nuestros políticos crean fantasías y las usan como verdades, que luego tratan de imponer. Me refiero a las de Oscar Ortiz (“Pobres por decisión propia”, Página Siete 16.02.21) y de Héctor Arce (“Una Constitución para la vida”, Página Siete, 18.02.21), políticos que se ubican en extremos opuestos del espectro político e ideológico actual.

El exsenador Ortiz comenta el análisis de Mario Vargas Llosa sobre el desempeño político, institucional y económico de Alemania y Venezuela; nota las grandes diferencias en acervo de recursos naturales entre estos dos países, siendo el segundo de ellos el más beneficiado; ese tema le permite a Ortiz introducir la situación boliviana. Destaca que, en los últimos 15 años, se desperdició una inédita bonanza y, sin embargo, “quien fuera el ministro de Economía que acompañó el mayor despilfarro de recursos de la historia nacional ganó las elecciones y nos gobernará con el mismo modelo que ya fracasó”, para concluir con “no hay duda, somos pobres por decisión propia”.

Es decir que para el señor Ortiz la culpa es de las personas que votaron. Pero, ¿acaso no hubo las advertencias suficientes respecto a este resultado si no se presentaba una alternativa real al MAS? ¿Qué sobre los políticos que decidieron tozudamente, por intereses propios, mantenerse como opciones de voto en la papeleta? ¿No se escuchaban en el Palacio Quemado las miles de voces que advertían del grave error de la candidatura de la expresidente Jeanine Añez? ¿Había propuestas claras que den confianza de un gobierno con fuerza suficiente para conducir el país sabiendo que el MAS haría todo lo necesario para generar conflictos? ¿Por qué no se investigó ni se castigó a los responsables del fraude electoral, acción necesaria para restituir la institucionalidad? ¿Por qué ningún político planteó salir del modelo extractivo-rentista de Luis Arce mediante ajustes a las políticas cambiaria, monetaria, fiscal, o a la extrema financiarización?

En fin, es posible que, para la gente, valió más “lo malo conocido que la ‘nada’ por conocer”. Pero esto no significa que el actual gobierno hubiera recibido carta blanca: “volver al pasado” no es opción; más de lo mismo acentuará el conflicto y la frustración –esta vez con bronca– puede ser el resultado del optimismo infundado que los actuales gobernantes alientan.

La nota de Héctor Arce es, precisamente, una oda extrema al optimismo infundado. En su opinión, la de 2009 es una “Constitución para la vida” cuyos rasgos salientes son cuatro.

Primero, Bolivia como Estado Plurinacional. Afirma que la plurinacionalidad “sin duda, logró igualdad entre bolivianos, quizá la hazaña más grande del nuevo texto”. Pero Chaparina y el uso discrecional del poder coercitivo del Estado son contraejemplos; muestran que declarar en el texto a Bolivia como plurinacional dista mucho de lograr la igualdad: de hecho, como exministro de Justicia, no puede ignorar que estamos peor que antes en cuanto al nivel esencial de igualdad: la igualdad ante la ley.

Segundo, la CPE de 2009 estableció, dice Arce, una economía social caracterizada por la “captura del excedente para su distribución entre los que más lo necesitan”. Pero, en varios ensayos, hemos demostrado que los 33.000 millones de bolivianos transferidos en bonos desde 2008 son menos de la séptima parte de lo que los asalariados dejaron de percibir por la absurda presión tributaria, exclusivamente recaudatoria; en general, las políticas fiscal y monetaria, lejos de distribuir el excedente, lo concentran.

Por ejemplo, el Ministerio de Economía destaca que, gracias a la financiarización, entre 2008 y 2017 las utilidades del sector financiero crecieron 802% y el Estado “capturó parte de ese excedente” con el IUE. Pero las utilidades del sector (y el IUE) salen de los ingresos operativos anuales –más de 3.000 millones de dólares (8% del PIB en 2017)– que el Sistema de Intermediación Financiera “extrae” a la economía real en intereses y comisiones. Lo racional sería reducir el “spread” (diferencia entre el interés activo y pasivo), pero el modelo prefiere tener enormes utilidades para pocos (afectando a muchos) siempre que el gobierno obtenga una buena tajada.

Las autonomías y los cambios al sistema democrático son el tercer y cuarto rasgos que Héctor Arce destaca como “realidades logradas”. Las evidencias concretas en estos ámbitos son lapidarias contra el optimismo (¿propaganda?) de ese discurso. Las autonomías le fueron impuestas al MAS y por ello trabajó para debilitarlas lo más posible. En el mejor de los casos, lo que el MAS construyó es una autonomía tutelada y controlada desde el Ejecutivo; su producto más visible hoy es el crecimiento de caras e incompetentes “buroparasitocracias” políticas. En la misma línea, la “electoralitis” resultante de las “reformas a la democracia”, ya costó 2.000 millones de bolivianos y ha servido para encumbrar en cargos de poder a personas impuestas, sin méritos ni capacidad. Las dos elecciones judiciales, el 21F y las re-re-re elecciones presidenciales, lo prueban: en todos estos casos, el respeto al voto ciudadano –rasgo esencial de democracia– ha sido ignorado groseramente.

En síntesis, ¿por qué Bolivia, que en 1950 tenía un nivel comparable de PIB per cápita al promedio de América Latina hoy compite por los últimos lugares en la región a pesar de contar con un gran caudal de recursos? La explicación más probable es la incompetencia de nuestros políticos. Pero, claro, ellos le pueden echar la culpa al imperio, a los izquierdistas o, ahora, a la gente. Creen que la culpa es de la ciudadanía, que basta aprobar decretos para poder vivir bien y que llevar el Perseverance a Marte fue tan fácil como hacer una peli de Hollywood.

Si alguna culpa real tenemos como ciudadanía es no poner en evidencia a los políticos, por lo que son, unos simples difusores de cantos de sirena.

Enrique Velazco Reckling, director de INASET, es investigador en desarrollo productivo.