Goni, va de nuevo

El mes pasado, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada cumplió 90 años. Al parecer, la vida le alcanzará para recibir por escrito el veredicto final de la justicia. Su paso por el gobierno de Bolivia no quedará en el olvido. En breve, cumplirá 17 años de exilio y sus víctimas en El Alto o el altiplano paceño aún acarician la posibilidad de que las 67 vidas extinguidas entre septiembre y octubre de 2003, sean recordadas con rigor, dolor y valor.

Este 3 de agosto, una corte de apelaciones en los Estados Unidos ha anulado la sentencia de James Cohn, juez del distrito sur de La Florida, en la que se liberaba de responsabilidades a Goni y a Carlos Sánchez Berzaín por la masacre sucedida en la llamada Guerra del Gas. Eso significa que la justicia norteamericana ha regresado el expediente a su estadio previo: la sentencia unánime del jurado, conformado por 10 ciudadanos, que el 3 de abril de 2018 declaró a ambos acusados como responsables de ejecuciones extrajudiciales, por las cuales estaban obligados a resarcir con 10 millones de dólares a las víctimas de la matanza. Los defensores de los derechos humanos festejaron esta decisión con flores y mixtura. Lo que la justicia boliviana no pudo en década y media, se hacía tangible en Fort Lauderdale. Aquellas fotos de los dos acusados, obligados a atravesar tres semanas de audiencias orales, obran por sí solas como una terapia necesaria, a la que siempre deberían someterse las almas lastimadas por tanta bala y entierro. Los asesinados recibían una mínima restitución, un puñado de dignidad indispensable.

¿Qué sigue ahora? Según el abogado Thomas Becker, uno de los principales artífices de esta proeza, la corte de apelaciones no solo ha anulado la sentencia de Cohn, sino que le ha subrayado sus errores. Éste deberá corregir su fallo, usando para ello las observaciones remitidas, todas ellas contundentes. Algo más. La corte de apelaciones ha dado pie a que se realice un nuevo juicio contra Goni y su exministro, referido exclusivamente a la segunda parte de la acusación: los homicidios involuntarios, causados por negligencia uniformada. Así que va de nuevo.

El segundo aporte de la corte de apelaciones es el documento de 63 páginas que acompaña su sentencia. Otro bálsamo curativo. El juicio de Fort Lauderdale (2018) había sido cubierto en exclusiva por Erick Foronda, el hasta hace poco secretario privado de la presidenta Jeanine Añez, convertido hoy en súbito diplomático dentro de la misión de Bolivia ante la OEA. Foronda nos hizo creer que estaba allí por interés filantrópico, movido por puro amor a la verdad. Sus tres semanas en los pasillos judiciales de La Florida sirvieron para montar una cobertura cínicamente favorable a Goni y su escudero. Todos sus reportes apuntaban a justificar la masacre de 2003, a amplificar la voz de los abogados de la defensa, a insinuar que hubo enfrentamientos, balas perdidas, o que, a lo sumo, los imberbes soldados no sabían accionar sus fusiles.

El documento de la corte de apelaciones nos revela el magnífico trabajo de Becker y su equipo de Harvard y echa por la borda la cobertura del reportero Foronda. Una ejecución extrajudicial es la que tuvo lugar en Warisata, cuando la niña Marlene Nancy Rojas Ramos, que hoy cumpliría 25 años, cerró sus ojos definitivamente cuando jugaba en el patio de su casa. Su madre, Etelvina, intentó en vano limpiar la sangre que le salía del pecho. Afuera, los soldados, comandados a la distancia por el Presidente y el ministro de Defensa, disparaban a mansalva a todo lo que se moviera. El juez Cohn dijo que este hecho lamentable no probaba que hubiera habido un plan preconcebido para matar a Marlene. No quiso entender. Es cierto, los operadores de la masacre no conocían a la niña de ocho años, tampoco la incluyeron en una larga lista de subversivos, su intención no era acabar con su vida. Lo que querían era que en Warisata no se moviera ni una mosca para que los turistas atrapados en Sorata pudieran llegar al aeropuerto.

La corte de apelaciones le jaló las orejas al juez y le recordó en qué consiste la responsabilidad de comando. Los Sánchez sabían que peinando de balas Warisata, podía aplacarse la furia desarmada de la gente. La definición legal de ejecución extrajudicial abarca los disparos indiscriminados a todo lo que se mueva, porque entiende que hay premeditación en los gatilleros. Así que sí, los Sánchez son no solo responsables, sino culpables de tanto dolor y Foronda, un triste perpetrador de teclado.

Rafael Archondo es periodista.