La Razón y la ley que viene

Este año, el periódico La Razón cumplió 30 años de vida impresa. Si nuestra memoria no flaquea, sus directores fueron nueve: Jorge Canelas, Raúl Garáfulic Lehm, Juan Cristóbal Soruco, Juan Carlos Rocha, Lorenzo Carri, Grover Yapura, Mabel Franco, Edwin Herrera y Claudia Benavente. Sus propietarios, en cambio, cuatro: los 10 accionistas fundadores, el grupo Garáfulic, el grupo español PRISA y Carlos Gill Ramírez.

La historia del periódico, que empezó en Miraflores y podría morir en Auquisamaña, se divide también en cuatro etapas, a nominarse como los años mozos, el gran consorcio multimedia, la españolización y el sometimiento al gobierno del MAS. Desde el punto de vista político, los periodos son en realidad tres: amor por Goni, apego y ruptura con el general Banzer y palmaditas con el “hermano” Evo.

Me consta personalmente que La Razón dio sus primeros pasos siendo un diario de oposición al gobierno de Paz Zamora. Ese temperamento la hizo grande en muy poco tiempo. Era el papel y la tinta que las autoridades más vigilaban y lamentaban. Sus textos e ilustraciones se pusieron en el centro de la controversia. Bajo el comando de Jorge Canelas,  se obró, en gran medida, la victoria de Goni aquel 1993. La línea editorial e informativa resultó bendecida por el consenso interno. A ninguno de los periodistas nos fastidiaba embromar a los poderosos.  Entre sus 10 primeros accionistas figuraban los dos Fernandos de Goni: Romero e Illanes, que luego juraron como sus superministros.

En 1995, el grupo Garafulic adquirió el 50% de las acciones del diario. Dos años después, todo. Llegaba Banzer a la presidencia. Apegado a sus costumbres de exmandatario incuestionable, el general exigió lealtad a la familia compradora de La Razón. Lo que pudo ser una historia de sumisión derivó en la rebelión de la redacción y el fin de la amistad con ADN. El momento más sonado de esa ruptura fue cuando La Razón embistió contra el entonces ministro Walter Guiteras. Todo un choque de trenes.

En 2000, Raúl Garáfulic Gutiérrez, que había sido embajador de Bolivia en España, consigue atraer inversión extranjera para sus empresas. Llega al país el grupo español PRISA. Los españoles también adquieren acciones en ATB. En 2003 se produce la quiebra del grupo Garáfulic. PRISA se queda con todo. Seis años más tarde, también cae en dificultades. Llega entonces otro extranjero, Carlos Gill Ramírez, empresario paraguayo de origen, venezolano de crianza y español por residencia. Gill dijo el año pasado que el gerente de Bolivia se llamaba Álvaro García Linera. Con su venia montó sus negocios ferroviarios, teleféricos, energéticos y de vigilancia aérea. Con su venia y solícito consejo, Gill designó a su directora, síndico, miembros de directorios, editorialistas, gerentes y demás personal de confianza. Todos eran y son abiertos o disimulados operadores del MAS en el seno de las empresas de Gill.

El buen periodismo siempre es y será de oposición. Pegarse al poder no solo es huérfano de ética, sino también de sentido práctico. La Razón hizo oposición entre 1989 y 1995, sus mejores años. Perdió el rumbo luego, por un tiempo breve. En cambio, entre 2009 y 2019 optó por embolsar millones en publicidad estatal y fingir demencia ante los síntomas crecientes de autoritarismo y control centralizado del poder. Cuando el avión de la Fuerza Aérea Mexicana despegó del aeropuerto de Chimoré en noviembre del año pasado, todo se puso color hormiga. El COVID-19 solo fue el tiro de gracia. De haber tenido 300 trabajadores, ahora tiene menos de cien.  Muchos han firmado su retiro y cobrarán sus beneficios sociales en una larga y paciente hilera de cuotas. Aquello nunca dejó de ser una “masacre blanca”.

El próximo gobierno electo tendrá que discutir y aprobar una ley que rinda cuentas a esta larga historia. De los 1.700 medios que existen en Bolivia, según el dato del exministro Manuel Canelas, 400 recibieron publicidad estatal durante la era del MAS. De ellos, La Razón fue favorecida de manera grosera. Eso debe acabarse. El Estado necesita comunicarse con la población, sí, es todo lo que requiere. No está en la obligación de alentar negocios de privados que le entreguen a cambio su complacencia informativa, asesinando de ese modo al periodismo, que es una actividad de contra-poder. Que surja entonces una ley que regule la entrega de publicidad estatal. Andrés Gómez ha redactado un primer borrador. A leer entonces y a mejorarlo.

Rafael Archondo es periodista.