No habrá justicia si sigue el “fiscalato”

Mientras el Ministerio Público permanezca bajo el control del gobierno de turno y no de la ley, algunos fiscales seguirán siendo los reyes de la injusticia.

Presento evidencias:

Edwin Blanco, cuando era Fiscal de La Paz, inventó una historia, montó “pruebas” contra el médico Jhiery Fernández, lo imputó y acusó de violación pese a que la enfermera Lola Rodríguez testificó que el profesional no vio ni tocó al bebé Alexander. Blanco camina hoy impune en las calles.

Los fiscales Ramiro Prieto, Rudy Terrazas y Erlan Almanza ordenaron, en 2017, la aprehensión del entonces dirigente cívico de Achacachi, Elsner Larrazabal, por un hecho que no cometió: secuestro. Los tres pidieron cárcel para Larrazabal pese a que éste demostró con testigos, pasajes, fotografìas y facturas que el día del supuesto secuestro estaba en Cochabamba. ¿Acaso una persona puede secuestrar a otra que está a 500 kilómetros de distancia? Es más, el supuesto secuestrado negó el hecho.

La Fiscalía abrió 86 juicios por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado a Marco Antonio Aramayo que cumplió su deber de cuidar el patrimonio público en su condición de Director del Fondo Indígena. Es decir, los fiscales del caso acusaron y encarcelaron al denunciante que investigó, monitoreó y entregó un informe al entonces Contralor, Gabriel Herbas, sobre las irregularidades que halló en 153 proyectos financiados por el Fondo Indígena. Marco Antonio está preso, desde hace casi seis años. En todos los casos, los fiscales le piden, al no tener pruebas de sus acusaciones, declararse culpable.

El fiscal Alexis Vilela imputó y pidió el 28 de agosto de 2018 el encarcelamiento del dirigente de los cocaleros de Yungas, Franklin Gutiérrez, por varios delitos, entre ellos: asesinato y portación ilícita de armas de fuego. Vilela no investigó nada, sólo ejecutó una orden política. Gutiérrez no mató ni portó armas. Aquel día del supuesto hecho, el dirigente cocalero estaba a 45 Km de donde cayó la supuestamente víctima. Nadie puede estar físicamente en dos lugares al mismo tiempo, salvo que tenga poderes sobrenaturales.

Tal fue la maldad de la Fiscalía que inventó un viaje de Gutiérrez a Colombia para vincularlo a grupos narcoterroristas de aquel país para mantenerlo preso. Es decir, cometió el delito de falsificar datos migratorios para acusar a un inocente. La saña no termina ahí. En lugar de retirar la acusación y pedir disculpas a Gutiérrez y al dirigente cocalero, Sergio Pampa, por haberlos acusado sin pruebas, el mismo fiscal Vilela y sus colegas, Antonio Mamani y César Choquehuanca, cambiaron el tipo penal y presentaron recién una acusación contra ambos dirigentes por atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y medios de transporte.

El pasado 12 de noviembre de 2020, César Dockweiler Suárez, exgerente de Mi Teleférico, mandó una carta al Fiscal General, Juan Lanchipa, para denunciar que el hoy fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, le pidió el 4 de diciembre de 2019, cuando aún no era fiscal, 50 mil dólares para “neutralizar los procesos” en su contra con sus “contactos al interior de la Fiscalía de La Paz” y “sus amigos políticos”. 

El expresidente del Directorio de la Red ATB, Marcelo Hurtado, denunció que el mismo Marco Antonio Cossio, antes de asumir el cargo de fiscal (diciembre de 2019), le pidió un millón y medio de dólares y todas las acciones de la empresa televisiva para frenar sus procesos (deduzco) con sus contactos en la Fiscalía Departamental y sus amigos políticos. Vale decir, lo extorsionó. 

Un caso más de yapa: Un fiscal acusó a un grupo de jóvenes de un caso de violación pese a que el certificado médico y la médica que atendió el caso estableció que no hubo violación y que la supuesta víctima no tenía ni un rasguño en su cuerpo, que el estudio psicológico no detectó ningún trauma sexual y pese a que seis testigos vieron a los jóvenes en otro lado a la hora que se cometía el supuesto hecho. Sería el primer caso de tele-violación o violación a distancia y en estado de levitación. 

He ahí un retrato del “fiscalato”, como lo denominó el escritor Manfredo Kempff a esta forma de sicariato contra la justicia. ¿Quién nombra y protege a estos fiscales que inventan casos, montan pruebas, extorsionan y acusan sin pruebas? ¿Quién los vigila o frena? Nadie. Mientras siga el “fiscalato”, no habrá justicia. El Ministerio Público necesita una limpieza. Sí, hay fiscales excelentes y honestos, éstos se quedarán; los otros deberán ser echados.  

En los últimos días, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la reforma de justicia. Para ello, anunció la conformación de una Comisión de Notables. Solicito a esta Comisión considerar en la reforma al Ministerio Público.    

Andrés Gómez es periodista.