La
creciente conflictividad entre distintos sectores y los permanentes
enfrentamientos en la sede de gobierno entre distintos movimientos sociales y
entre estos y la Policía Nacional reflejan una tensión en aumento que cuestiona
la autoridad y la legitimidad del estado y sus instituciones como los garantes
de la paz social. El próximo paro indefinido anunciado por el Departamento de
Santa Cruz ante la postergación de la realización del Censo hasta el 2024,
expone la falta de puentes y de voluntad de dialogo por parte de las
autoridades nacionales, lo que continúa socavando las bases de la integración
nacional.
Lo más grave, en mi opinión, es la falta de convicción sobre la necesidad del dialogo, cuya responsabilidad principal debe recaer siempre entre quienes gobiernan, entendiendo como uno de sus principales mandatos constitucionales el de preservar el orden y la paz social y la construcción de un sentimiento de unidad nacional que integre a la nación boliviana, alrededor bases fundamentales de convivencia entre distintas posiciones, ideologías y visiones de país, naturales en una sociedad democrática de personas libres cuya dignidad debe ser respetada y en un país con tanta diversidad de culturas.
Esta falsa de convicción sobre la necesidad de dialogo, además es sustituida por una visión hegemonista que procura imponer la visión y la cultura de una parte de la nación, sobre el conjunto, yendo a contra ruta de la historia, en un siglo XXI cuyo gran desafío, en nuestro país y a nivel global, es conciliar las distintas reivindicaciones identitarias para que puedan convivir armónicamente alrededor del respeto colectivo al orden que brinda el estado de derecho y la libertad que la democracia procura con el respeto común a las diferentes formas de pensar que coexisten en una sociedad.
Al final del día, la represión selectiva, por la que se utiliza la fuerza pública contra algunos sectores, percibidos como expositores, y se practica el dejar hacer, dejar pasar, contra otros, afines al oficialismo, lo único que logra es continuar profundizando la pérdida de confianza ciudadana en las autoridades y entidades estatales, las cuales son percibidas como defensoras del interés exclusivo del partido gobernante y no como servidores públicos que deben velar por el interés del conjunto.
El cálculo político que prioriza el conflicto como una forma de consolidar las bases duras de un gobierno, mediante la construcción permanente de enemigos internos a los cuales combatir para sofocar algún relato conspirativo, puede ser que brinde a sus estrategas resultados políticos en el corto plazo, pero en el mediano y el largo plazo continúa profundizando la grieta en la nación boliviana, para utilizar un término tan expresivo que usan en la Argentina para definir la polarización social.
El problema de las grietas, es que pueden servir para quienes gobiernan apostando al conflicto permanente mediante la lógica del relato amigo-enemigo pero van profundizando las diferencias internas provocando divisiones y resentimientos en la sociedad que causan mucho daño a las bases para el progreso económico y social de una nación, provocando emigraciones internas y externas, que desarraigan las familias, vacían de población a amplios espacios del territorio nacional, en zonas que por el conflicto permanente son vistas como inviables, y concentran a la gente en áreas a las que se percibe como abiertas a una cultura de mayor libertad y respeto a los derechos ciudadanos.
Es frustrante que, a menos de tres años de la celebración del Bicentenario de la República, se continúe apostando a la confrontación como estrategia política de consolidación en el poder, en lugar de estar construyendo una agenda compartida de modernización nacional que nos lleve por los caminos de la consolidación democrática y una economía abierta que genere oportunidades de prosperidad para todos.
Por ello, reconstruir los puentes entre bolivianos debe partir por aceptar y respetar de que, siendo parte de una sola nación boliviana, somos diferentes en nuestras formas de pensar, culturas y visiones de país, entendiendo a nuestra pluralidad y diversidad como nuestra principal riqueza y fortaleza. Lo contrario es la división que provoca la imposición y el abuso de poder.
Oscar Ortiz Antelo ha sido senador y ministro de Estado.