Los sentidos de la violencia autoconvocada

Por estos días se han hecho visibles grupos denominados “autoconvocados” que emergen de la nada para intranquilizarlo todo. Su nombre es una estrategia de mimetización para sortear la censura pública de asumirse como lo que son:  grupos de altos militantes del MAS. Los hemos visto en K’ara K’ara (donde desataron importantes de actos de violencia y extorsión) y recientemente en El Alto y La Paz.

La otra razón por la que se denominan “autoconvocados” tiene que ver con lo que el propio Hugo Moldiz (2020), en su autocrítica de la caída del masismo, reconoció: que los dirigentes de ese partido no tienen respaldo, “¡Evo estaba solo!”, reclamó. Los grupos autoconvocados son un nuevo envoltorio para prácticas violentas carentes de respaldo social. Precisamente si algo distingue a los autoconvocados es que son pequeños, pero bien organizados núcleos de agitación y vandalismo propagados por ese partido.

Foucault dijo alguna vez que “entre el príncipe y el pueblo, el verdugo constituye un engranaje”. En la historia de Bolivia, los engranajes de la violencia estatal no se reservaron únicamente a la oficialidad policial y militar. El siglo XX nos mostró el potencial represivo de los grupos sindicales proestatales y de los pactos autoritarios público-privados que actuaban como agencias de silenciamiento de las disidencias de los regímenes que buscaban mantenerse en el poder por la fuerza.

El masismo desplegó una estrategia que he denominado (2017) de “control social prebendal”, que consistía en remunerar la subordinación de cierta dirigencia social a través del despliegue de dispositivos de recompensa política, distribuyéndoles altos cargos en diferentes instancias estatales desde las cuales fortalecían sus propios aparatos. Una suerte de refuncionalización de los viejos cacicazgos del MNR puestos al servicio de la maquinaria del proceso de cambio.

De forma complementaria operaron los dispositivos de recompensa económica. Aquí conviene prestar atención a las cifras de entrega de fondos de uso discrecional bajo numerosos programas, principalmente, los que siguen: “Evo Cumple” distribuyó (entre 2006 y 2017) 1.700 millones de dólares, en muchos casos sin rendición de cuentas o actas de entrega; y el FONDIOC fue el caso más extremo de corrupción social que se tenga registrado en el país, y hasta ahora, de acuerdo a los estudios de Morales (2015) y Ayo (2017), se desconoce el destino de alrededor de 170 millones de dólares.

Otro importante medio de retribución económica fue la dotación (libre de fiscalización) de fondos para la construcción de sedes sociales (y hasta hoteles sindicales). Precisamente, el 1 de mayo de 2014, la dirigencia cobista selló su sometimiento al MAS con la dotación de un hotel en el centro paceño cuyo mobiliario costó más de 108 mil dólares además de 16 camionetas nuevas doble cabina para todos los ejecutivos.

La entrega de vehículos y ambulancias para uso personal de las dirigencias fue un mecanismo muy vistoso de su adscripción al partido. De un modo más sutil procedieron a la cesión de líneas de telefonía móvil con cargo al Estado (recientemente se supo de más de 1.000 líneas de este tipo). A través de estas corrían “la línea partidaria” de arriba hacia abajo, de los jerarcas del Estado a los líderes nacionales, medios y locales. Mientras más llamadas, menos interés en reuniones y ampliados con las bases.

Con todas estas recompensas conseguían darles energía y reconocimiento social como liderazgos eficaces, que veían retribuidos sus servicios de alineamiento político.

También obraron otro tipo de importantes incentivos económicos como el reparto arbitrario de tierras fiscales, en los límites de territorios indígenas y en áreas protegidas. La entrega de recursos naturales se extendió a los derechos mineros: desde 2014 no se sabe qué cantidad de superficie ha sido dispuesta (y si con eso se han formado nuevos barones del oro y otros minerales).

Con este despliegue se hicieron de casi toda la máxima dirigencia social boliviana. Y se sentó las bases para la implementación de una segunda estrategia de control social: la represiva.  

El reciente estudio de Tapia y Chávez (2020) da cuenta del proceso por el que el MAS se apoderó de los grupos dirigenciales como la CSUTCB o la COB. Bajo pequeños y sentidos golpes, reemplazaban a los líderes orgánicamente elegidos por otros impuestos desde la estructura clientelar (les han llamado por eso líderes transgénicos).

Similares estrategias operaron para, golpe a golpe, hacerse de la máxima dirigencia cobista y sus principales organizaciones afiliadas. Los golpes se asestaron bajo formas más violentas contra el CONAMAQ (a los que sacaron ensangrentados de su sede en 2013), o la CIDOB a la que también arrancaron de su “casa grande” con violencia.

Los dirigentes bajo su control se tornaron en arietes contra los no alineados. Por eso, los cocaleros del Chapare y los interculturales del norte fueron los principales verdugos de los grupos indígenas rebeldes. No fue casual que la represión policial en Chaparina estuviera antecedida de un cerco y hostigamiento colonizador. O que los principales enemigos de Franklin Gutiérrez (además del exministro Romero) hayan sido otros dirigentes de ADEPCOCA colocados por el gobierno de entonces.  

Como tampoco fue casual que Vegamonte, exejecutivo de la CSUTCB masista (exdiputado, exviceministro y en ese entonces alto cargo de la gobernación de Cochabamba) fuera encontrado apaleando jóvenes en Vinto en las jornadas de octubre 2019. Este personaje ilustra perfectamente el proceder de los grupos “autoconvocados”.

Tratan de pasar sus actos de violencia como legítimas demandas de sectores sociales. De acuerdo con el contexto, se identifican como “transportistas necesitados de trabajo” (zona Sur de La Paz octubre 2019); “vecinos de la zona Sur de Cocha” (noviembre 2019 y varios meses de 2020); “sectores sociales que claman por ayuda durante la pandemia” (varios puntos junio/julio 2020). Pero, a despecho del ropaje, emplean la fuerza con fines nítidamente partidarios.

Como nos han demostrado reiteradamente, su capacidad de abrir fuego es elevada. Tienen grupos armados con dinamitas, armas de fuego y ningún límite moral. Emboscaron con piedras y balas buses interdepartamentales y destruyeron hasta los cimientos (dinamitándolas o vandalizándolas) propiedad pública y privada. Han profesionalizado el terrorismo del fuego, quemando casas y oficinas públicas. Han saqueado mercados y apedreado ambulancias en todas las zonas bajo su ataque. Lo hicieron nuevamente hace un par de días y es probable que los sigan haciendo porque su arma es el miedo.

El mensaje que mandan es: el MAS no va a aceptar ningún resultado que no le devuelva el control total del Estado central. Su juego es el todo o nada y nada significa que si pierden se llevan la pelota o le dan un rodillazo al adversario. Es su forma de concebir la lucha política y la democracia. Como decía acertadamente Rafo Puente, juegan a vencer, no a convencer.

Sin embargo, la existencia de los grupos autoconvocados pareciera evidenciar que el MAS ha perdido gran parte del respaldo que tenía. Con sus actos violentos se automargina de amplios sectores. Lo que podría tender a convertirlos de un ex gran movimiento de masas a pequeños grupos que usan la fuerza para tratar infructuosamente de capturar o recuperar el poder. Algo así como lo que fuera el extinto EGTK.