Maduro y una nueva denuncia internacional

Comenzó la asamblea de las Naciones Unidas (NNUU) y seis países de la región presentarán de manera formal una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, por violación sistemática de los DDHH que son crímenes de lesa humanidad, y no prescriben.

Los países que suscribirán esta carta de denuncia son: Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Argentina y Canadá.

Lo crímenes por los que denuncian a Nicolás Maduro son muy graves: 131 personas muertas a manos de paramilitares o soldados, 12.000 detenciones arbitrarias, personas que han sido sometidas a la tortura y vejámenes sexuales y 1.300 personas consideradas como presos políticos.

Estos datos están en los dos informes que sustentarán la acusación de los seis países. El primero es un informe de un grupo de expertos e investigación que convocó la OEA. Ellos, en mayo pasado, concluyeron un informe en el que dicen que hay fundamento suficiente para demostrar crímenes de lesa humanidad; y el segundo es un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y ratifican que éstos crímenes se cometieron en Venezuela. La carta de denuncia, más estos dos informes, serán entregados a la gambiana Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional.

La pregunta es si la demanda de los seis países de la región tendrá impacto. El canciller peruano cree que sí porque siendo los países vecinos, los demandantes permitirán un proceso más acelerado.

Los antecedentes de la fiscal Bensouda no son alentadores, su familia trabajó con la dictadura de su país, que duró 22 años. Ella habría tenido vínculos con esa dictadura y debería estar investigando casos de lesa humanidad de su país.

Maduro, de manera preventiva, tomó algunas medidas para protegerse de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, es el único país que nombró una embajadora ante esa Corte Penal Internacional. Ningún país lo hizo, pero la embajadora de Venezuela entra y sale de la entidad y decide sobre fiscales y jueces porque hace aportes económicos muy significativos.

¿Es posible que ante una acusación de mayor contundencia hecha por seis países de la región pueda presionar a la fiscal para que el proceso avance y se escuchen a las víctimas? Uno espera que sí. Uno hace fuerzas para que la justicia llegue en algún momento y derive en una orden internacional de detención, aunque no podrán detenerlo en Venezuela.

Maduro también tomó otra determinación, contrató los servicios del juez Baltazar Garzón. Un juez con tanto prestigio Internacional y ahora es asesor jurídico de asuntos que llegan a la Corte Penal Internacional referidos a Maduro. Esta Corte Penal Internacional es resultado del estatuto de Roma de 1998 para proteger a la humanidad o por lo menos hacer justicia con dictadores. Se creó en 2002.

Los que no suscribieron el estatuto de Roma fueron EEUU, China e Irak. Rusia abandonó ese cuerpo en 2016 alegando que la corte es poco operante. Parte de razón tiene porque en 20 casos de crímenes de lesa humanidad en África apenas emitieron tres sentencias y una de ella fue anulada.

Es muy posible que además Maduro quiera protegerse del veto que tienen China y Rusia en el Consejo de Seguridad. Ese veto es importante porque impidió que se presente una demanda de crímenes de lesa humanidad contra la dictadura siria. Pero todavía hay esperanzas.

Tomado del programa Cabildeo, 25|9|18

Amalia Pando dirige el programa Cabildeo, que se emite por radio Líder y por internet