La justicia y los sesgos cognitivos

Ruth Laura, hermana de Juan, hizo una pregunta cuyo eco filosófico multiplicó su voz en las paredes de los tribunales donde habitan policías, fiscales y jueces: ¿Por qué para el hombre no hay leyes y para la mujer sí? Su interrogante salió de lo más profundo de su corazón y conectó con otros corazones que sufren injusticias parecidas a la de Juan, hermano de Ruth.

Por supuesto, hay leyes para hombres. Por principio todos somos iguales ante la Ley, pero Ruth siente que, en este tiempo, una mujer tiene más leyes en su favor que un hombre. Llegó a esa conclusión porque vivió una injusticia en carne propia. Su hermano fue encarcelado por un crimen que no sucedió. Policías, fiscal y juez lo mandaron a la cárcel después de sindicarle de haber hecho desaparecer a su novia sin más pruebas que un celular formateado y sus prejuicios y sesgos.

Ruth percibe que no creyeron a Juan (26), sólo porque es hombre, cuando aseguró que desconocía el paradero de Reyna y que no es feminicida. El martes 21 de enero, la Policía encontró con vida a Reyna (26) y a sus dos hijos en un alojamiento de la avenida América de La Paz. El hallazgo reconfirmó que Juan había dicho la verdad. El jueves 22 de enero, Reyna fue aprehendida; y Juan, sobreseído y liberado.

Apenas dejó la cárcel de San Pedro, Juan reveló que unos policías lo torturaron en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para hacerle confesar un delito que no cometió. Contó a Erbol que unos cuatro efectivos con indumentaria de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) le puñetearon y golpearon con un bate de madera, acusándolo de mentir y exigiéndole que diga dónde había dejado el cadáver.

Como no confesaba nada porque no sabía nada de lo que le acusaban, Juan dijo que los policías le pusieron una bolsa negra en su cabeza para asfixiarlo. Señaló que se desmayó dos veces. Pidió que le mataran para no sufrir. A la tortura física siguió la tortura psicológica. Los policías le amenazaron con matarlo y asesinar a su familia si denunciaba la tortura. También le advirtieron que lo iban a hacer matar en la cárcel.

¿Para qué los policías querían arrancar una mentira? Para ocultar su incapacidad de investigación. En ese objetivo, perdieron empatía y amplificaron su sesgo cognitivo de confirmación. Intensificaron su idea de que su hipótesis (creencia) es correcta y buscaron evidencias para confirmarla. Dicho de otro modo, identificaron a Juan como sospechoso e intentaron construir el caso a su alrededor, en lugar de buscar razones para descartar su creencia. Dados los hechos, el fiscal cayó en el mismo sesgo y temió una disonancia cognitiva. De otro modo, hubiese parado la injusticia.

Son muy peligrosos estos sesgos porque inducen a seleccionar evidencias para confirmar creencias, en lugar de investigar bajo el parámetro de la presunción de inocencia. Un fiscal inteligente nunca debería comenzar una investigación con una estructura mental definida, sino con la cabeza abierta a encontrar detalles, indicios y evidencias que pueden contradecir sus hipótesis. Su apertura a cambiar de opinión y ponerse del lado de la verdad, sin importar quien denunció, evitaría injusticias.

Deduzco que el juez, en el caso de Juan, cayó además en el sesgo de conformidad social. No se animó a contradecir a los policías y al fiscal por miedo a creer que estaba equivocado. Confío a ciegas en seres humanos propensos a errar porque se sintió en abrumadora minoría. Estuvo entre dos fuerzas opuestas: la evidencia de sus sentidos y la opinión unánime de un grupo de sus semejantes, diría el psicólogo social polacoestadunidense, Salomón Asch.

Pasa algo peor cuando la corrupción invade las venas de la justicia. Para describirlo parafraseo al escritor estadounidense Upton Sinclair: es difícil conseguir que un juez o jueza crea algo cuando el dinero que va a recibir depende de que no crea en eso. Ahí surge la irracionalidad de acomodar la infamia para declarar culpable a un inocente como ocurrió en el caso del médico Jhiery Fernández. Por eso, los jueces no sólo deberían recitar de memoria las leyes, sino formarse en filosofía y psicología.

Algo parecido sucedió entre 2013 y 2020 en dos poblaciones del Norte de Potosí, Pocoata y Uncía. Un fiscal de Colquechaca no sólo tenía los sesgos descritos, sino que padecía el síndrome Dunning-Kruger porque acusó a cinco jóvenes de violación pese a que el certificado médico señalaba que no hubo violación.

Como quería acomodar el caso a sus intereses no tomó en cuenta las declaraciones de los involucrados que se presentaron voluntariamente y afirmaron con lujo de detalles dónde y con quiénes estaban a la hora del supuesto hecho. No les dio crédito porque no le dio la gana. Los fiscales que le sucedieron persistieron en el sesgo. No dudaron ni cuando siete años después, en audiencia, la médico Ruth Herrera declaró que la denunciante no sufrió violación.

Aquel entonces, los jueces del Tribunal de Sentencia de Uncía, Juan Nabel Colque Siles y Óscar Rubén Sandóval Escalier, reprodujeron los sesgos y sentenciaron a dos. No dudaron de su creencia ni cuando la médico afirmó que la denunciante estaba intacta horas después del hecho que nunca sucedió. La denunciante había señalado que había sido arrastrada de espaldas, que caminó descalza sobre piedras y espinas, que perdió la consciencia por un golpe en la cabeza, que había sido empujada a una profundidad de tres metros llena de piedras y espinas, pero no tenía ni un rasguño en su cuerpo. La médico la revisó desde la cabeza hasta los pies y no halló una sola herida.

Tampoco cambiaron de opinión cuando un perito psicólogo estableció que la denunciante no era creíble porque dio cinco versiones diferentes del mismo supuesto hecho y porque sus declaraciones no cuadraban con los hechos. Tampoco dudaron de su creencia cuando una forense estableció que la denunciante tuvo relaciones sexuales aproximadamente 10 días antes del hecho que nunca sucedió.

Tampoco cambiaron de opinión cuando cinco testigos aseguraron que los sindicados estaban con ellos a la hora del supuesto hecho. Los jueces Colque y Sandóval creyeron que mentían sin más prueba que su sesgo o su prejuicio motivado. A tal punto llegó su malvado sesgo y falta de juicio que no creyeron ni en la evidencia del IDIF que no halló semen de ninguno de los involucrados en las muestras presentadas por la denunciante.

En la vida siempre hay gente justa que puede actuar sin esos sesgos. Una de ellas, Yacira Yarusca Cardozo Callizaya, ahora exvocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Hizo justicia. Anuló la sentencia dictada por los dos jueces de Uncía por deficiente, ilógica y arbitraria valoración de las pruebas.

La justicia respira cuando los jueces razonan sin sesgos y no se dejan influir por el contexto. Sí. Hay hombres malvados. También mujeres malvadas. Hay excepciones. La capacidad de un policía, un fiscal o un juez radica en no dejarse arrastrar por ese contexto o por la mayoría, sino en desafiar sus propias creencias. 

Andrés Gómez es periodista y abogado.