La democracia económica perdida

Cómo se decide el modelo de desarrollo económico que debe adoptar Bolivia; en qué, cuánto y cómo se invierten los recursos es algo sobre lo que no hemos sostenido un debate apropiado ni suficiente. En la última campaña electoral, el modelo económico a seguir ha tenido a lo sumo un tratamiento tangencial y no ha sido un elemento central en la decisión del voto ciudadano.

En consecuencia, el presidente Luis Arce ha decidido, por sí y ante sí, impulsar hoy el modelo de “industrialización mediante la sustitución de importaciones”, formulado por la CEPAL en 1949, el mismo que, aplicado en varios países sudamericanos, fracasó y fue abandonado y, por tanto, significa una involución institucional de más de 70 años.

Peor aún, mientras que en los países vecinos que lo adoptaron las inversiones industriales se realizaron principalmente con capitales privados, Arce se ha propuesto realizarlas con dineros del Estado, nuestro dinero, invirtiendo en empresas públicas que, al igual que las ya instaladas por este régimen, son todas irrentables y antieconómicas.

Además, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 presentado por el MAS echa por tierra el proceso de descentralización democrática que se alcanzó con la Participación Popular (1994), la mayor innovación al sistema de inversión pública realizada en Bolivia, que permitía  destinar automáticamente 20% de los ingresos nacionales a los 315 municipios existentes, logrando la mayor redistribución de ingresos públicos que favorecía a los indígenas y los más pobres.

Yo mismo siendo alcalde de La Paz, por cuarta vez en 1996, abracé entusiastamente esa flamante “democracia económica” ya que significaba la democratización del sistema de asignación de recursos para la inversión y el gasto corriente municipal (limitando este último a no más del 30%).

En un lapso de 30 años, tuve el privilegio de servir dos veces como ministro de Planificación y Coordinación Gubernamental encargado de elaborar la estrategia de desarrollo y el correspondiente presupuesto de inversiones.

Así, fui testigo del avance institucional logrado hasta entonces y posteriormente, empezando por la jerarquización de esa cartera en los años 70, cuando el expresidente Hugo Banzer encargó esa tarea a calificados profesionales como el Gral. (r) Juan Lechín Suárez o Roberto Capriles, quienes a su vez reclutaron a los mejores técnicos, sin compromiso político alguno, como a Enrique García, que años después alcanzó los niveles de la mayor jerarquía en el ámbito financiero continental.

Yo asumí ese ministerio en 1978, a cargo de la jefatura del gabinete económico, que entonces también reunía a los ministros del área productiva. Incluso en esos años de baja institucionalidad en el país, la inversión pública se asignaba siguiendo un riguroso criterio de evaluación técnica económica y social.

Luego, el año 2000, ya en democracia, tuve el privilegio de asumir por segunda vez el mismo ministerio (con otro nombre). Esta vez, con una misión institucional más moderna introduciendo el criterio de sostenibilidad del desarrollo e incorporando los temas de descentralización participativa, medio ambiente y desarrollo indígena.

Siendo el primer exalcalde del país en asumir ese cargo, me tocó la tarea de organizar el segundo Diálogo Nacional para definir el uso de los fondos destinados para el servicio de la deuda externa y “perdonados” bajo el programa HIPC otorgado a los Países Pobres Altamente Endeudados, al que calificó Bolivia. Este evento incorporó un nivel más amplio y profundo de participación ciudadana y democracia económica, adoptando precisamente el concepto y diseño de la Participación Popular.

Como resultado, se promulgó la “Ley del Diálogo Nacional 2000”, elaborada democráticamente desde la base social, reflejando las preferencias de los ciudadanos, que asignaron los 1.500 millones de dólares de la condonación de la deuda, prioritariamente al desarrollo de las comunidades indígenas.

El actual Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del MAS ha echado por tierra más de 30 años de experiencia y difícil desarrollo institucional para perfeccionar el método más eficiente, equitativo y democrático alcanzado para asignar los recursos de la inversión pública.

Y ha devuelto a Bolivia al capricho del caudillo.

*Fue alcalde de La Paz y ministro de Estado