¿Justicia? No, es venganza

—¿Alguien hizo justicia en mi caso y en el de otras personas? Por el contrario, hasta mi trabajo perdí—me dijo una persona que fue víctima de la violencia promovida por la élite del Movimiento al Socialismo (MAS) en noviembre de 2019.

Horas después me enteré que fiscales y policías habían detenido (aprehendido) a la expresidenta Jeanine Añez que asumió el mando de Bolivia el 12 de noviembre de 2019 porque todos los funcionarios masistas que podían y debían reemplazar al renunciante presidente de entonces, Evo Morales, también habían dimitido y dejado el Estado sin gobierno.  Alguien tenía que asumir para evitar el caos. Lo hizo Añez porque le correspondía en línea de sucesión constitucional.

Este viernes 12 de marzo, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra ministros del gabinete de Jeanine Añez para encarcelarlos “de canto” (diría la exdiputada Lidia Patty).  Paralelamente, los “guerreros digitales azules” desplegaron una campaña con la siguiente etiqueta: “#Justicianoesvenganza”.

 ¿Parece justicia y no venganza? Te invito a hacer algo así como una ucronía para determinar si es justicia o venganza.

Si Evo hubiese respetado la Constitución que establece una sola reelección y dejado la presidencia en 2014, ¿hubiese habido el referendo de 2016? No. Tampoco hubiera sido derrotado y hubiera dejado la Presidencia ese año con una popularidad del 90 por ciento.

Si la élite masista hubiese respetado la Constitución que establece una sola reelección y Morales no se presentaba como candidato, ¿hubiese ganado la oposición las elecciones de 2014? No. Hubiese ganado otro candidato masista y el partido hubiese seguido en el poder.

Si Morales hubiese cumplido la Constitución, ¿hubiese sido echado del poder por el pueblo como sucedió en noviembre de 2019? No. Estando fuera del poder porque hubiera aceptado irse en el segundo mandato, hubiese vuelto a ser candidato en las elecciones de 2019 y lo más probable es que hubiera vuelto a ganar, y, en este momento, sería otra vez el Presidente de Bolivia.

Si toda la élite azul en línea de sucesión constitucional no hubiese renunciado en noviembre de 2019 para dejar el país sumida en el desgobierno, ¿hubiera llegado Jeanine Añez a la presidencia? No. La mandataria interina del Estado Plurinacional hubiese sido la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y hubiese convocado a las elecciones nacionales de 2020.

Si el MAS se hubiese quedado en el poder después de la renuncia de Morales, en vez de facilitar que Añez gobernara, ¿crees que hubiese ganado las elecciones de 2020? Yo digo que No. Hubiese ganado la oposición por razones que van desde la crisis sanitaria a causa de la pandemia que sorprendió al país hasta la aceleración de la crisis económica.  

Si el expresidente Morales se hubiese ido en silencio asumiendo sus errores y no hubiese convocado a cercar ciudades ni ordenado acciones terroristas contra los bolivianos, ¿hubiesen sucedido los hechos de Senkata y Sacaba? No.

Y si no hubiesen sucedido los luctuosos y condenables hechos de Senkata y Sacaba, ¿hubiese podido el MAS sostener el cuento de “golpe de Estado”? No. 

Entonces, ¿pueden ser consideradas como actos de justicia las últimas acciones del gobierno contra miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía e integrantes del gobierno transitorio de Añez?

Si queremos que haya justicia por la crisis de octubre y noviembre de 2019, comencemos por encontrar la causa y a los causantes de la lamentable división entre bolivianos.

Si queremos justicia, el gobierno debería anular la amnistía que aprobó para encubrir a los causantes del terror contra los bolivianos en noviembre de 2019.

Si queremos justicia, se deben investigar los hechos de Sacaba y Senkata y dejar a la justicia que sancione a los culpables. Para ello, no necesita inventarse un hecho que jamás pasó: el golpe.

Si queremos justicia, la Fiscalía debe sancionar a los responsables de la quema de los buses Pumakatari y de la quema de las casas de gente inocente como Casimira Lema y Waldo Albarracín.

Si queremos justicia, el gobierno central debe responder a la pregunta que está en el primer párrafo de esta columna: —¿Alguien hizo justicia en mi caso y en el de otras personas?

Mientras no responda a esa interrogante, las últimas acciones del gobierno de Luis Arce y el Ministerio público son percibidas como venganza promovida por el causante de todo el dolor y luto que vivimos los bolivianos en 2019.

Temo que cuando la élite masista deje el poder, las personas que hoy son cazadas perseguirán, tal vez, a sus verdugos con saña multiplicada. Entonces, nos empujarán a los bolivianos a un círculo vicioso que quizá nunca se rompa. 

Andrés Gómez Vela es periodista.