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14/05/2024
De frente

Fundamentos compartidos

Oscar Ortiz
Oscar Ortiz

“La democracia se basa en la existencia de un conjunto de conceptos compartidos. Pocos y elementales, el pueblo como fuente de soberanía, la alternancia en el poder, el respeto a las minorías, la subordinación de ciudadanos e instituciones a un orden jurídico. También los consensos de Estado, un exiguo puñado de asuntos de interés general blindados al vaivén de los partidos… Se trata, en definitiva, de que la sociedad sepa convivir mediante la aceptación de unas reglas y el entendimiento común de unas bases mínimas que sirvan de vínculo”.

Estas frases corresponden a un reciente artículo de Ignacio Camacho, publicado en el periódico español ABC, en el que analiza la crispación política que vive ese país. Al leerlo no pude dejar de pensar en Bolivia y preguntarme cómo nosotros podríamos responder al cuestionamiento sobre cuales son aquellas bases mínimas de consenso que nos debieran unir como nación, sustentar nuestra democracia y sostener la convivencia pacífica entre ciudadanos, sectores y regiones.

La respuesta es que la nación boliviana aun no logra forjar ese entendimiento común sobre los fundamentos de un proyecto nacional compartido en el que todos respetemos las reglas de la democracia y del estado de derecho como la base fundamental de la convivencia pacífica entre las distintas culturas y pueblos que conforman Bolivia, y sus correspondientes expresiones ideológicas.

Paralelamente, y quizás también, consecuentemente, no hemos conseguido todavía construir una institucionalidad estatal que se constituya en el espacio en el que estas diferencias convivan, se complementen y resuelvan sus conflictos de forma pacífica. Peor aún, a lo largo de la historia nacional desde distintos gobiernos se ha profundizado esta disociación nacional como mecanismo de consolidación coyuntural en el poder.

Paradójicamente, mientras la República de Bolivia fue creada desde las regiones, el resultado fue un estado centralista que se ha constituido en un obstáculo permanente para el progreso del país, limitando el progreso nacional por las barreras que se impone al desarrollo departamental, como si el crecimiento de las regiones que conforman el país no significara necesariamente la prosperidad de la nación en su conjunto.

Como el mismo artículo citado lo demuestra, los problemas de la polarización y el conflicto social no son exclusivos de nuestra realidad boliviana ni de los países subdesarrollados. Sin embargo, las democracias avanzadas encuentran en la institucionalidad que han venido construyendo un amortiguador eficaz para estos conflictos y la división social que aqueja a la sociedad moderna, permitiéndoles superar por las vías democráticas las tensiones que ponen a prueba la convivencia ciudadana.

En situaciones como la que estamos viviendo en el país, en la cual los conflictos se generalizan, tanto en la sociedad como en el estado, y en el que los ciudadanos no encuentran referentes en los que sustentar sus anhelos de un mejor futuro, es imprescindible discutir cómo lograr ese entendimiento común sobre el cual sustentar la construcción de un destino común; cómo concertar un modelo de estado autonómico en el cual se fundamente la unidad de la nación, cómo establecer aquellas políticas de estado que permitan tener certidumbre y reglas claras para que los ciudadanos de Bolivia y de otras naciones, puedan confiar e invertir en nuestro país para superar nuestra pobreza y subdesarrollo.

En estos momentos, en los que todos vemos que nos dirigimos hacía una crisis económica y social que tendrá profundas consecuencias sobre las condiciones de vida de la población, seria trascendental el que los liderazgos nacionales pudieran tener la capacidad, y la responsabilidad, de debatir cuales son los principales desafíos que debemos afrontar y aprender las lecciones de las naciones desarrolladas, cuya experiencia nos enseña que no existe alternativa a la combinación de la democracia liberal y representativa con una economía de mercado que garantice la propiedad y la iniciativa privada, en un marco de competencia real, para el desarrollo sostenible de los países.

Lamentablemente, los cálculos electorales por los comicios que vienen en los próximos dos años seguirán postergando esta búsqueda de los fundamentos compartidos que deben sustentar nuestra vida en común como nación y como sociedad. 



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