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Columna Abierta | 26/09/2023

La difícil (pero no imposible) relación entre ética y política

Carlos Derpic
Carlos Derpic

La realidad muestra un divorcio entre política y ética y ello ocurre por los abundantes malos ejemplos que vemos a diario a cargo de politicastros, politiqueros y politiquillos de toda laya y, particularmente, de quienes están encaramados en el Gobierno y sus hoy ocasionales adversarios que visten, sin embargo, el mismo color de camiseta. A tal punto llega el desastre que la población desconfía de los políticos como del Covid 19 y pretende alejarlos de cualquier tipo de actividad.

¡No es para menos! Cuando ve, por ejemplo, al que cree que es la encarnación del pueblo y el líder espiritual de los indígenas del mundo perorar a los cuatro vientos que será candidato a la presidencia en 2025, porque “lo convencieron” (la gente) y “lo obligaron” (la derecha, el gobierno y el imperio), cuando en realidad fue él mismo quien estaba autoconvencido y se “auto-obligó” a candidatear porque no puede vivir alejado del poder.

O cuando un director departamental de Educación obliga a colegiales de una importante ciudad boliviana a asistir a un estadio de fútbol y pretendía que los inocentes acarreados (ellos sí obligados, pero no convencidos) lanzaran vivas al Presidente del Estado Plurinacional, aunque terminaron vivando al gobernador de ese departamento, secuestrado ilegalmente en diciembre de 2022.

O cuando se evidencia indubitablemente que un ministro manipula y ordena a su antojo a un Órgano del Estado de tal manera que lo que expresa por los medios de comunicación viene a ser la resolución final que dictan los “magistrados” que deberían servir a la justicia y a la ley y no al ministro de marras.

O cuando uno recuerda, azorado, cómo el revolucionario exvicepresidente asistió hace unos años al evento de Miss Universo y luego él y el gobierno del cual formaba parte intentaron que una ciudad boliviana sea sede de semejante espectáculo, el cual convierte a la mujer en objeto, aunque luego todos ellos se ufanan de estar destruyendo la sociedad patriarcal en que vivimos.

O cuando se rinde culto, de boca para afuera, a la Pachamama y en los hechos se la viola, con rusos y chinos incluidos, para satisfacer a un sector que es supuestamente portador del cambio en el país, pero lo único que hace es contaminar ríos, destruir el medio ambiente con el uso del mercurio (con el que jugaba de niño un “inocente” e ignorante ministro), enriquecerse desmedidamente y explotar a sus trabajadores.

O cuando se proclama a los cuatro vientos que Bolivia es libre, independiente, digna y antiimperialista, pero se la somete a los dictados de un club de sinvergüenzas dictadores, que vulneran los derechos humanos de sus pobladores, se enriquecen asquerosamente y se eternizan en el poder a nombre del pueblo al que dicen servir.

O cuando un gobernador hace un suculento negociado con la adquisición de 41 ambulancias que nunca llegaron al departamento que las necesitaba.

Podríamos seguir con otros ejemplos, pero … ¡se acabaría el espacio de 10 columnas!

En vez de ello, fijemos la vista en otro tipo de personas que son auténticos políticos, que entienden la política como un instrumento al servicio del bien común, del pueblo y del país.

Pienso, por ejemplo, en Miguel Urioste, que promovió en 1992, durante la presidencia de Jaime Paz Zamora, la intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria porque el ministro de educación de entonces se apropió de 100.000 hectáreas en Pailón. Después de ello, Urioste abanderó la consideración y sanción de la denominada “Ley INRA”, promulgada en 1996.

En Luis Fernández, que como diputado defendió férreamente la democracia y después, como ministro de Trabajo, suprimió los pagos mensuales a corruptos que fungían como dirigentes sindicales, lo que explica, en buena parte, la bronca con que la COB y otras organizaciones sindicales sitiaron al gobierno de Carlos Mesa.

En Eduardo Bracamonte, que renunció a su cargo de viceministro en el Gobierno de la megacoalición porque no pudo tolerar un negociado en el cual se pretendía involucrarlo.

En Ana María Romero de Campero, que organizó y dirigió la Defensoría del Pueblo con estricto apego a la normativa vigente y a normas morales que la llevaron a ser, hasta hoy, reconocida por su labor al frente de esa institución.

Pienso, por último, en Alfonso Ferrufino, fallecido hace un par de días, que hizo de su participación en la política un instrumento para la construcción de una nueva sociedad y contribuyó decisivamente al establecimiento de la democracia que aún, y pese al MAS, subsiste en Bolivia.

Ejemplos de vinculación entre ética y política existen, pero no se los conoce, y es nuestro deber difundirlos para que la política deje ser reducto de incapaces y sinvergüenzas.



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