Hablemos de marchas

El 21 de agosto de 1986 dio inicio la “Marcha por la vida” convocada por la entonces poderosa y genuina Central Obrera boliviana (COB), para impedir la continuidad de la política económica neoliberal del gobierno del MNR presidido por Víctor Paz Estenssoro, en aquella ocasión bajo la figura de la denominada “Modificación a la estructura de la Corporación Minera de Bolivia”, plasmada en el DS 21377.

El 28 del mismo mes y año, la marcha fue impedida de continuar su camino hacia La Paz, mediante la imposición de un estado de sitio y el despliegue de fuerzas militares y policiales en la localidad de Calamarca, ubicada a pocos kilómetros de la sede de Gobierno. Potosí estaba en paro cívico indefinido desde el 19 de agosto de aquel año, en rechazo a la decisión gubernamental que, en el fondo, significaba el cierre de Comibol y varios de sus dirigentes cívicos y vecinales fueron detenidos y confinados a localidades de Beni y Pando.

Simón Reyes y Filemón Escobar fueron los encargados de anunciar a los marchistas la decisión de suspender la marcha, tomada en consulta con los secretarios generales de todos los sindicatos que se encontraban presentes en la misma, lo que motivó una reacción de enojo de las bases, que querían continuar la marcha pese a todo.

El MNR había comenzado la aplicación de su modelo económico el 29 de agosto de 1985, con el decreto supremo 21060, que estableció, entre otras medidas, la libre flotación cambiaria, libre fijación de precios en el mercado, libre importación y exportación de bienes y servicios, libre contratación y libre negociación salarial entre partes. Para hacer efectivo el despido de trabajadores mineros de Comibol, el mismo decreto estableció una medida denominada eufemísticamente “beneficio de relocalización”, consistente en el pago de beneficios “extralegales” a todos quienes se retirasen voluntariamente, que fue ampliado mediante el decreto supremo 21137, de 30 de noviembre de 1985.

Para agosto de 1986, la dirigencia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), había obtenido información confiable de que se encontraba en Bolivia el asesor norteamericano Jeffry Sachs, inspirador del 21060, y que el Gobierno boliviano había recibido 70 millones de dólares para aplicar una nueva modalidad de “relocalización” y pagos extralegales que no sólo echaría a la calle a 23.000 mineros de la empresa minera estatal, como finalmente ocurrió, sino que acabaría con el poder político de la FSTMB, que ya se había visto disminuido con la eliminación de la pulpería barata dispuesta por el ya mencionado 21060.

La “Marcha por la vida” fue un intento de mantener con vida el modelo capitalista de Estado que regía desde la revolución de 1952 e impedir la consolidación del modelo neoliberal puesto en práctica hacía un año atrás. Era una marcha que tenía que ver con un proyecto político y con una visión de la manera en que debía organizarse la sociedad y el Estado.

Ninguno de los marchistas recibió pago alguno por participar. Durante la marcha  se fueron plegando maestros, ferroviarios, fabriles, universitarios, amas de casa, campesinos e indígenas. En varias comunidades ubicadas en el camino de Oruro a La Paz, los marchistas eran recibidos por los comunarios con comida. La Iglesia católica, encabezada por ese gran arzobispo que fue Jorge Manrique, estuvo presente auxiliando a los marchistas con medicinas, alimentos y vituallas. Los dirigentes que encabezaban la marcha iban junto a las bases caminando, no en vehículos lujosos, y soportaban, como todos, las inclemencias del tiempo; dormían en el camino. Lo mismo sucedió con dirigentes políticos que se sumaron a la cruzada. Marchaba de Oruro a La Paz el Bloque Social Revolucionario del que habló el MIR de los años 70.

Cuánta diferencia con el remedo de marcha que hemos vivido estos días a cargo de una facción del MAS, organizado por un enfermo de poder y sus adláteres, que no marchó, sino que acompañó el desplazamiento desde una lujosa vagoneta, en la que se resguardaba de la lluvia, mientras la bases tenían que soportarla.

Lo que vimos esta semana no tiene nada que ver con aquella epopeya de 1986, que la periodista Lupe Cajías llamó “Una experiencia bíblica”. Estos días no vimos ninguna marcha para salvar Bolivia, sino una movilización pagada para salvar la candidatura de alguien que no se siente satisfecho con 14 años de abuso de poder, sino que quiere cada vez más y más.

Entretanto, los indígenas de la Chiquitania, que partió el jueves desde Pailón, llegó el lunes a la plaza 24 de Septiembre en Santa Cruz, exigiendo respeto a su territorio afectado por los incendios forestales, y protestando contra las decisiones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que anula resoluciones de asentamientos para otorgar tierras a personas ajenas a las comunidades. Otra marcha genuina de cuyo desarrollo, lamentablemente, no se informó debidamente a la ciudadanía.

Carlos Derpic es abogado.