Impedir la reforma judicial a como dé lugar

El 28 de julio de 2022 se puso en marcha la iniciativa ciudadana del colectivo “Juristas Independientes” para hacer posible la reforma de la administración de Justicia, vía reforma judicial. Desde ese mismo momento, el Estado y ciertos sectores de la propia sociedad civil comenzaron una serie de acciones para hacerla fracasar.

Primero fue el Tribunal Supremo Electoral, que tiene en su haber una larga lista de obstáculos que puso para impedir la cristalización de la iniciativa: Injustificada demora en la aprobación de la iniciativa y las preguntas propuestas para el referéndum popular respectivo, plazo de 90 días que incluía el tiempo para la impresión de los libros de adhesión, requisito de notarización de libros de adhesión, rechazo de la solicitud de aplicación del sistema biométrico, imposición de transcripción de partidas, plazo de 90 días impuesto reglamentariamente y declaraciones de su presidente que perjudicaron el proceso de recolección de adhesiones.

Estás declaraciones fueron coincidentes con las del ministro de ¿Justicia?, de quien cualquier podría pensar que es pitoniso, si no fuera porque sus afirmaciones se convierten rápidamente en realidad, por obra y gracia de jueces sometidos al poder político. Basta recordar, al efecto, la sentencia de 12 de años de presidio impuesta a la ex presidenta constitucional transitoria, Jeanine Añez, presagiada por el indicado ministro y convertida en realidad por sus amanuenses que ejercen jurisdicción.

No fue solo eso, sino que, hace pocos días, una Sala Constitucional de La Paz, llamada a velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado,  denegó un amparo constitucional interpuesto por Juristas Independientes determinando con ello que un reglamento (en este caso del TSE) está por encima de la Constitución. ¡Vaya manera de velar por la supremacía de la CPE!

Las instrucciones y advertencias formuladas a servidores públicos, para que ellos ni sus familiares firmen los libros de adhesión, fue otra fórmula utilizada por el gobierno para impedir la cristalización de la iniciativa.

Desde el Estado y a través de medios de comunicación gubernamentales y paragubernamentales, se lanzó también una campaña de deslegitimación de la propuesta. Emergieron afirmaciones ridículas como la que de que no se trataba de juristas independientes sino de políticos que querían aprovechar las circunstancias para fines personales o de grupo. O aquella otra que señalaba que era un intento de “salvar” a Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz secuestrado a finales del año pasado en la capital de dicho departamento, del destino que, según los inventores de la fantasía del “golpe” en 2019, se merece. Y dislates semejantes.

No faltaron figurones que, rehuyendo la presentación de su pretendido proyecto de reforma judicial cuando se debatía en la sociedad civil, aprovecharon otro diario (en este caso independiente) para lanzar diatribas en contra de la propuesta de “Juristas Independientes”, mostrando supina ignorancia sobre temas que supuestamente debían conocer medianamente. Son los que hicieron una “encuesta” relativa al tema, que fue respondida por nueve personas y pretendieron mostrarla como representativa del sentir de la población boliviana.

En la parte final de la tarea de desprestigio, apareció un profesional en Ciencia  Política que, muy suelto de cuerpo, afirmó que lo que se necesita no es una reforma judicial, sino una revolución. Los fundamentos de tan interesante propuesta son insulto al sentido común y a la razón y, entre otros, se encuentra aquel que señala que no puede haber una reforma judicial si Bolivia tiene todavía un Código Penal y un Código Civil puestos en vigencia durante un gobierno de facto.

Este señor cree que gobierno de facto y dictadura son lo mismo, e ignora que el primer gobierno de Banzer fue una de las más crueles dictaduras que vivió Bolivia. Pero también ignora que esos Códigos fueron elevados a rango de ley por el Congreso de la República y que el MAS modificó a su conveniencia diversos tipos penales como el de terrorismo, que aplica ahora a disidentes y opositores a su regalado antojo.

En fin, la decisión de impedir la reforma judicial a como dé lugar, fue tomada por el gobierno del MAS desde el mismo momento en que surgió, porque simple y llanamente no le interesa perder el aparato represivo en que ha convertido al Órgano Judicial. Los jueces y magistrados son, pues, su principal instrumento en el intento de copar todo el poder y eternizarse en él.

Frente a ello, los ciudadanos conscientes y libres de expresar su opinión y ejercer sus derechos, expresaron su satisfacción por la iniciativa, lo que demuestra que, pese a todo, se puede ejercer la resistencia ante cualquier gobierno opresor. 

Carlos Derpic