La abrogación no es suficiente

Eso del bien común resultó ser una declaración sin principios, un simple envoltorio. Aquellos que lo enarbolaron como signo de renovación y esperanza se encargaron de mostrar, con la aprobación, rechazo extemporáneo y promulgación de la nefasta ordenanza 046, que el único bien que les interesa es el de sus egos y sus bolsillos.

El municipio de La Paz no merece estar a merced de intereses de lucro desmedido con edificios sin controles municipales, a costa del bienestar de toda una comunidad, ni de quienes, desde la administración local, buscan llenar sus arcas personales e incrementar su patrimonio, arriesgando el destino de la sede de gobierno.

La promulgación de la ominosa norma ha colmado la paciencia de la gente que ha venido cuestionando la ineficiencia de la actual gestión municipal, la falta de transparencia, la ausencia de un horizonte colectivo. Y cuando se consumó la aprobación, el 9 septiembre, y la promulgación, el 7 de diciembre, estalló el pedido ciudadano para que estos personajes se vayan.

En las calles y en las redes sociales la exigencia común es que renuncien los concejales Óscar Sogliano, Lucía Mamani y Lucio Quispe de la agrupación política Por el Bien Común; Lourdes Chambilla de Somos Pueblo; Pierre Chain y Javier Escalier del MAS. Pero, también piden la dimisión del locuaz alcalde Iván Arias.

Y es que su puesta en escena para mostrar que rechaza la ordenanza y es víctima de una traición no ha sido convincente por elementos que no necesitan de teatros mediáticos como aquel que apunta a que la ordenanza 046 fue concebida y elaborada en el Ejecutivo municipal con el apuro del pago de la factura electoral.

O que Arias anunciara un simposio que nunca lo realizó porque sabía que el negocio contra La Paz quedaría al descubierto. Prometió denuncias penales contra los concejales que aprobaron y promulgaron la norma que ahora todos piden abrogarla, pero horas después les pidió corregir sus errores porque, textual, es de sabios hacerlo.

Por supuesto que deben irse Sogliano y Chain por urdir el atentado al municipio de La Paz y convertirse en “agentes inmobiliarios”, como los calificó el excandidato César Dockweiler, autorizando la construcción de rascacielos sin restricciones en 10 zonas de La Paz, en las que la constructora Las Loritas eleva edificios ilegales, esperando el mecanismo para regularizarlos.

También deben irse Chambilla, la comadre del propietario de la cuestionada constructora, y Mamani que apareció como proyectista de la ordenanza, pero confesó que le fue entregada por el alcalde Arias, quien no hizo ningún acto de histrionismo para negarlo.

¿Y Quispe y Escalier? También deberían renunciar porque son de esos en los que no se puede confiar. El primero aprueba, reconsidera, critica, pero da quórum en la promulgación. El segundo firma la vigencia de la 046 y al día siguiente presenta un proyecto de ordenanza de abrogación. El calificativo de Leo Messi que se hizo viral tras eliminar a Países Bajos del Mundial les viene como anillo al dedo a este par de concejales.

Después de muchísimo tiempo, tras un poco más de dos décadas, seis concejales de La Paz, entre oficialistas y opositores, han sido declarados personas no gratas por instituciones, organizaciones y parlamentarios paceños porque entienden que son parte de una estructura corrupta que privilegia intereses particulares en contra de la vida en la ciudad.

¿Qué ocurre con los otros 5 concejales? Tres de ellos, Jorge Dulón, Roxana Pérez del Castillo y Eliana Paco, han optado por el silencio, creyendo que el no hacer olas los sacará del foco ciudadano. Sin embargo, su silencio y sus intervenciones intrascendentes en el Concejo Municipal sobre el tema, han permitido que sus colegas pro destrucción del municipio avancen con comodidad.

Quedan Yelka Maric, actual presidenta del Concejo Municipal, quien ha denunciado contubernios en la aprobación y promulgación de la ordenanza 046, y acusó a Sogliano, secretario del Concejo, de ser el causante de la demora  en el rechazo del Ejecutivo municipal. Maric ha conseguido el apoyo de la institucionalidad paceña y su rol es clave de cara a la abrogación.

También queda Joselinne Pinto, la joven concejala masista que no parece ser parte de la organización ilegal alrededor de la polémica norma y que más bien presentó proyectos de ordenanzas para abrogar la 046 y actualizar el mapa de riesgos de La Paz. Lo que extraña de este grupo de concejales es que no hayan realizado inspecciones para constatar las construcciones que se beneficiarían con la norma.

La presión está dirigida a conseguir la anulación de la ordenanza 046/2022 de “Ajuste normativo de Actualización por Crecimiento y Densificación para la Administración Municipal”, pero no es suficiente. Aquí existen autoridades electas que han cometido acciones que huelen a corrupción y de la más pestilente.

No basta con corregir errores con eso de que es de sabios hacerlo. Parece una invitación a que todo quede en la impunidad. Si el Alcalde sigue ofendido porque los concejales prefieren el dinero y no el bien común, si la Presidenta del Concejo se mantiene en que hay contubernios, si los parlamentarios están convencidos de que hay una organización mafiosa, tienen la obligación de presentar denuncias penales.

Saben que hoy es la ordenanza 046 y que mañana puede ser cualquier otra norma municipal que surja del grupo que llegó ahí para beneficiarse a expensas del municipio. La Paz no merece estar a merced de corruptos, ni privados ni públicos.

Edwin Cacho Herrera es periodista