PGE 2023, del blindaje de la economía a la conspiración

Sobre la reformulación del presupuesto para el año 2023 se armó un verdadero zafarrancho, que propagó sobre la opinión pública boliviana nubes de confusión, propaganda engañosa y una densa red de mentiras, técnicas y políticas. En el fondo, este es uno más de los capítulos de la pelea tóxica entre los exhermanos del proceso cambio.

En agosto de este año, el Ministerio de Economía envió la reformulación del presupuesto general de Estado de 2023 con dos objetivos: incrementar los recursos para gastos e inversiones por un valor de 6.455 millones de bolivianos y establecer disposiciones financieras específicas para su aplicación.

Este proyecto de ley ha pasado por las instancias legales pertinentes. El Senado aprobó la reformulación del PGE 2023 en lo que se refiere a los gastos adicionales, pero eliminó siete disposiciones adicionales bajo el argumento de que no hacen a la esencia de la reforma presupuestaria y la política fiscal en curso. También, siguiendo las normativas vigentes, la nueva propuesta enviada desde el Senado se discutió en la Asamblea, que incluye diputados y senadores, donde se podía haber rechazado o aprobado las enmiendas hechas. Los legisladores optaron por el rechazo.

Como antecedentes de este análisis, cabe recordar que el 70 % de este dinero iría al gobierno central y el 30% a gobernaciones, municipios, universidades y otras instituciones.

En el pasado, y cuando el MAS tenía 2/3 de los votos, las aprobaciones y reformulaciones de los presupuestos eran automáticas y se usaba la técnica del “aprovechamiento” sin que nadie diga ni pío. Seguramente muchos de ustedes han asistido a la siguiente situación: un minibús va por una avenida con mucho tráfico y en el medio de la cuadra, con autos a la izquierda y la derecha, un pasajero sin el menor empacho dice “maestrito, ¿puedo aprovechar?”. Y este, con complicidad impune, le responde a quemarropa “aproveche nomás, joven”. Algo similar ocurría con la ley del presupuesto y sus reformulaciones en el pasado. El gobierno siempre aprovechaba para corregir y enmendar a veces asuntos secundarios, pero también temas que nada tenían que ver con la gestión fiscal. Esta práctica fue común por 17 años. Sin embargo, en esta oportunidad una parte de los seguidores de la práctica del aprovechamiento, en un ataque de sensatez y también de oportunismo político, se opusieron a que pasaran tres hormiguitas, dos cebras y dos elefantes gigantescos, es decir las siete enmiendas. Además, saben que entre gitanos azules no se pueden leer la suerte, se conocen todas las mañas.

El gobierno hace cuestión de Estado por las siete enmiendas y denuncia el sabotaje económico de una nueva megacoalición de archienemigos del pasado. Ahora Evo duerme con Camacho. La narrativa que instala es que si no se aprueba el presupuesto en su totalidad, gobernaciones, municipios y universidades serán estranguladas financieramente. Es un todo o nada. Se argumenta que el desarrollo económico de Bolivia y el equilibrio social y económico están en juego si no se aprueban las siete enmiendas que, a estas alturas del campeonato, se han convertido en los demiurgos del proceso de cambio.

Pero veamos si el mundo va a detener si estos siete jinetes no avanzan. Dígase de paso que las siete enmiendas modifican artículos de cinco leyes. La primera modificación es al párrafo 1 del artículo 13 de la ley 169 de 2011. El cambio que se buscaba introducir lo que hace es dar más libertad a las instancias ejecutivas para gastar o invertir el dinero. Ocurre que los concejos municipales o asambleas departamentales ponen trabas y las inversiones tardan mucho tiempo en su ejecución. La economía regional viene funcionando casi 17 años sin esta flexibilidad. Parece razonable que se dé más autonomía. Entre tanto, está lejos de ser un tema de vida o muerte, en especial cuando falta un mes y medio para terminar el año.

Una segunda enmienda introduce algunos párrafos al artículo 19 de la ley 317 de 2012. Con este cambio se autoriza al Ministerio de Economía a sacar recursos de los gestores de salud y las empresas públicas. Claramente esta medida muestra la hambruna fiscal que vive el Estado, que necesita plata desesperadamente. Por lo tanto, autoriza que el Estado central meta la mano en estas entidades descentralizadas. Es un peligro dejar libre a este Estado central famélico de recursos y con las uñas grandes para que asalte los recursos de entidades descentralizadas. Mantener las restricciones no parce mala idea y no compromete en lo más mínimo los gastos y las inversiones que realicen gobernaciones, municipios y universidades.

Una tercera enmienda modifica el párrafo 1 del artículo 5 de la ley 1493 de 2022. La redacción que se propone es que se cree el fondo de fomento al desarrollo de ciencia y tecnología para incentivar el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovaciones, ejecutadas a través de universidades e institutos técnicos. Esta sin duda alguna es una medida trascendental para el sistema universitario y por supuesto no podría entrar de contrabando en una ley que solo busca reformar el presupuesto. Es un tema que necesitaría de una ley propia dada su importancia y alcance y requeriría por supuesto un gran debate nacional.

En la estrategia de parchecitos está una reforma a la ley 1431 de 2022, que asigna recursos adicionales del TGE en favor de la Procuraduría General para que el Estado tenga plata y busque acuerdos de solución amistosa en tema de derechos humanos. Aquí nuevamente es un tema sumamente delicado y complejo y requeriría una normativa propia y por supuesto, una evaluación del trabajo de la Procuraduría que, hasta donde se sabe, es una máquina de perder juicios y usar recursos públicos. Les aseguro que en el mes y medio que queda de gestión, tampoco el mundo se va a acabar porque no se apruebe esta enmienda.

Finalmente, creo que lo más polémico son las enmiendas que se buscan hacer a la ley 393, de 2013. Son cambios a la ley de servicios financieros, una normativa compleja y que tiene que ver con la política monetaria y financiera y no está directamente vinculada al tema fiscal. Por una parte se busca dar más poder a la autoridad de supervisiones del sistema financiero (ASFI) para que controle a grupos financieros y, por otra, se pretende proteger a aquellos que denuncien operaciones sospechosas, quienes obtendrían inmunidad administrativa, civil y penal. Ambos temas son complejos, requieren un análisis profundo y no pueden entrar de contrabando en la reformulación del presupuesto. Y una vez más, su rechazo no interfiere en las necesidades de gasto e inversiones.

En suma, si hubiera seriedad de parte del Ejecutivo y el objetivo fuera atender las emergencias de la crisis del agua y los incendios brindando más recursos al Estado, la ley debía concentrarse en la reformación del presupuesto; las otras enmiendas deberían estar en normativas separadas.

Ahora sospecho que detrás del berrinche del Gobierno existe una tentativa de crear una coartada para justificar el pobre desempeño económico que se avecina, en especial, que el crecimiento de la economía este año estará en torno del 2%; en el discurso, la culpa la tendrán el contexto internacional y el sabotaje de la Asamblea. Así pasaremos del blindaje a la conspiración de los enemigos del proceso de cambio. Cabal casero.