La necropolítica de la basura

La basura se ha tornado en uno de los problemas socioambientales y políticos más significativos del país. El estudio de Escarley Torrico (2017) estimó que 90,8% de los botaderos existentes en Bolivia son a cielo abierto. Ello significa que la basura que llega a éstos no recibe ningún tratamiento. Los más pequeños botaderos se suelen emplazar en las orillas de ríos y quebradas, mientras que los más grandes se han dispuesto en zonas rurales o suburbanas de rápido poblamiento propiciado por las vías de acceso al propio basurero.

Donde quiera que se emplacen, estos botaderos se asemejan a pilas de desechos mineros porque tornan a estas zonas en ambientalmente hiperdegradadas. Son también incubadoras de crisis políticas y sanitarias de considerables dimensiones.

Es el caso del botadero de K’ara K’ara. Antiguo bosque de eucaliptos en la zona Sur de Cochabamba, fue dispuesto, por la Alcaldía del Cercado en los años 80 como el emplazamiento del botadero de la creciente ciudad. Desde entonces es uno de los focos de conflictividad socioambiental y política más recurrentes de Cochabamba. Para todas las administraciones (de varios colores políticos y de varios niveles de gobierno) la cuestión no merece atención más que durante los estallidos.

Se han invertido millonarias sumas en todo, menos en sanear y atender este fundamental problema. Algunos ejemplos. Las autoridades nacionales emplazaron infraestructuras millonarias sin utilidad en Cochabamba: la planta de urea (que erogó 933 millones de dólares y aun se discute cuánto produce y para dónde) o el aeropuerto de internacional de Chimoré (35 millones de dólares, cuyo mayor logro fue servir de pista para el vuelo de salida de Evo).

Las autoridades municipales, por su parte, llenaron la ciudad de puentes millonarios como el de la Av. Beijing (14,5 millones de dólares) o el parque de aguas danzantes (1,2 millones de dólares). Tan solo en los juegos ODESUR de 2018, el gobierno nacional y municipal erogaron 43,10 millones de dólares en los campos deportivos que se usaron dos semanas (algunos están cerrados desde entonces).

Con solo una fracción de estos recursos se habría viabilizado la transición del botadero a una planta de tratamiento y se habría iniciado el demandado proceso de cierre de K’ara K’ara. Asunto que, sin embargo, parece no convenir a los grupos de poder político de la basura.

Precisamente desde la crisis de noviembre pasado, la zona no deja de ser noticia. Se ha erigido como el bastión de la resistencia masista urbana de la región, desplegando una suerte de “guerra de guerrillas” de la basura. Desde su fortín se dirigen asaltos a unidades policiales, secuestro de personal policial y militar (y su armamento letal), ataques a personal médico y un efectivo cerco sanitario que mantiene presa a la ciudad de sus ocurrentes pliegos petitorios. Por estos días la guerrilla ha escalado tanto como sus demandas. Por ejemplo, continúan exigiendo elecciones nacionales cuando ya hay una ley promulgada con fecha para eso.  

Pero ¿quiénes y qué actores dirigen las revueltas? Desde los años 80, la zona es codiciada por mafias organizadas en torno al tráfico de tierras y las extorsiones. En primer lugar, a los pobres que adquieren terrenos baratos en una zona barata (por la hipercontaminación) pero accesible (hay vías asfaltadas e infraestructuras educativas y de otro tipo), estas personas son extorsionadas por grupos que controlan la mecánica de los asentamientos y las dotaciones de infraestructura. En segundo lugar, a las autoridades que (merced a su negligencia antes apuntada para resolver el problema de fondo), ceden a las periódicas extorsiones de los dirigentes que obstruyen el ingreso de la basura. 

No son simples dirigencias de movimientos sociales. Son grupos de poder altamente organizados y politizados. Desde los años 90 se nuclearon alrededor de la NFR de Manfred y, tras su caída, se adscribieron al masismo obteniendo más poder que nunca. Nótese que, en los recientes hechos, de sus filas salió nada menos que una candidata a senadora por el MAS (ahora detenida en La Paz).

Su método es (tomando prestado el concepto de Achille Mbembe) la necropolítica… de la basura. Es decir, usan la crisis sanitaria derivada de la acumulación de basura en las calles y domicilios a lo largo de días o semanas como un mecanismo de conquista de beneficios y poder. Su último pliego nos habla de poder político nacional. En la actual pandemia su método es particularmente necropolítico porque gatilla los factores de muerte ya sea por la gente movilizada o por quienes suman basura a la pila de cadáveres en los domicilios de Cochabamba. Se trata de un movimiento que aprovecha, sistemáticamente, una situación de muerte. 

Marco Gandarillas es sociólogo.