Luego no nos quejemos

La apatía de nuestra sociedad en temas centrales para la democracia ya es digna de estudio. Vivimos quejándonos de los excesos de poder, de la difícil situación económica, de la falta de oportunidades para todos y de las barbaridades en la administración de justicia. Pero, a la hora de hacer algo concreto, el conformismo termina ganando la batalla individual y colectivamente.

El convencimiento de que la justicia está en crisis terminal y que urge una cirugía a corazón abierto dura el tiempo de la indignación en una conversación de café. Los magistrados siguen torciendo la ley para favorecer a los poderosos; los jueces siguen liberando asesinos, violadores, ladrones y narcos; los fiscales siguen extorsionando en cada paso procesal y los policías siguen deteniendo selectivamente.

Prueba de la indiferencia es la disminución del apoyo ciudadano a la iniciativa de modificar parcialmente la Constitución mediante un referéndum para que cambien las reglas de juego en la etapa de selección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, y acabe de una vez el cuoteo masista en los altos tribunales de justicia.

A ningún boliviano mayor de 30 años le queda duda de que en las elecciones judiciales de 2011 y 2017 hubo repartija de cargos entre el partido de gobierno y sus organizaciones sociales. Los votos nulos y en blanco ganaron en ambas ocasiones y ahora que se puede cerrar el paso a una nueva burla nacional, la gente se muestra insensible con la causa.

Y no es que el 100% de la ciudadanía tenga que haber sufrido las atrocidades del decadente sistema judicial boliviano. La falta de sensación de certeza jurídica, explicada por la jurista Katia Saucedo como la seguridad de que habrá una decisión justa basada en pruebas, debería ser suficiente motivo para ponerle la firma a la reforma y obligar al poder a convocar a referéndum judicial en el segundo semestre de este año.

Los juristas independientes han hecho y están haciendo lo que les corresponde. Elaboraron, presentaron y lograron que la propuesta de reforma judicial pase el primer filtro estatal con la aprobación de las cuatro preguntas del referéndum y la entrega de los libros de adhesiones, después de dilaciones y extraños cambios normativos en el Órgano Electoral y otras entidades gubernamentales.

La responsabilidad de que el referéndum judicial sea tal está ahora en manos de los ciudadanos para sacar a la administración de justicia de esa cloaca mal oliente. 1,5 millones de bolivianos mayores de 18 años debemos dejar la actitud quejumbrosa e impulsar el llenado de los libros en la familia, la universidad, el centro de trabajo, el gremio, el club deportivo y el entorno social en el que nos desenvolvemos.

Está claro que esa cantidad de firmas o incluso más debería ser la manera de decirle al poder político que hay hartazgo de 12 años de farsa institucional con magistrados genuflexos, que han convertido todas las instancias de la pirámide judicial en dispositivos de violación de derechos, extorsión, corrupción, injusticia y persecución política. La oportunidad está ahí y solo falta que la gente la consolide.

La estrategia del Gobierno para evitar el millón y medio de firmas es bastante simple: poner todos los obstáculos posibles complicando los pasos del proceso, desatando ataques discursivos de sus sectores sociales y exmagistrados, y desahuciando la iniciativa desde tres de los cuatro órganos del Estado.

El coche de la reforma no debe llegar a la meta. Ése es el objetivo del Ejecutivo, que sabe que no cuenta con los dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa para elegir nuevos “masistrados”, así vuelvan a perder frente a los votos nulos y blancos. No importa. Hará de todo para tratar de impedir el referéndum que, en el fondo, puede ser un plebiscito para Luis Arce.

Tal vez prefiera abrir el escenario de la negociación política, pero ¿entre quienes? ¿Entre el arcismo y el evismo? Juntos no reúnen los dos tercios que exige la Constitución. ¿Entre el arcismo y las oposiciones parlamentarias? Sería retroceder a los tiempos de la democracia pactada con gran costo político para el Gobierno. ¿Entre arcistas, evistas y disidentes de las bancadas opositoras? Todo puede suceder.

Parlamentarios del evismo lanzaron un globo de ensayo para medir la reacción del arcismo. Aprobar una ley transitoria para la elección de magistrados de manera interina, sin pasar por el mecanismo establecido por la Constitución, lo que supondría la vergonzosa preparación de un nuevo cuoteo político de magistrados en el país.

Aún quedan dos meses para firmar y promover que más gente se adhiera a la reforma de la justicia. Hay puntos fijos de recolección de firmas y libros circulando en las principales ciudades y municipios intermedios. Los indígenas de la amazonia y del chaco bolivianos, los cívicos de prácticamente todos los departamentos y la Iglesia Católica son algunos de los sectores que han expresado su respaldo a la iniciativa, pero falta el componente ciudadano.

La estrategia de los juristas independientes adolece de debilidades en cuanto a la comunicación y la persuasión para cumplir el objetivo, pero en nuestras manos está el inicio de la transformación del sistema judicial decadente. ¿Acaso no indigna ver las aberraciones que cometen los operadores de justicia a diario? ¿Acaso no sentimos la tiranía del poder mediante “su” aparato de justicia? La oportunidad para cambiar las cosas está ahí. Solo hay que ponerle la firma y las huellas digitales para vencer el conformismo. Luego no nos quejemos de la administración de justicia haciendo de las suyas impunemente.

Edwin Cacho Herrera es periodista