La “oligarquía azul”

Cuando el investigador de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) preguntó al capitán Héctor Goytia Furuya, piloto del avión del Estado que transporta al presidente Evo Morales, ¿por qué se afilió al MAS (si el inciso b del artículo 120 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas prohíbe a los militares formar parte de partidos)? Goytia respondió que no estaba arrepentido de inscribirse porque gracias a esa decisión “su hermano y su familia tienen trabajo”.

Esta declaración, publicada por El Deber, demuestra que el Estado es un feudo del partido de Gobierno y una fuente de poder para premiar a través de la prebenda y el clientelismo a sus militantes. El masismo no está unido, en gran parte, por convicciones, ideología, principios, sino por pegas, ambiciones e intereses. 

No es el único caso. Hay familias que han tomado el Estado como fuente de pegas. Una de ellas, la del fiscal general, Juan Lanchipa, y sus hijas, Vania y Roxana. La primera tiene 4.176.545 bolivianos de patrimonio y la segunda, 1.421.580 bolivianos. Lanchipa es empleado del gobierno masista desde 2010 y declaró tener un patrimonio neto de 372.740 bolivianos.

En mayo de 2017, los periódicos informaron que tres hermanos del entonces ministro de la Presidencia, René Martínez, son funcionarios: uno en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); otro, en Insumos Bolivia; y el tercero, en la Autoridad de Control y Fiscalización del Sistema de Salud.

También por esa fecha los medios revelaron que Héctor y Ana Jackeline Arce Zaconeta son “servidores”. Él es Ministro de Justicia y ella, funcionaria de YPFB. Antonio Cuba, excuñado de Héctor, completa el trío en el cargo de director nacional del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

En la lista de redes familiares, difundido por los medios, aparecieron además los dos hijos y la esposa del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora. Estos casos son públicos, pero hay otros disimulados en los municipios controlados por el MAS y en otras dependencias del Estado. 

Al ser consultado sobre estas redes familiares en el Estado (que se supone es de todos), el presidente Evo Morales contestó que “no creo que sea delito o pecado que nuestros familiares trabajen”. Una respuesta parecida daban los llamados “gobiernos neoliberales”.

Es probable que no sea delito, sino algo peor: una grave falta ética porque los masistas se están convirtiendo en lo que criticaban a sus antecesores: en una oligarquía que vive del Estado.

Una oligarquía se caracteriza por ser el gobierno de pocos privilegiados, en cambio la democracia es el gobierno de todos. Las oligarquías se enroscan en el poder a través de la rotación en cargos, a excepción de las cabezas de grupo.

La última rotación se produjo la semana pasada. Pastor Mamani pasó de ser un fracasado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia a embajador en Panamá. Nardy Suxo cambió la Embajada ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la Embajada en Austria, después de haber sido viceministra, ministra de lucha contra la corrupción y haber fracasado como candidata a jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pensando de buena fe, son los “imprescindibles todólogos” del régimen porque un día uno de ellos puede ser alcalde, “mataperros”, senador, viceministro de Desarrollo Rural, director del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, Ministro de Desarrollo Productivo y luego gerente de Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) como Eugenio Rojas.

La oligarquía siempre reserva un espacio a sus fieles integrantes así sea en el último rincón del Estado, como a René Martínez Callahuanca, que después de haber sido diputado, senador, viceministro de Justicia Indígena Originario Campesina y ministro de la Presidencia, ahora es director general ejecutivo del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape).

Otro “imprescindible” es Juan Ramón Quintana. Un día fue ministro, otro día se inventó un cargo: director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de Macro Regiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), después fue enviado a Cuba como embajador y luego volvió a ser ministro de la Presidencia. Hay más y no entran todos en esta columna.

Al escribir el Tinku Verbal de hoy, recordé a un miembro del “politburó masista” que un día me dijo: “Somos como una hermandad, una comunidad y nos protegemos”, cuando le pregunté: ¿por qué encubriste a Quintana en el caso Zapata si tú conocías lo que hizo?

En casi 14 años de poder, aprendieron bien a protegerse, a repartirse las pegas, a rotar y a ser oligarquía.

Andrés Gómez Vela es periodista.