La política del odio

Los recientes ataques, agresiones y amenazas por parte de dirigentes sindicales y políticos contra Santa Cruz, sus empresas y ciudadanos, marcan una clara utilización del discurso del odio con fines de polarización política. Es una manipulación temeraria y perversa de la opinión pública que procura dividir a la sociedad boliviana en partes antagónicas, causando un profundo daño a la nación. Santa Cruz, su pueblo y sus líderes no deben responderles con la misma moneda sino con inteligencia y firmeza, mostrando que el camino a la paz y la prosperidad se lo encuentra en un modelo económico y social basado en la integración de todos quienes buscan trabajar en libertad para lograr la prosperidad.

Como explica el analista y experto en comunicación, José Rafael Vilar, con quien analice recientemente las manifestaciones de odio contra Santa Cruz vertidas en la concentración convocada en la sede de gobierno al finalizar una marcha promovida por el expresidente Evo Morales, el discurso del odio sistemáticamente repetido se convierte en una política del odio.

Uno podría preguntarse cuál es calculo o el objetivo que sustenta esta forma de hacer política que implica un golpe artero al principio de la unidad nacional con la cual toda autoridad, y en general, todos los ciudadanos debiéramos comprometernos en el marco de los principios básicos que sustentan una nación democrática y pacifista. No puede ser otro, sino la cruel y perversa decisión de ganar poder político en función de la división, la confrontación y la polarización social.

Seguramente, los dirigentes que han definido esta política piensan que mediante la misma aseguraran la cohesión de su maquinaria electoral en los lugares donde tienen una influencia mayoritaria y así, amedrentarán a quienes piensa distinto. Es el viejo principio de la ciencia política por el cual una minoría organizada (y radicalizada podríamos aumentar) prevalece sobre una mayoría desorganizada.

Los extremos a los cuales se ha llegado con esta situación son muy peligrosos y pueden llevar al país a la profundización de una grieta entre ciudadanos y regiones que hagan inviable la tan necesaria reconciliación e integración nacional. Me refiero, por ejemplo, a las amenazas que se manifestaron con ocasión de la visita del gobernador de Santa Cruz a Tarija, por las cuales se señalaba que no se dejaría llegar al aeropuerto de esa ciudad, a ninguna persona que tuviera un cedula de identidad que indicase a Santa Cruz como lugar de nacimiento.

Esto lleva la confrontación al conjunto de la sociedad, pues ya no se amenaza y/o se agrede a una persona en su condición de adversario político, lo cual tampoco se justifica en ninguna circunstancia, sino que se ataca a ciudadanos comunes por el simple hecho de ser originarios de un departamento. Obviamente, todas estas acciones debieran ser procesadas bajo la tan mentada “Ley contra el racismo y toda forma de discriminación” pero las autoridades responsables, a pesar de haber sido testigos directos de los hechos, no hacen nada dejando en la impunidad a los responsables.

Santa Cruz no debe dejarse llevar por estar provocaciones y caer en una espiral de discursos de odio. En el fondo lo que está en juego es qué modelo de sociedad, nación y Estado tendrá Bolivia en las próximas décadas. Para ello nada mejor que conquistar el corazón del conjunto del pueblo boliviano mostrando que en este departamento hay un caso de éxito que ha brindado desarrollo y prosperidad a millones de bolivianos, que trabajan juntos alrededor de un modelo productivo basado en valores universales de libertad, iniciativa empresarial y solidaridad.

Esto no quiere decir que todos los departamentos deben adoptar exactamente el mismo modelo, sino que tienen el ejemplo de un caso exitoso de progreso colectivo y que, en el marco de su autonomía, cada uno puede y debe construir su propio camino hacia la prosperidad. Será la mejor forma de rechazar los discursos de odio y de ganar el debate de fondo sobre los grandes desafíos de Bolivia en el siglo XXI. 

Óscar Ortiz fue presidente del Senado y Ministro de Economía, actualmente es Rector de la Universidad Católica San Pablo de Santa Cruz