La Paz es una ciudad peculiar, no solo por su geografía y
rica cultura cosmo-bolita (crisol de la bolivianidad), aquí también reside la
casta política que gobierna al país por generaciones. Una casta criolla
endogámica que durante el masismo reajustó su estrategia de dominación estatal
para mantenerse al mando (sin estar visiblemente al frente) desplegando una
ventriloquia (diría Rivera Cusicanqui) sin límites para mandar usando y
exponiendo los rostros de “los otros”.
Para comprender esta dinámica conviene prestar atención a las fundamentales revelaciones que ha hecho Rafael Archondo del manejo de los poderes fácticos de lo que podríamos llamar el GarcíaLinerismo: un grupo de élite criolla arrimada al nuevo bloque de poder tras la caída del viejo sistema de partidos.
Recordemos que García Linera llegó a la cúspide del MAS munido principalmente de su imagen de showman de tertulia televisiva. No tenía un aparato o un sector social como otros políticos de esa tienda. Pero rápidamente se hizo de uno.
De las entrañas de la vieja casta le brotaron oficiosos políticos profesionales; exasesores y consultores de los partidos y gobiernos neoliberales (¡alguna gente clave de la propia capitalización!); periodistas y gente del mundo de la opinión pública; académicos e intelectuales de buen nombre y jugosos honorarios; bolivianólogos argentinos; eminencias grises de todo tipo; profesionales de la intermediación entre los organismos internacionales y los nuevos inquilinos de palacio. Todos estos se le arrimaron o fueron convocados.
En la construcción de sus bases de apoyo el GarcíaLinerismo transformó un cargo (Vicepresidente) en una “institución-coalición de negocios”: Vicepresidencia o business-presidencia como irónicamente plantea Archondo. Para desde allí desatar una extensa “política de pegas” (tomando prestado el concepto de Malloy sobre la élite política post 52).
Ahora sabemos que la red de negocios construida incluyó a empresas y empresarios transnacionales (pilar de la burguesía azul como la que describió en su momento Amalia Pando) y medios de comunicación paraestales (de acuerdo con la caracterización de Raúl Peñaranda). Las revelaciones apuntan a que ningún nicho potencialmente rentable fue dejado de lado por la casta.
Por supuesto que no podían permitirse prescindir de los recursos de la cooperación internacional. Desde 2013, algunos/as ex ONGeros del MAS y entonces operadores directos del GarcíaLinerismo, Romero y Peña, pusieron de rodillas a la cooperación internacional expulsando a la ONG danesa IBIS, también emplearon la restrictiva ley 351 para controlar (vía la otorgación/renovación de personerías jurídicas y acuerdos marcos de cooperación) a las cotizadas financieras internacionales.
En cuestión de meses los fondos empezaron a fluir hacia, por ejemplo, el recientemente creado Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia. Con ello, se pudieron costear millonarios eventos para “pensar Bolivia desde el GarcíaLinerismo”. En la lista de nuevos financistas figuran ONG de alto renombre como OXFAM, el propio PNUD (una importantísima fuente de consultorías), embajadas, etc. El CIS les permitió vincularse con CLACSO para armar redes internacionales de propaganda política.
Como también ha evidenciado Archondo, conviene tener presente que los negocios de este grupo no son inocuos. Se forjaron sobre la destrucción de importantes conquistas y derechos. En este caso, mientras la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos de reconocidísima trayectoria eran vapuleados por la casta (y sus brazos represivos administrativos), el CIS, entre otros, afloraban como referentes “intelectuales” al servicio del GarcíaLinerismo.
Algunos engendros eran a la vez medios y ONG como Abya Yala (del expresidente Morales) donde se cobijaban, con grandes espacios publicitarios, los GarcíaLineristas más recalcitrantes que actualmente fungen de analistas “antigolpe”.
Nuevamente fueron Amalia Pando y Raúl Peñaranda los que brindaron importantes revelaciones sobre los oscuros negocios de este canal. Fue la primera “fundación” en obtener la personería postley 351 aunque en su estatuto figuraba como entidad CON fines de lucro (directivos podían distribuirse las utilidades generadas). Esto es importante dado que recibió millonarios contratos estatales desde el momento de su creación y aun cuando no tenía audiencia. Siniestramente (al igual que La Razón) les adeuda pagos a sus trabajadores/as.
Entre las ONG surgió un grupo de “paragubernamentales” que, para empezar, gozaron de legalidad, situación que le fue arrebatada a las disidentes del régimen. Algunas de ellas mantuvieron tanta compenetración que eran la casa (¿o el motel?) habitual de proselitismo GarcíaLinerista: le organizaban presentaciones y cuanto evento público podían hasta la víspera de su caída (¡al señor que llegó a escribir contra el “ONGismo”!). En la actualidad, algunas oeneges internacionales son el refugio de exautoridades del Tribunal Electoral fraudulento. Ojo con eso.
La mayoría de ellas, tras años de silencio cómplice, a raíz de la caída del régimen, se acordaron de la existencia de los derechos humanos. Ahora dirigen cartas, presentan libros y hasta encuestas para dar cuenta de un estado de catástrofe racista y genocida que no se había visto desde la colonia. De no creer.
El GarcíaLinerismo le debe al país muchos millones, pero también, en gran medida, la fractura social y democrática. Su impunidad en todos los planos, incluyendo el moral, es un lujo que no podemos permitirnos.
Marco Gandarillas es sociólogo.